Magnífico artículo aparecido en el País justo hace un año, pero de la máxima vigencia en la actualidad ante la imperiosa necesidad del Estado de aumentar los ingresos

En el corazón del fraude

El País    Opinión       19/07/2010

La estructura recaudatoria española es cínica y raquítica. Cínica, porque año tras año pone en el escaparate público, sin pudor alguno, las cuentas de una carga tributaria que solo pesa sobre los asalariados; raquítica porque se agota en el IVA (un impuesto sobre el consumo, sin relación con la equidad fiscal) y en el impuesto sobre la renta (IRPF). El impuesto de sociedades fue dinamitado por los Gobiernos del PP mediante cargas estratégicas de desgravaciones y deducciones; hoy es un gruyère inocuo. Lo que se desprende de las cuentas del IRPF declarado en 2009, analizadas por los técnicos de Hacienda es que los trabajadores y pensionistas declararon una media de 7.200 euros más que los profesionales y pequeños empresarios, y 7.600 euros de media más que los microempresarios (fontaneros, cuadrillas de albañilería). Y no es que las pymes sean el corazón del fraude, porque apenas significan el 8% del fraude total. El corazón está en las grandes fortunas, defendidas por firmas de asesoría que con frecuencia se nutren con ex gestores de Hacienda.

Coca-Cola tiene una relación tortuosa con el fisco en España. Hacienda ha levantado actas al gigante estadounidense por valor de unos 55 millones de euros por impago de impuestos entre 1997 y 2000. Además, los inspectores tienen bajo lupa sus declaraciones de los ejercicios entre 2005 y 2009.

Coca-Cola no fabrica sus bebidas en España. La marca vende a las embotelladoras el concentrado del producto, que, para el mercado español, se elabora en Irlanda. Refrescos Envasados, la compañía con los contenciosos pendientes con Hacienda, es una sociedad sin personal, con beneficios de 637.000 euros en 2009, pero de la que cuelgan Compañía de Servicios de Bebidas Refrescantes, Pemberton Productions y Coca-Cola Gestión. La batalla entre Coca-Cola y Hacienda por discrepar sobre el pago de impuestos data de antiguo y cada una de las actas atraviesa su particular proceso legal. Según la memoria de la filial española, en marzo de 2009 la Audiencia Nacional confirmó mediante resolución el acuerdo liquidatorio impugnado por la empresa con relación al impuesto de sociedades del año 2000. La deuda reclamada suma 5,9 millones, de los cuales 200.000 euros son aceptados por la firma y han sido provisionados, pero el resto queda pendiente del Supremo. Las reclamaciones de IVA siguen en los tribunales.