ATTAC Catalunya Justícia Econòmica Global
Veintiseis años después de la puesta en marcha de los primeros planes de ajuste estructural en los países del Sur que debían resolver la crisis de la deuda de 1982, los países de la Unión Europea (UE) afectados por la crisis financiera del 2007 adoptan medidas similares bajo la terminología de “políticas de austeridad”
Algunas de estas medidas están directamente incluidas en los acuerdos llamados “memorandos” suscritos entre el Estado endeudado y la Troïka compuesta por el Banco central europeo (BCE), la Comisión europea y el Fondo monetario internacional (FMI). Dichos memorandos contienen prescripciones precisas [1] que acentúan las desigualdades en el reparto de las rentas y aumentan el desempleo, incrementando por tanto la pobreza [2]. Lo que empezó como una crisis financiera se ha transformado, en el seno de la UE, en una crisis de endeudamiento de los Estados llamada “crisis de deudas soberanas” o “crisis de deudas públicas”, y luego en una crisis económica y social con un impacto negativo en los derechos fundamentales.
Esta situación se ve agravada por la acción de algunos acreedores llamados “fondos buitre”. Los fondos buitre son “entidades comerciales privadas que adquieren deudas impagadas o dedudoso cobro, bien mediante compra, cesión o cualquier otra forma de transacción y a veces por procedimientos judiciales, para realizar altos beneficios”. Estos fondos “adquieren generalmente en el mercado secundario la deuda soberana de paises pobres morosos a un precio muy inferior a su valor nominal para luego intentar, por vía judicial, por la incautación de activos o presiones políticas recuperar el monto íntegro más intereses, multas y las costas judiciales [3].
Teniendo en cuenta el impacto negativo de las crisis de las deudas soberanas que alimentan a los fondos buitre y las interdependencias económicas entre Estados, el marco de acción debería situarse a nivel internacional. No obstante, como vamos a desarrollar en este artículo, primero de una serie, esta vía está actualmente bloqueada.
- Un contexto internacional marcado por las crisis de las deudas soberanas, agravadas por los fondos buitre
Crisis de deudas soberanas de hoy y mañana
Según el FMI, en enero 2018, veinticuatro países llamados “en desarrollo” están en situación de suspensión de pagos o en grave riesgo de suspensión de pagos [4]. A esta cifra hay que añadir numerosos países del Norte, entre ellos Grecia, Irlanda y Portugal, según el análisis de la ONG Jubilee Debt Campaign [5]. En abril 2018, el FMI advierte que esta lista podría rápidamente alargarse, habida cuenta del nivel muy elevado de endeudamiento a escala internacional, que representa el 225% del PIB mundial. Esta ratio es la más elevada desde la crisis de 1982 en cuanto a los países del Sur y la más importante desde la segunda guerra mundial para los países del Norte. Esta deuda, cuyo montante se ha disparado durante los últimos diez años bajo el efecto de la crisis financiera internacional, es imputable en un 37% al sector público y un 63% al sector privado [6].
El elevado nivel de las deudas privadas puede tener incidencias mayores sobre las deudas soberanas. En efecto, si las empresas deudoras entran en suspensión de pagos, las empresas acreedoras se hallarán en una situación difícil, lo que hace temer una futura crisis financiera [7]. Pero si los gobiernos gestionan esta crisis de la misma manera que la anterior, los rescates del sector privado conllevarán automáticamente un aumento de las deudas soberanas.
Un contexto favorable para las actividades de los fondos buitre
Los fondos buitre están entre los acreedores de Estados y de empresas con dificultades. Su característica distintiva reside en su modus operandi. En una primera fase, se focalizan en Estados con dificultad financiera para recomprar a bajo precios las obligaciones de deuda de estos Estados, principalmente en el mercado secundario de deudas [8]. A continuación se niegan a participar en las reestructuraciones de las deudas, y esperan a que la situación financiera del país mejore (tras una reducción de la deuda, por ejemplo) para iniciar un procedimiento judicial contre este Estado para obtener el reembolso del valor total de la deuda, más los intereses, las multas por retrasos y a veces las costas judiciales. En septiembre 2016, un informe de la ONU dedicado a los fondos buitre indicaba que el índice de beneficios de los fondos buitre oscila entre el 300% y 2000%, sin contar las costas judiciales [9]. Una vez obtenido una sentencia judicial favorable, dictada por jurisdicciones que, en una aplastante mayoría de los casos, aplican el derecho de Nueva York y británico [10], los fondos buitre practican el “forum shopping” que consiste en multiplicar los procedimientos judiciales en varias jurisdicciones por el mundo para que se ejecuten las sentencias. Su objetivo es incautar o dejar planear una amenaza de incautación de los activos de un país que se encuentra fuera del territorio de los fondos buitre. A menudo, el Estado endeudado prefiere pagar para recuperar sus activos, pues en caso contrario los fondos buitre pueden liquidar el activo y obtener el reembolso con dicha venta.
- Impactos de la actividad de los fondos buitre y de las crisis de las deudas soberanas en los derechos fundamentales, las economías y la organización social y política de los Estados
Impactos de la actividad de los fondos buitre
Utilizando la terminología “fondos buitre”, el Consejo de derechos humanos de la ONU, en su resolución del 23 de septiembre 2014, condena sus actividades “debido a las incidencias negativas directas que el pago de las obligaciones de deuda de estos fondos, en condiciones abusivas, tiene sobre la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo” [11]. Los impactos negativos sobre el ejercicio de los derechos fundamentales están detallados en un informe del Comité asesor del Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas en 2016 [12].
El informe muestra también, con varios ejemplos, cómo los fondos buitre se aprovechan de los alivios de deudas otorgados a países en crisis y perturban gravemente las operaciones colectivas de reestructuración de las deudas soberanas, impidiendo así salidas de la crisis en detrimento tanto del país deudor como de los demás acreedores [13]. En efecto, los fondos buitre defienden su interés de enriquecimiento mientras los demás acreedores intentan limitar sus pérdidas. La estrategia de los fondos buitre se base en el hecho de que los demás acreedores tendrán un comportamiento más razonable para con lo que se podría llamar el “bien común”. La fuerza de esta estrategia reside en que está aislada, ya que, si los demás acreedores actuasen igual, el Estado, por naturaleza, no podría pagar.
Por último, este informe subraya el efecto de la actividad de los fondos buitre sobre el aumento del servicio de la deuda en detrimento de los derechos económicos y sociales de la población del país objetivo [14]. El caso de Argentina es emblemático. En el año 2016, el gobierno argentino se endeudó en los mercados financieros a una tasa de interés por encima de los 7% para pagar a los fondos buitre, empeorando así fuertemente la deuda del país y obligando a éste, casi dos años más tarde, a firmar un préstamo con el FMI, condicionado por la puesta en marcha de políticas de austeridad [15].
Los Estados miembros de la UE no están a salvo de los fondos buitre, como lo demuestra el ejemplo de Grecia que ha pagado a varios de estos fondos especulativos en el 2012.
Consecuencias del reembolso de las deudas insostenibles
El carácter insostenible de la deuda está ligado no solo a los resultados económicos de los Estados sino también a la capacidad de los Estados de asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Citando los trabajos de la CNUCED, el Experto independiente encargado de estudiar los efectos de la deuda exterior y otras obligaciones financieras internacionales relacionadas para los Estados en el pleno ejercicio de todos los derechos humanos (en adelante: ”Experto de la ONU en deuda”) subraya que “la sostenibilidad de la deuda no es una mera categoría financiera pues solo existe si el servicio de la deuda no supone sacrificios intolerables para el bienestar de la sociedad [16]…. una deuda soberana (y las reclamaciones asociadas) puede perjudicar gravemente a la población del Estado deudor y constituir una violación de los derechos humanos [17]…”
Constatar que el pago de las deudas puede suponer un obstáculo a la aplicación de los derechos fundamentales no es nada nuevo, y varios órganos de Naciones Unidas competentes en materia de derechos humanos en los países del Sur lo plantean de manera regular [18]. Sin embargo, la “carga de la deuda” ya no es un problema específico de los países en desarrollo. Varios Estados miembros de la Unión Europea tienen actualmente una deuda pública insostenible (ver sección 1 de este capítulo).
Impactos de los programas de ajustes estructurales
Estos programas limitan fuertemente el margen de maniobra política de los Estados (§1), su capacidad para garantizar el respeto de los derechos humanos (§2) y retrasan la recuperación económica (§3).
- 1. Impacto político
Los Principios rectores relativos a la deuda exterior y a los derechos humanos adoptados por el Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas en 2012 [19] señalan que “los Estados acreedores y las instituciones financieras internacionales no deben aprovechar la crisis económica, financiera o ligada a la deuda exterior para promover reformas estructurales en los Estados deudores”. Pero en la práctica, el nivel insostenible de la deuda es el principal argumento usado por los gobiernos y las instituciones, entre ellas el FMI y la Comisión europea, para justificar la puesta en marcha de programas de austeridad para supuestamente sanear las finanzas de los Estados sobreendeudados y disminuir su deuda pública.
El número de condiciones de naturaleza política que están ligadas a los préstamos del FMI tales como el aumento del IVA, el despido de funcionarios, la congelación de salarios, la reducción de las pensiones o la privatización de sectores determinantes de la economía (sanidad, educación, transporte, energía) se ha incrementado desde el año 2013 [20]. En el marco de la UE, el margen de maniobra política de países como Grecia, bajo ajuste estructural desde 2010, ha sido casi aniquilado.
- 2. Impacto sobre los derechos fundamentales
Las consecuencias para las poblaciones de países sometidos a ajuste estructural pueden ser desastrosas. En el caso de Grecia, los gastos en sanidad pública entre 2009 y 2013 disminuyeron un 42%, los gastos para luchar contra la exclusión social un 81% y aquellos relacionados con los subsidios de paro un 30%, mientras en el mismo periodo el número de desempleados se ha multiplicado por tres, según el informe del Experto de la ONU en deuda [21].
En términos generales, las políticas de austeridad puestas en marcha en los paises de la UE tras la crisis financiera de 2007, que se transformó en crisis de deudas soberanas, han perjudicado el conjunto de los derechos humano, tal y como señala el Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa [22].
- 3. Impacto económico
El impacto de los planes de ajuste estructural en los países del Sur en términos de recesión económica, aumento del paro, de las desigualdades e incluso de las deudas soberanas está documentado en numerosos informes de Naciones Unidas [23].
En el marco de la UE, la puesta en marcha de programas de austeridad ha tenido también efectos negativos, con una intensidad variable en función del grado de austeridad exigida; Grecia es el país con el impacto más importante. El PIB de Grecia ha disminuido un 30% entre 2010 y 2018, su deuda pública ha pasado, en el mismo periodo, de 126,7% del PIB (antes de la intervención de la Troïka) a 178,6 % [24], mientras la tasa de paro entre jóvenes está en 42,3% [25]. Según Eurostat, en 2016, el 47% de los hogares griegos no podía pagar alguno de sus préstamos [26]. Finalmente, según el Tribunal de cuentas europeo, en 2018 los bancos griegos no estaban en condiciones para prestar y asegurar la financiación de la economía mientras las necesidades de financiación del Estado griego son enormes [27].
Otras medidas, tales como las reestructuraciones, precedidas o no de moratorias sobre las deudas, son por tanto necesarias para romper el círculo vicioso de la deuda y la austeridad.
Las suspensiones del pago de deudas seguidas de su reestructuración no sumergen los países en un caos económico. En un informe analizando unos cincuenta casos de crisis de deuda de las economías llamadas “emergentes” y “avanzadas”, dos ex-economistas del FMI concluyen que los países que han realizado una reducción de su deuda (vía suspensión y/o reestructuración de sus deudas) han visto su PIB aumentar, la carga de la deuda disminuir y mejorar su acceso a los mercados financieros [28].
En numerosas ocasiones en la Historia, los Estados han hecho una reestructuración unilateral de sus deudas sin que ésta conlleve una pérdida definitiva de su acceso al crédito internacional. De hecho, el criterio determinante para un acreedor que desea prestar es la solvabilidad del Estado deudor, ya que su objetivo es endeudarlo para en último término obtener remuneración mediante el reembolso de los intereses [29].
- Los bloqueos al establecimiento de un procedimiento internacional de quiebra de los Estados y la insuficiencia de las cláusulas de acciones colectivas (CAC)
Los bloqueos al establecimiento de un procedimiento internacional de quiebra de los Estados
Idealmente, la reestructuración de las deudas soberanas que tengan en cuenta las obligaciones de los Estados en materia de respeto de los derechos fundamentales y que se imponga a todos los acreedores, incluyendo los fondos buitre, debería organizarse a nivel internacional.
Sin embargo, desde hace varias décadas hay bloqueos políticos al establecimiento de un procedimiento internacional de quiebra de los Estados. En 1944, un mecanismo de arbitraje sobre las deudas fue propuesta, sin éxito, por Henry White, jefe de la delegación de Estados Unidos durante la conferencia de Bretton Woods que vio nacer el FMI y el Banco Mundial. Otro ejemplo es el rechazo, en 2003, de la propuesta de la ex-directora general adjunta del FMI, Anne Krueger, para el establecimiento de una instancia de arbitraje inspirada en las leyes sobre quiebras existentes en diferentes países del mundo [30]. En 2015, los Estados Unidos, Canadá y Japón estuvieron entre los Estados que votaron en contra de la aprobación de la resolución de la Asamblea General de la ONU cuyo objetivo era establecer un nuevo marco para la reestructuración de deudas públicas bajo los auspicios de la ONU [31]. El conjunto de los Estados de la UE se abstuvo, a pesar de la resolución del Parlamento europeo solicitando a la Unión europea obrar por la construcción de un marco jurídico de este tipo, en el marco de las Naciones Unidas [32].
Para justificar su voto, los Estados antes mencionados sostienen que incumbe al Club de París [33] y al FMI (donde tienen un poder de influencia mayor que los demás Estados, ya que su derecho de voto es en parte proporcional a su peso económico) gestionar estas cuestiones de las deudas soberanas y no a la Asamblea General de la ONU (donde cada Estado dispone de un voto) [34]. Aparte del problema democrático que plantea esta argumentación, ésta es incompatible con el respeto al principio de imparcialidad, ya que los Estados acreedores se sitúan de facto como jueces y partes en la resolución de las crisis de endeudamiento.
Los límites de las CAC
La solución apoyada por el FMI y el Eurogrupo [35] para facilitar las reestructuraciones de deudas y luchar contra los fondos buitre es insertar cláusulas de acciones colectivas (CAC) en los nuevos títulos de deuda pública. Las CAC permiten que el Estado someta a votación entre sus acreedores una propuesta de reestructuración de la deuda. Si es aceptada por la mayoría de los acreedores, se impone al conjunto de los tenedores de títulos de la deuda en cuestión. Es decir que si una mayoría de acreedores acepta la reestructuración de la deuda, todos los demás (fondos buitre incluidos) deberían someterse a ésta. En virtud del Tratado que ha instaurado el Mecanismo europeo de estabilidad (MES), los países de la zona euro se han comprometido a insertar, a partir del 1 de julio 2013, unas CAC en sus obligaciones soberanas emitidas en la zona euro con un vencimiento superior a un año [36].
Teniendo en cuenta el contexto económico que precisa una acción urgente y eficaz de los Estados, las CAC resultan muy insuficientes. Por una parte, solo se refieren a las deudas recentes (contraídas a partir de 2013). Y por otra, cada serie de obligaciones soberanas debe ser objeto de un voto separado, limitando así las posibilidades de una reestructuración más global [37]. Presentan por tanto “el defecto de solo poder implementarse dentro de una emisión; además es más difícil de implementar cuando hay varias emisiones de deudas afectadas por el impago, que es la situación más frecuente [38]”. Para eludir el efecto de las CAC, los fondos buitre solo tendrán que adaptar su modus operandi recomprando un porcentaje preciso de obligaciones de deuda, que corresponda a la minoría de bloqueo necesaria para impedir que la mayoría prevista en la CAC en cuestión. Otro límite importante es que las CAC no afectan a las obligaciones de deuda de los Estados ni a las de las instituciones tales como el FMI o el BCE. Solo afectan a los títulos de deuda de los acreedores privados.
Renaud Vivien
Traducción de Cathy Boirac, activista de Audita Sanidad (www.auditasanidad.org)
Este artículo es el primero de una próxima serie, inspirada en la tesina universitaria de Renaud Vivien titulada “Margen de maniobra de los Estados para luchar contra los fondos buitre y reestructurar sus deudas en el marco del derecho de la Unión europea”.
Notas
[1] Informe (UE) n.º A7-0149/2014 del Parlamento europeo del 28 de febrero 2014 sobre la investigación relativa al papel y las actividades de la Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países sujetos a un programa de la zona euro, párrafo 32.
[2] Ibid., párrafo 34
[3] Informe ONU n.º A/HRC/14/21 del Experto independiente, Cephas Lumina, del 29 de abril 2010 encargado de examinar los efectos de la deuda exterior y otras obligaciones financieras internacionales relacionadas para los Estados en la aplicación íntegra de todos los derechos humanos, y en particular los derechos económicos, sociales y culturales. Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas, 14ª sesión, párrafo 8.
[4] Informe (FMI) Macroeconomic Developments and Prospects in Low-Income Developing Countries, Policy papers, Publicaciones FMI, 2018, p.2.
[5] Jubilee Debt Campaign, New figures show debt crises are growing across the globe, 2018. https://jubileedebt.org.uk (última consulta : 5 de julio 2018).
[6] GASPAR, Vitor y JARAMILLO, Laura. Réduire les dettes élevées, FMI , 2018. http://www.imf.org (última consulta : 5 de julio 2018).
[7] TOUSSAINT, Éric. La montagne de dettes privées des entreprises sera au cœur de la prochaine crise financière, CADTM, 2017, www.cadtm.org (última consulta: 8 de julio 2018). El incremento de la deuda de las empresas privadas, que constituye la mayor parte de la deuda mundial, se explica por el hecho de que desde 2010 éstas se benefician de la política de tipos de interés bajos de los bancos centrales de los países más industrializados para solicitar cuantiosos préstamos. Utilizan lo prestado para recomprar sus propias acciones en bolsa y comprar títulos de deudas soberanas y sobre todo obligaciones emitidas por otras empresas privadas. En la medida en que las empresas persiguen maximizar sus rendimientos, están alentadas a comprar títulos de deuda emitidos por las empresas menos sólidas ya que estos títulos están ligados a tipos de interés elevados (para compensar el riesgo) y por tanto suponen una mayor remuneración para el acreedor.
[8] El mercado secundario de la deuda es el mercado donde se venden y se compran títulos de deuda. El valor de recompra de las deudas en cuestión se fija día a día en este mercado. Cuantas más dificultades financieras tiene un país (cercano a la suspensión de pagos o ya en esta situación) más bajo es el precio de recompra de las deudas.
[9] Informe (ONU) n° A/HRC/33/54 del Comité consultivo del Consejo de lderechos humanos de Naciones Unidas del 20 de julio 2016 sobre las actividades de los fondos buitre y sus incidencias en los derechos humanos, 33ª sesión, p. 5.
[10] Informe (FMI), Third progress report on inclusion of enhanced contractual provisions in international sovereign bond contracts, International Monetary Fund, Policy papers, Publicaciones FMI, 2017, p. 4. Las obligaciones soberanas regidas por el derecho de Nueva York y el británico representaban, a 30 de septiembre 2017, respectivamente el 52% y 46% de la cantidad total de obligaciones soberanas a nivel internacional (en valor nominal de la cantidad global de deudas).
[11] Resolución 27/30 (ONU) n.º A/HRC/27/L.26 del Consejo de derecho humanos del 26 de septiembre 2014 sobre los efectos de la deuda exterior y otras obligaciones financieras relacionadas para los Estados en la aplicación íntegra de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, 27ª sesión, p. 3.
[12] Informe (ONU) n.º A/HRC/33/54 del Comité consultivo del Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas del 20 de julio 2016 sobre las actividades de los fondos buitre y su incidencia en los derechos humanos, 33ª sesión, págs. 17 y 18.
[13] Informe (ONU) n.º A/HRC/33/54, op.cit. p. 7: El caso de Zambia es muy esclarecedor. “En 2006, tan solo unos meses antes de la anulación de la deuda de Zambia en el marco de la iniciativa “países pobres muy endeudados” (PPME, PPTE según siglas en francés), Donegal International inició un procedimiento judicial contra ese país ante los tribunales del Reino Unido, reclamando un importe de 55 millones de dólares. Donegal se benefició de una sentencia favorable que le permitió obtener un beneficio del 370%, es decir aproximadamente 17 veces el importe de la deuda inicial. El gobierno de Zambia habría acatado el veredicto y asignado el 65% del importe recibido al pago de la deuda, importe ya asignado a programas de sanidad. Tras este procedimiento judicial, los fondos buitre han sustraido del país un importe correspondiente a casi el 15% de los gastos totales en protección social”.
[14] Ibid., págs. 19 y 20.
[15] Este acuerdo preve la concesión de un préstamo de 50.000 millones de dólares, el más elevado en la historia del FMI. Tras la firma de esta acuerdo, una huelga general paralizó Argentina el 25 de junio 2018.
[16] Informe (ONU) n.º A/70/725 del Experto independiente de fecha 4 de agosto 2015 sobre los efectos de la deuda exterior y otras obligaciones financieras relacionadas para los Estados en la aplicación íntegra de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, 70ª sesión, p.17, párrafo 54.
[17] Ibid., p. 16, párrafo 51.
[18] Véase por ejemplo: Resolución 27/30 (ONU) n.º A/HRC/27/L.26 del Consejo de derechos humanos de fecha 26 de septiembre 2014 sobre los efectos de la deuda exterior y otras obligaciones financieras relacionadas para los Estados en la aplicación íntegra de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, 27ª sesión, p. 2.
[19] Anexo al informe (ONU) n.º A/HCR/20/23 del Experto independiente Cephas Lumina, de fecha 10 de abril 2012, encargado de examinar los efectos de la deuda exterior y otras obligaciones financieras internacionales relacionadas para los Estados en la aplicación íntegra de todos los derechos humanos, y en particular los derechos económicos, sociales y culturales. Principios rectores referentes a la deuda exterior y los derechos humanos, Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas, 20ª sesión, párrafo 80.
[20] GRIFFITHS, J. Y TODOULOS, K. Conditionally yours, An analysis of the policy conditions attached to IMF loans, Bruselas, Working Paper, EURODAD, 2014, p. 14.
[21] Informe (ONU) n.º A/HRC/31/60/Add.2 del Experto independiente sobre los efectos de la deuda exterior y otras obligaciones financieras internacionales relacionadas para los Estados en el pleno disfrute de todos los derechos humanos, y en particular los derechos económicos, sociales y culturales, Misión a Grecia, 29 de febrero 2016, págs. 10-11.
[22] Informe (Consejo de Europa) del Comisario europeo de derechos humanos, Nils Muižnieks. Protéger les droits de l’homme en temps de crise économique. Mayo 2014, p.7, https://rm.coe.int/09000016806daa46 (última consulta: 8 de julio 2018)
[23] VIVIEN, Renaud. L’annulation de la dette du tiers-monde, Bruselas, CRISP, Courrier hebdomadaire, n.º 2046-2047, 2010, págs. 38-43.
[24] Comunicado (Eurostat) n.º 69/2018, Transmission des données du déficit et de la dette pour 2017, 2018, p.5.
[25] Comunicado (Eurostat) n.º 75/2018, Le taux de chômage à 8,5% dans la zone euro, 2018, p.2.
[26] Comunicado (Eurostat), One in ten Europeans in arrears with payments, 2018, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180529-1, (última consulta: 8 de julio 2018).
[27] Informe especial (UE) n.º 17/2017 del Tribunal de cuentas europeo, L’intervention de la Commission dans la crise financière grecque, 2017, págs. 71 y 72.
[28] REINHART, Carmen y TREBESCH, Christoph. A distant Mirror of Debt, Default and Relief, Munich, Munich Discussion Paper, n.º 2014-49, 2014, págs. 31-39.
[29] TOUSSAINT, Éric. Le système dette. Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation, Paris, Les liens qui libèrent, 2017, p. 304.
[30] KRUEGER, Anne O. A New Approach to Sovereign Debt Restructuring, Washington D.C., FMI, 2002.
[31] Resolución (ONU) n.º A/RES/69/139 de la Asamblea General de fecha 10 de septiembre 2015, referente a los principios fundamentales de las operaciones de reestructuración de la deuda soberana, Asamblea General de Naciones Unidas, 69ª sesión. Fue aprobada por 136 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones.
[32] Resolución (UE) n.º 2015/2044 del Parlamento europeo de fecha 19 de mayo 2015 sobre financiación del desarrollo, párrafo 46.
[33] El Club de París es un grupo informal que reúne a los veintidos Estados acreedores más ricos.
[34] Véase el detalle de los votos en: https://www.un.org/press/fr/2015/ag11676.doc.htm
(última consulta: 8 de julio 2018)
[35] “El Eurogrupo es un órgano informal en el que los ministros de los Estados miembros de la zona del euro debaten cuestiones vinculadas a sus responsabilidades comunes relativas al euro. ” http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/eurogroup/ (última consulta: 25 de julio 2018)
[36] Tratado que establece el MES, art. 12, § 3.
[37] ZETTELMEYER, Jeromin, TREBESCH Christoph y GULATI, Mitu. The Greek Debt Restructuring : An Autopsy, Washington DC, Working Paper 13-8, Peterson Institute for International Economics, 2013, p.42.
[38] WAUTELET, Patrick. La chasse aux ‘vautours’ est ouverte – Du bon usage de la loi du 12 juillet 2015, en Liber amicorum Nadiné Watté (bajo la dirección de R. Jafferali, V. Marquette y A. Nuyts), Bruselas, Bruylant, 2017, p. 572.
Renaud Vivien: Es jurista en derecho internacional, miembro del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM) y de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda pública de Grecia, creada por la presidenta del Parlamento griego el 4 de abril de 2015.
Fuente: CADTM
