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Contesta Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
Escándalos como el de los Papeles de Panamá, el de Football Leaks o el de los Papeles del Paraíso, entre otros muchos, sorprendentemente no han servido para incrementar el número de denuncias de la Agencia Tributaria por delito fiscal, pese a que los casos de fraude hayan ido en aumento a lo largo de los últimos años. De hecho, estas denuncias se han desplomado casi un 80% desde 2011, un periodo de tiempo en el que las cuotas defraudadas también han caído cerca del 65%.
Para ser más exactos, el número de denuncias se ha reducido desde las 1.014 que se registraron en 2011 hasta las 225 de 2017. Y la deuda defraudada ha descendido en ese mismo periodo desde los 909 millones hasta los 327 millones, según los últimos datos.
Este desplome se debe a varios motivos: la limitación de los técnicos en nuestras competencias para luchar contra el fraude, que nos impide completar la investigación sobre los delitos, simulaciones, conflictos o fraudes de ley que descubrimos; la orden de la AEAT de realizar básicamente investigaciones parciales; la amnistía fiscal de 2012, anulada por el Tribunal Constitucional; y la modificación del artículo 305 del Código Penal. Cuatro causas que, asimismo, complican el descubrimiento de fraudes superiores a los 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se configura el delito fiscal.
Y un quinto motivo podría residir en las ventajas de las que gozan los presuntos delincuentes en el proceso judicial. Pues bien, en este sentido convendría blindar a los confidentes de delitos fiscales, en línea con la proposición de Ley que el pasado jueves presentó XNet en el Congreso de los Diputados para proteger a los filtradores; y en contra de las propuestas formuladas en relación al pago de los “chivatazos” con “fondos reservados”, lo que podría fomentar posibles extorsiones para no ser denunciados, además de menoscabar la intimidad de las personas involucradas y la debida protección de sus datos.
La ley debe garantizar a los confidentes fiscales su indemnidad penal laboral, económica y social al denunciar fraudes tributarios
La ley debe garantizar a los confidentes fiscales su indemnidad penal laboral, económica y social al denunciar fraudes tributarios. No obstante, en lugar de poner el foco en los confidentes, la Administración Pública tendría que ser más transparente para que los “chivatazos” no guíen las investigaciones fiscales, sino que sea la Agencia la que detecte estos casos con sus propios medios.
Y es que pagar por sustituir la acción de la AEAT ni es correcto ni está en línea con la política marcada desde la Unión Europea respecto a la protección jurídica de los confidentes. Asimismo, una administración tributaria moderna no puede ser reactiva y esperar a que lleguen informaciones confidenciales sobre casos de fraude, al margen de que llevar la iniciativa pase por poner en marcha un plan de lucha contra el fraude eficaz que cambie los objetivos y la estructura de la Administración Tributaria actual, desplazando la investigación de particulares, microempresarios y pymes hacia los grupos empresariales, multinacionales y personas con altos ingresos y grandes fortunas.
Los técnicos tenemos las manos atadas contra el fraude y el control del gasto por normas internas que acaban por perjudicar al erario
Los técnicos, pese a suponer actualmente el principal colectivo de la AEAT, de la Intervención General del Estado y del resto de áreas del Ministerio de Hacienda, tenemos las manos atadas contra el fraude y el control del gasto por normas internas que acaban por perjudicar al erario. De ahí que lo ideal sería que los organismos públicos no estuvieran tan jerarquizados para que el poder de decisión estuviese más repartido entre un mayor número de funcionarios y evitar posibles injerencias políticas o económicas; lo que, a fin de cuentas, contribuiría a mejorar la lucha contra los delincuentes fiscales.
Nuevatribuna 16 junio 2019
