ATTAC Catalunya Justícia Econòmica Global
Bancos, organismos internacionales y economistas de distintas corrientes sugieren la posibilidad de activar este mecanismo como vía para contener una fractura social y la quiebra del modelo democrático
Sostiene una institución tan poco sospechosa de anarquista como la Cámara de los Comunes británica que en el año 2030 el 1 % de la población mundial controlará dos tercios de la riqueza del planeta. Su advertencia es la consecuencia de una carrera desenfrenada: desde el año 2000, el patrimonio de las grandes fortunas ha crecido a un ritmo del 6 %, mientras el del 99 % restante lo hacía al 3 %. El aviso de los legisladores británicos no es en absoluto aislado. Organismos como el Foro Económico Mundial o el FMI, bancos como Credit Suisse, consultoras como Capgemini y por supuesto Naciones Unidas han alertado sobre la creciente desigualdad, sobre la concentración del capital en muy pocas manos (ver gráfico adjunto) y sobre los riesgos que ello implica para sostener las democracias modernas. Y es en este contexto en el que ha empezado a ganar enteros un debate con varias décadas de vida, pero que hoy tiene más altavoces que nunca: la posibilidad de crear una renta básica universal (RBU).
Básicamente, se trata de una prestación económica que el Estado abona a todos los ciudadanos de forma incondicional independientemente de si tienen o no trabajo, de si ganan mucho o poco, un dinero que garantizaría un mínimo nivel de ingresos para que «todo ser humano pueda vivir y tomar decisiones en plena libertad», en palabras de Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas, actual presidente de Red Eléctrica y director del estudio Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica, presentado hace solo unos días por el Observatorio Social de La Caixa.
Este trabajo pone el foco sobre un asunto que tuvo incluso eco este año en la última cumbre de Davos. Y que ha ganado peso en la agenda pública por dos cuestiones. Una presente y otra futura. La primera es la creciente desigualdad, un fenómeno transversal y de escala planetaria. Esta misma semana, Credit Suisse divulgaba su Informe sobre la riqueza mundial y el caso de España ilustra la dimensión del cambio: en el 2010 se localizaban en el ruedo ibérico 172.000 millonarios. Hoy son ya 979.000. Da igual el país o el continente, la secuencia se repite con idéntica cadencia. Cada año que pasa hay más ricos, pero también muchos más pobres. Naciones Unidas estima que algo menos de la mitad de la población mundial vive con menos de cinco dólares al día.
La segunda cuestión que ha alimentado el debate sobre la renta básica es la irrupción de la cuarta revolución industrial, definida por los avances en robotización y automatización. Una era que generará millones de empleos. Y que destruirá otros tantos. Determinar la cifra es complicado a estas alturas, pero la OCDE calcula que un 20 % de los puestos de trabajo podrían verse amenazados solo en España en poco más de una década. Con un agravante, muchos de esos profesionales no podrán recolocarse por falta de competencias. Es lo que el profesor israelí Yuval Noah Harari llama «la clase inempleable».
Es esta amenaza de explosión de la pobreza y transformación del mercado laboral la que ha colocado la renta básica universal en la mesa de los grandes organismos y teóricos económicos del momento. «La razón de ser de la RBU —argumenta Belén Santa Cruz, economista y autora de uno de los capítulos del informe elaborado por La Caixa— no es solo cuidar de los excluidos. El futuro que viene, con la cuarta revolución industrial, nos va a dejar un panorama con unos años de transición en los que será necesario dar respuesta a nuevos escenarios de pobreza que no tienen nada que ver con los actuales».
Trabajadores pobres
Santa Cruz advierte además que un 13 % de los trabajadores españoles entran ya dentro de la categoría de «pobres» —una cifra aún superior en el caso de las mujeres—, una coyuntura insostenible de cara al futuro. Y en la que coincide Dolores Riveiro, directora del Departamento de Fundamentos da Análise Económica de la Universidade de Santiago: «Es que el problema no es que los que no trabajan no tengan una renta mínima, es que los que trabajan no llegan a una renta mínima». Riveiro cree que es necesario cambiar el modelo productivo y crear empleo de calidad, para lo que será indispensable profundizar en una transferencia de las rentas del capital hacia las del trabajo, una transformación radical por cuanto ello supone la tendencia inversa a la registrada en las últimas décadas.
En el trasfondo de este debate, del que participan tando teóricos de la izquierda como algunos de corte neoliberal, está el temor a una fractura social, a que un segmento muy amplio de la población deje de participar y creer en el modelo democrático. Un peligro sobre el que ya hay algunas señales inquietantes. Los investigadores Braulio Gómez (Deusto) y Manuel Trujillo (CSIC) han demostrado que la abstención en los barrios más pobres de España se dispara cada vez que se convocan unas elecciones. Es lo que califican como los «agujeros negros de la democracia». «El precariado político», como lo define Belén Santa Cruz, representa para ella una de las grandes amenazas de nuestro tiempo: «El sistema corre peligro y cada vez tenemos más evidencias de que la sociedad está rompiendo de muchas formas».
El auge de los populismos y la aparición de una nueva generación de líderes políticos a nivel internacional que amenazan con romper con el sistema serían una advertencia clara de esa fractura social que ya se está manifestando, una amenaza que coinciden en destacar tanto Santa Cruz como Dolores Riveiro. Y que ha puesto en alerta a los grandes defensores del modelo económico. Organismos como el Foro Económico Mundial o el Fondo Monetario Internacional han empezado a hablar de la necesidad de atenuar las crecientes desigualdades alarmados en buena medida por esas señales de desafección hacia la política. E incluso un medio como el Finantial Times, uno de los estiletes del capitalismo, publicaba hace solo unas semanas un artículo (Capitalism: time for a reset) en el que dejaba entrever la necesidad de cambios más o menos profundos en las vías de generar riqueza.
La RBU surge en este punto como una herramienta para atenuar los efectos de la pobreza y alentar la cohesión social. ¿Pero es financiable? ¿De dónde saldrían los recursos precisamente cuando el estado del bienestar corre peligro por falta de recursos? Los economistas Daniel Raventós, Jordi Arcaróns y Lluís Torréns han elaborado la que de facto representa la propuesta teórica más compleja sobre este tema en España, una sesuda investigación a partir de los datos de dos millones de contribuyentes que cifra en 7.471 euros la renta mínima universal, el equivalente al 60 % de los ingresos medios de la población. Esa es la cantidad anual que tendrían derecho a cobrar 35,9 millones de residentes mayores de edad (cada uno de los 7,8 millones de menores percibirían una RBU de 1.494 euros).
Esta renta sustituiría a todas las prestaciones públicas actuales (subsidios, paro, becas…) y se financiaría con una reforma integral del IRPF, creando un tipo único del 49 %. La propuesta de los tres economistas no implica que el Estado abonase esa cantidad a cada ciudadano, toda vez que el pago se limitaría a los contribuyentes cuyos ingresos fuesen inferiores a la renta básica. Un ejemplo ilustra gráficamente cómo operaría esta herramienta. Así, un profesional con unos ingresos de 50.000 euros al año tendría que pagar una cuota por el impuesto de la renta de 24.500 euros (el citado 49 %), de la que habría que deducir la renta universal de 7.471 euros, por lo que la liquidación final se elevaría a 17.029 euros. O lo que es lo mismo, en este caso el abono de la renta básica no se realizaría por medio de una transferencia económica, sino a través de una minoración en la carga tributaria.
El coste total de esta simulación asciende a 280.090 millones de euros, que podrían llegar a beneficiar al 80 % de los ciudadanos del país al mejorar su situación económica previa, según los cálculos de los investigadores. «Se efectúa —estima Raventós— una transferencia cercana a los 32.000 millones de euros desde el 20 % de las personas más ricas» a los segmentos de población con menos recursos. Al camino de la RBU, a día de hoy, le quedan muchas etapas por recorrer.
Manuel Blanco, La Voz de Galicia, agosto 2021
