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El fantasma de una revuelta campesina planea sobre Europa. Los agricultores han multiplicado en las últimas semanas las tractoradas, cortes de carretera y otras acciones de contestación en numerosos países del Viejo Continente. Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos, Rumania, Italia… Es larga la lista de los Estados donde se ha producido este tipo de movilizaciones, que también tienen lugar en los últimos días en España. Aunque las protestas de los sindicatos agropecuarios resultan un clásico, sorprende la rápida propagación por Europa. Un efecto de bola de nieve que evidencia la dimensión estructural del malestar del campo.
“Se trata de un movimiento social de envergadura que no habíamos visto desde la crisis lechera de 2009. Entonces, ya hubo grandes movilizaciones”, recuerda Edouard Lynch, historiador del mundo agrícola y profesor en la Universidad Lumière-Lyon 2, en declaraciones a El Salto. Desde los grandes medios y buena parte de la clase política —desde el centro hasta la ultraderecha—, se ha impuesto una interpretación parcial e interesada: se trata de un pulso entre los agricultores y los ecologistas. “Me parece muy simplista decir que todo esto se debe a las normas medioambientales”, asegura el economista Maxime Combes. Más que un rechazo de la transición verde del sector primario, esta indignación es el fruto de las incoherencias del neoliberalismo verde.
En realidad, el sector primario europeo sufre una crisis capitalista de manual. Los agricultores y ganaderos están muriendo de éxito. La industrialización y la modernización durante la segunda mitad del siglo XX aumentaron la productividad del campo y convirtieron a Europa en una potencia agrícola que exportaba sus excedentes. Pero desde principios de este siglo ese modelo se encuentra estancado. Y buena parte de los campesinos europeos viven atrapados en esta lógica productivista: intentan invertir en maquinaria más moderna sin lograr incrementos significativos de productividad, pero sí que aumentan sus deudas y emisiones de dióxido de carbono.
La PAC se rige por criterios productivistas y poco sociales
A eso se le suman las incongruencias de las políticas públicas en el Viejo Continente. El sector recibe una gran cantidad de ayudas, sobre todo, los 41.400 millones de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. No obstante, estas subvenciones se distribuyen de manera desigual y con una lógica (basada en la cantidad de hectáreas) en las antípodas de la justicia social, además de resultar insuficientes para impulsar una transición verde del sector. En 2020, el 0,5% de las explotaciones europeas más grandes recibieron el 16,6% de los fondos de la PAC, con ayudas individuales superiores a los 100.000 euros, mientras que el 75% de los pequeños y medios percibieron apenas el 15%, con menos de 5.000 euros cada uno.
Pese a las considerables cantidades de dinero público que recibe, el sector primario destaca por su desregulación. El intervencionismo en los precios y excedentes establecido cuando se creó la PAC en 1962 siguiendo criterios keynesianos —esa medida se inspiró en el New Deal del estadounidense Franklin Delano Roosevelt— ha ido desapareciendo durante las últimas décadas de hegemonía neoliberal. Además, se han suprimido los aranceles sobre los alimentos extranjeros con la firma de acuerdos de libre comercio.
Esta liberalización ha perjudicado a los productores en beneficio de las empresas alimentarias y la gran distribución. Tampoco los consumidores han salido especialmente beneficiados. El ejemplo del precio de la leche en Francia resulta cristalino. En 2001 se pagaba a los productores 0,25 euros por un litro, mientras que en 2022 había bajado a 0,24. Durante las dos últimas décadas, en cambio, el precio del litro envasado en los supermercados ha subido de 0,53 a 0,83. Los márgenes de la industria agroalimentaria se han incrementado un 64% y los de la gran distribución, un 188%, según un estudio reciente de la Fundación para la Naturaleza y el Hombre.
“Hace falta dinero público” para la transformación ecológica
El modelo agrícola europeo se asienta sobre unos cimientos tan frágiles como contradictorios. Sus incongruencias dificultan la posibilidad de llevar a cabo una ambiciosa transición verde, a pesar de las promesas en ese sentido de los Gobiernos y la Comisión Europea. “Los Estados no asumen que, si quieren llevar a cabo la transformación ecológica, hace falta invertir más dinero público”, sostiene Lynch, quien recuerda que “la modernización agrícola a partir de la década de los sesenta se llevó a cabo con grandes inversiones nacionales y europeas”.
Impulsadas entonces para modernizar el sector, las ayudas públicas se han convertido en un medio de supervivencia para una profesión tan desigual como precarizada. El ingreso medio neto de los agricultores en Francia resulta inferior al salario mínimo. Un 18% de ellos viven por debajo del umbral de la pobreza, un porcentaje claramente superior al 13% del conjunto de los activos. “Excepto los grandes viticultores y productores de cereales, una parte significativa del mundo campesino no logra vivir de su trabajo”, explica Combes, buen conocedor del sector primario y miembro del AITEC, sobre la situación de la agricultura francesa que no resulta muy diferente a la de otros países europeos.
“Cuando llego a final de mes, no me queda ningún ingreso neto. Vivo gracias al salario de mi mujer”, reconocía Yves, de 58 años, un agricultor de trigo ecológico entrevistado por El Salto en Agen, una pequeña de localidad del suroeste de Francia donde los cortes de carretera y acciones diarias empezaron desde el 22 de enero. “Dieron ayudas para que hiciéramos agricultura ecológica, pero ahora la oferta resulta superior a la demanda”, lamentaba. La crisis de la comida biológica ejemplifica los límites del neoliberalismo verde. La elevada inflación de los últimos años ha menoscabado la venta de estos alimentos más caros. En el caso de Francia, su parte del mercado ha caído al 6%, el mismo porcentaje que en Estados Unidos.
“El mensaje que están dando a los agricultores es que sobre todo no deben convertirse a los cultivos ecológicos, puesto que, si lo hacen, tendrán grandes problemas”, advierte Aurélie Catallo, una especialista en políticas agrícolas europeas. Los dirigentes “se han olvidado de impulsar una evolución simultánea de la oferta y la demanda” de los alimentos bio, añade esta experta del IDDRI, un laboratorio de ideas de París. Recuerda el caso de una ley aprobada en 2022 en Francia que estableció un mínimo de 20% de comida de ese tipo en las cantinas estatales (escuelas, hospitales, administración…), un objetivo que, de momento, ha resultado imposible de cumplir.
Según Catallo, “el hecho de que la PAC continúe repartiéndose en función de las hectáreas impone la lógica del productivismo, pero no se puede efectuar una transición agroecológica produciendo el máximo posible. No se dice a los campesinos que ya no estamos en la década de los setenta y que el desafío ahora es una alimentación más sana y que respete el medioambiente”. Unos objetivos que, de momento, se encuentran lejos de la realidad. El sector primario emite el 20% de las emisiones de CO2 en Francia, mientras que España tiene el triste privilegio de encabezar el podio de los países que utilizan más pesticidas en el Viejo Continente.
Antes neoliberal que verde
A pesar de que el actual malestar del campo refleja las incoherencias del neoliberalismo verde y la dificultad de llevar a cabo una transición ecológica si persiste el problema de la baja remuneración de los campesinos, la primera reacción de la clase dirigente ante estas protestas del campo ha resultado previsible: si deben elegir entre lo neoliberal y lo verde, se quedan con lo primero.
“Vamos a hacer que rimen el clima con el crecimiento”, aseguró la semana pasada el primer ministro francés, Gabriel Attal, durante su discurso de política general. Pese a su juventud —con 34 años es el responsable del Gobierno más joven en la historia de la Quinta República—, Attal ha aportado una respuesta a la rabia del campo que supone un viaje al pasado. Las concesiones hechas a los dos principales sindicatos agropecuarios —defensores incondicionales de la agricultura industrial a diferencia de otras organizaciones, como la Confédération Paysanne, que continúan con las protestas— han dejado la agricultura ecológica como la gran sacrificada.
Primero, el Gobierno de Emmanuel Macron y Attal renunció a una supresión progresiva de la subvención fiscal del diésel rural. Luego, suspendió la aplicación de un plan para reducir el uso de pesticidas, impulsado en 2008 por el conservador Nicolas Sarkozy y que había dado muy pocos resultados hasta ahora. También consiguió que la Comisión Europea derogara el 4% de tierras en barbecho como uno de los pocos criterios medioambientales en la repartición de la PAC. Con menos concesiones que en Francia, el Ejecutivo alemán de Olaf Scholz también ha cedido a las reivindicaciones productivistas de los principales sindicatos agrícolas. En Alemania, la subvención del combustible rural no se aplicará este año, sino de manera progresiva.
“El gran problema es el Green Deal (Pacto Verde de la UE) y su visión claramente basada en el decrecimiento, ya que esto hará que bajemos nuestra producción en un momento en que las importaciones no paran de aumentar”, afirmó a finales de enero el presidente de la FNSEA —principal organización agrícola en Francia—, Arnaud Rousseau, conocido por poseer más de 700 hectáreas y cuyos intereses se encuentran a las antípodas de los pequeños y medianos campesinos. El marco discursivo anhelado por la ultraderecha, el campo contra la ecología, no solo ha sido aceptado por una parte de los sindicatos agrícolas, sino también por los partidos y medios mainstream.
El rechazo a Mercosur, ¿una posición electoralista?
Esto ha venido acompañado por ciertas dosis de un nacionalismo banal —desde la defensa por parte de Pedro Sánchez del “imbatible” tomate español hasta la promesa de Attal de impulsar una ley sobre la “soberanía alimentaria”— para responder a la indignación rural. Aunque poner un freno al comercio mundial y priorizar la producción de proximidad resulta una opción defendida tanto por los sindicatos agrícolas de derechas e izquierdas, las declaraciones de las últimas semanas corren el riesgo de quedarse en meras palabras.
“De ninguna manera, Francia aceptará este tratado”, afirmó la semana pasada Attal refiriéndose al acuerdo de libre comercio que la Unión Europea negocia con Mercosur (principales países de América Latina). Pese a esta contundencia discursiva, las ONG temen que se trate de una posición de cara a la galería, sobre todo con la mirada puesta en las elecciones europeas del 9 de junio, en que la ultraderecha amenaza con sacar un rédito electoral a la rabia del campo.
Aunque Macron ya había expresado en 2019 su rechazo al tratado con Mercosur, este se siguió negociando. El Gobierno francés había dado en 2021 señales de que terminaría aceptándolo. “La UE está encerrada en unas contradicciones enormes y está dispuesta a perjudicar la agricultura para favorecer las exportaciones industriales y de servicios”, critica Combes, quien menciona otros tratados de libre comercio (Chile, Kenia o Nueva Zelanda) adoptados recientemente. “Todo esto provoca el sentimiento de que se está sacrificando la agricultura”, concluye.
Enric Bonet
El Salto
