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Las compañías offshore son una red financiera internacional ausente de controles en las que operan una variedad de negocios que no son en sí mismos ilegales, como la localización de bancos o compañías de negocios internacionales. Esta red moviliza el 80% de las transacciones internacionales de capital avaladas en, por lo menos, 45 billones de dólares, y dispone de las figuras de ‘paraísos fiscales’ o ‘refugios secretos’ cuya confidencialidad absoluta atrae intereses ilegales y otros veladamente legales que buscan la exención de impuestos, el lavado de activos y el ocultamiento de determinadas transacciones vía compañías ficticias.
La opacidad del sistema financiero
Anthony P. Maingot considera que los offshore están compuestos por tres tipos de flujos de capital: 1) La corrupción política o “traición del patrimonio material y moral de la nación”; 2) Los capitales ilícitos colocados en los paraísos fiscales provenientes del tráfico de personas, armas y drogas, y 3) los fondos del comercio mundial, donde presuntamente se hospeda el 50% de las transacciones comerciales a nivel internacional.
Maingot explica que en el Caribe, el territorio británico no autónomo de las Islas Caimán opera como el mayor paraíso fiscal, seguido por Anguila, una pequeña isla que a fines del siglo pasado, pese a contar con apenas 7.000 habitantes, reveló la presencia de 45 bancos con 3.500 compañías registradas. La explosión de esta red llamó la atención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). Las tímidas investigaciones impulsadas por el ente se detuvieron en el 2004 cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) adujo problemas diplomáticos en el envío de ayuda financiera para el desarrollo económico de las colonias.
En el caso colombiano las islas caribeñas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a 720 kilómetros del territorio nacional y 110 kilómetros de la costa nicaragüense, han fungido como el epicentro de las operaciones del narcotráfico desde 1980 cuando el cartel de Cali estableció allí su base de operaciones comerciales, según un informe de la Fundación Friedrich Ebert (FES). Además, el estudio «Anti-Drugs Policies In Colombia: Successes, Failures And Wrong Turns» mostró que “la cocaína colombiana es un negocio de US$ 300 mil millones al año, de los cuales sólo 7.8 mil millones se quedan en Colombia”, es decir que “sólo el 2.6% del valor que genera la cocaína producida en Colombia permanece en ese país, mientras que el restante 97.4% es capitalizado por sindicatos criminales y bancos que lavan el dinero en países consumidores de primer mundo”.
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Otro eje estratégico de los offshore en nuestro continente está en Panamá, donde se ofrece todo tipo de servicios financieros ‘opacos’, óptimos para el lavado de activos, la fuga de capitales nacionales y la financiación de operaciones de inteligencia de gran costo político y humanitario, como se verá más adelante.
Sin finanzas no hay contrarrevolución
La operatividad extralegal de los offshore ha tenido dos quiebres importantes en la historia reciente del hemisferio americano: La guerra contrainsurgente y la crisis económica del 2008.
Autores como Michael Chossudovsky, Pilar Calveiro y Roul Zelik afirman que Estados Unidos impulsó la financiación de las guerras contrainsurgentes en el tercer mundo con los dineros del narcotráfico. El escándalo conocido como Irán-Contras puso al descubierto la intermediación criminal del gobierno de Ronald Reagan a través del Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI por sus siglas en inglés). El BCCI lavó dinero del narcotráfico con el que se compró armamento y tecnología militar para las contras —o tropas militares y paramilitares de la ultraderecha centroamericana— entrenadas por Estados Unidos en la Escuela de las Américas en Panamá. Con esas armas se efectuó, por ejemplo, la masacre de El Mozote en El Salvador en 1981; la peor operación de aniquilamiento contra un territorio desde los tiempos de Hernán Cortés.
Por otra parte, la crisis económica del 2008 tensionó el déficit presupuestario y la balanza de pagos de Estados Unidos. El entonces jefe de la oficina de drogas y crímenes de la ONU, Antonio María Costa, indicó que los fondos del narcotráfico fueron “el único capital de inversión líquida” disponible a los bancos que se encontraban al borde del colapso. “Había indicios de que algunos bancos se rescataron de esa forma”. Previamente, en el 2006, se descubrió que el banco estadounidense Wachovia recibió una ingente suma de dinero del cartel de Sinaloa que este usó en la compra de aeronaves y armas para el control territorial.
La quiebra financiera de Estados Unidos y la autocelebrada desregulación económica pone al gigante global ante una necesidad absoluta de los flujos comerciales de estas offshore. En esta crisis, el entramado corporativo norteamericano privilegió el uso de estas ‘opacidades’ en vez de velar por la transparencia financiera de sus corporaciones. Por ejemplo, en el 2000 se produjo la bancarrota de ENRON, la mayor empresa de energía estadounidense, como consecuencia del fraude y lavado de activos de sus ejecutivos. Como resultado “miles de empleados perdieron no solamente sus puestos sino también sus pensiones; miles de millones de dólares en deudas quedaron sin pagar y se estableció que los ejecutivos de la ENRON tuvieron mucho que ver con la inflación y manipulación de los precios durante una crisis energética que casi lleva a la bancarrota a los estados de California, Oregon y Washington” asegura Maingot.
En una investigación del 2020, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) demostró que pese a las multas, los bancos JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, evadieron las medidas de las autoridades norteamericanas para contener el lavado internacional de activos financieros. Según ICIJ, JP Morgan, el mayor banco con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y compañías responsables del saqueo masivo de recursos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania.
Sobre el caso de Venezuela, la investigación revela que:
Los archivos confidenciales también muestran que JP Morgan proveyó de servicios bancarios a Derwick Associates, una empresa energética que ganó miles de millones de dólares en contratos públicos para reparar la defectuosa red eléctrica de Venezuela. Un análisis realizado en 2018 por la oficina venezolana de Transparencia Internacional concluyó que esta empresa falló a la hora de suministrar la potencia eléctrica esperada, y además sobrefacturó al gobierno de Venezuela al menos 2 mil 900 millones de dólares.
Ante esta situación no es absurdo concluir que la crisis financiera que atraviesa Venezuela es producto de una coordinación para el saqueo con fines políticos, gestionado por las bancas angloamericanas. A la estafa energética de Derwick Associates se suman la venta ilegal de CITGO, filial de la petrolera PDVSA en Estados Unidos; la apropiación del oro por la banca británica, y la quiebra predeterminada de la empresa agroindustrial Monómeros Colombovenezolanos. El sistema financiero es responsable directo de una de las peores crisis humanitarias en la historia latinoamericana por la cual se estrangula, deliberadamente, el sistema de salud y la subsistencia alimentaria del pueblo venezolano.
¿La Argentina que seremos?
El 1 de julio de 1824 la Junta de Representantes de Buenos Aires, a la cabeza del presidente Bernardino Rivadavia, firmó un multimillonario empréstito con el Banco Baring Brothers de Londres que atenazó la política internacional y las finanzas de la Argentina durante ochenta años. La hazaña de las oligarquías locales que se pensaba irrepetible se renovó en el 2018, cuando el FMI otorgó un préstamo inédito de 57.000 millones de dólares al expresidente Mauricio Macri. Como indica el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) “esta operación no fue sometida al análisis del Congreso de la Nación como está establecido en la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22 y art. 76). El mismo FMI violentó su propio estatuto y reglamento al otorgar un préstamo por mucho más de lo que estaba autorizado”.
El crédito se realizó con la venia del entonces presidente Donald Trump, quien emplazó su guerra comercial en el hemisferio buscando garantizar la solvencia de la derecha argentina para confrontarla con el bloqueo financiero de Cuba y Venezuela.
En el 2022 la jueza María Eugenia Capuchetti solicitó información al Banco Central y a la Bolsa de Valores de la Argentina sobre la presunta fuga de capitales en la que se disolvió el préstamo del FMI.
Inmediatamente después de la firma de la deuda se habilitó la compra de los títulos de deuda a corto plazo conocidos como Letras del Banco Central (Lebacs). Las Lebacs fueron vendidas a intereses altísimos para transformarlas en dólares y, finalmente, fugarlas a través de los paraísos fiscales en el extranjero. Se estima que para diciembre de 2017 se habían fugado 21.750 millones de dólares. El total llegó en 2018 a 45.000 millones, suma similar a los 44.000 que prestó el FMI.
Durante el gobierno de Macri, el 2017 cerró con una inflación del 24.8%, 46% más de lo previsto. En el 2024 la inflación acumulada de la Argentina ya alcanzó un máximo del 87%. Huelga recordar que los ministros de Javier Milei, Luís Caputo y Federico Sturzenegger, fueron piezas clave en la toma de la deuda del 2018.
En el 2017 el entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, giró a los bancos británicos por lo menos 11.000 kilos de oro avaluados en $450 millones de dólares. Y la historia se repite: este mes Sturzenegger y Caputo encubrieron el envío hacia Londres de una cantidad aún indeterminada de oro.
La trama histórica de la deuda, el saqueo y la especulación financiera, compete a la tradición entreguista de la derecha argentina. Sin embargo, la historia de esta guerra financiera contemporánea empieza el 22 de julio de 1948, cuando Juan Domingo Perón rechazó la adhesión a las conclusiones de la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods y la consiguiente incorporación al Fondo Monetario Internacional. En 1956 el dictador Pedro Eugenio Aramburu firmó el ingreso al organismo internacional, un año después del bombardeo a la Plaza de Mayo y el destierro de Perón. La intervención financiera del FMI en el ciclo dictatorial del siglo XX se recrudeció en 1976 cuando el ministro de Economía de la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, tomó una deuda de 8.000 millones de dólares que escaló en pocos años a 45.000 millones.
A la luz de esta historia presente, cobra actualidad la sentencia del nobel y militante de los derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel sobre los objetivos reales del sistema financiero alrededor de la deuda:
«La cuestión de la deuda tiene que ver con lo que fue un plan siniestro que costó vidas a los pueblos de toda América Latina y en particular aquí en Argentina con el secuestro y desaparición de personas, las torturas. La deuda no está separada de ello. Es decir, la deuda no es un problema económico, es un problema político, un problema de dominación […] la deuda es odiosa, inmoral e injusta y afecta la vida de los pueblos.»
Diana Carolina Alfonso
DiarioRed
