ATTAC Catalunya Justícia Econòmica Global
En el marco de la actual crisis económica, las Administraciones públicas de todos los niveles (estatal, autonómico, provincial y local) están llevando a cabo ajustes en los presupuestos de ingresos y gastos en un contexto de deterioro de la situación económica personal y familiar de la ciudadanía con un incremento desbocado de la cifra de personas desempleadas. Las subidas de impuestos directos e indirectos y el resto de medidas de ajuste presupuestario están ampliando la brecha de la desigualdad, y están deteriorando los pilares del Estado Social consagrados en la Constitución. Educación, Sanidad y Servicios Sociales están siendo tres de los sectores públicos en los que el deterioro está teniendo mayor repercusión, en un proceso de descapitalización mediante la rebaja de sus presupuestos, y de privatización mediante la profundización en modelos como los conciertos y otras fórmulas. Las restricciones de acceso son especialmente graves en estos tres sectores por su carácter de necesarios elementos vertebradores de la Democracia. El proceso de descapitalización del sector público sanitario está teniendo como consecuencia un grave deterioro en el pleno y universal disfrute por los ciudadanos de su derecho constitucional a la protección de la salud y al acceso efectivo a la asistencia sanitaria.
El peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es especialmente notorio en Catalunya. Bajo el paraguas de las “medidas anticrisis” hay indicios claros de privatización del sector sanitario público con el objetivo, no de mejorar el acceso a la asistencia sanitaria de la población (o en su defecto, que no se deteriore), sino de favorecer al sector sanitario privado en el que son y han sido directivos los actuales Altos Cargos con competencias sanitarias en Catalunya. Los ciudadanos que han formulado la denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya expresan muy bien el deterioro del sector sanitario público que no es explicable únicamente como una consecuencia de la crisis económica sino que se le está provocando un daño adicional con la pretensión de favorecer al sector sanitario privado.
Las actuaciones del Departament de Salut que se exponen en la denuncia, sus efectos en la realidad social, las declaraciones de los responsables políticos en la toma de decisiones y el perfil de las personas a las que se ha encomendado este giro en la política sanitaria catalana, afectadas algunas de ellas por serias cuestiones de incompatibilidad, no sólo son una muestra del profundo deterioro del sistema público sanitario, sino también de una intencionalidad privatizadora. La línea de intereses que se describen, favorecedora de los privados en detrimento del interés general, está aumentando la desigualdad social al menospreciar el derecho a la salud, como derecho universal, de los grupos sociales más desfavorecidos que sufren con más virulencia los daños producidos por la crisis económica. Y esta colusión de intereses públicos y privados ha mostrado ya su cara más evidente con casos como el del hospital de “La Seu” y las actuaciones que están siendo investigadas sobre la gestión de los recursos para atender a las Listas de Espera públicas y privadas en Hospitales públicos y concertados.
La denuncia presentada basa su argumentación jurídica en el artículo 542 del Código Penal, que tipifica como delito la actuación de los autoridad y funcionarios público “que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”, además de otros delitos que pudieran resultar de la investigación que se practique, en especial de los delitos que pudieran constituir otro u otros de omisión del deber de socorro por denegación de asistencia sanitaria u abandono de servicios sanitarios. Es un delito situado entre los que lesionan las “garantías constitucionales”. Desde un presupuesto fundamental, el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental de conformidad con las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos. Es un delito donde la lesión consiste en restringir o privar de derechos, con independencia del daño personal que pueda causarse.
Las actuaciones que se consideran indiciariamente constitutivas de delito están detalladas en el relato de hechos, en el que también se hace una puntualizada descripción del funcionamiento de la sanidad pública catalana. La reducción de prestaciones, el cierre de centros sanitarios, de plantas quirúrgicas, de consultas especializadas, la imposición de cierres forzosos de los hospitales, la reducción de la actividad concertada, la supresión de tratamientos, los recortes de personal sanitario, la paralización de mejoras y de construcción de nuevas infraestructuras, el aumento de las Listas y de los Tiempos de Espera, la supresión de tratamientos e intervenciones quirúrgicas con tiempos de espera garantizados y la modificación de la legislación vigente con el objetivo de permitir la privatización del servicio sanitario público catalán constituyen una realidad evidente, como reflejan con toda objetividad y fiabilidad las informaciones publicadas en los medios que para los denunciantes han sustituido las informaciones oficiales, ciertamente limitadas, a causa de la opacidad de la Administración sanitaria de la Generalitat, lo que también se denuncia.
También es materia analizada en el escrito la relación mercantil que tienen y han tenido los actuales Altos Cargos responsables de la sanidad catalana con el sistema sanitario privado. La corrupción es uno de los delitos que más daño hacen a la Democracia. El análisis ofrece sospechas claras y fundadas de corrupción en el sistema sanitario público catalán, basándose en todo momento en la documentación oficial a la que se refieren. Los responsables públicos de la sanidad catalana son conscientes de las consecuencias que están teniendo las decisiones que están tomando desde que asumieron sus cargos. Las declaraciones públicas de los responsables del Departament de Salut, por un lado, asumiendo aumentos en las Listas de Espera y, por otro, invitando a los ciudadanos a contratar un seguro privado, son hechos objetivos que no se pueden valorar de forma independiente: son la muestra de una estrategia con objetivos mercantilistas cuyo producto de mercado es la salud de la ciudadanía y que está provocando daños irreparables en el sistema sanitario público.
Los Altos Cargos con competencias sanitarias del Gobierno de Catalunya, en lugar de adoptar medidas en orden a corregir la sociedad desigual en que vivimos, profundizan esta desigualdad menospreciando el derecho a la salud, como derecho universal. En consecuencia, las medidas de recortes de los servicios públicos de salud están generando discriminación entre los ciudadanos, violando lo que es un principio básico de nuestra convivencia humanitaria y democrática. El Gobierno está apartándose de la obligación política y ética de respetar dichos derechos, protegerlos y proporcionar su efectiva satisfacción, causando perjuicios presentes o futuros por los que las personas afectadas, particularmente los pacientes, deben exigir reparación y responsabilidades. Ya han dicho basta los profesionales sanitarios, ahora les corresponde a los ciudadanos. Que, en este caso, han sido miembros del 15M con un elevado grado de compromiso ciudadano y de eficacia frente a la Administración. Bienvenida sea la denuncia, con la confianza puesta en la Fiscalía de Catalunya.
Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción.
Artículo de Sin Permiso: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4815
