Aprobada definitivamente la primera Ley de Cambio Climático de España

Tras su paso por el Senado, este jueves el Congreso ha dado finalmente luz verde a la ley climática, hoja de ruta para mitigar y adaptarnos al cambio climático.

Ya está. Tras años y años de retrasos, frustración y elaboración, España cuenta con su primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética para hacer frente a las causas y consecuencias del calentamiento global de la atmósfera. Este jueves, el pleno del Congreso ha dado luz verde de forma definitiva el texto tras aprobar las cinco enmiendas presentadas por el Senado (de 585 recibidas).

Una es relativa al artículo 20, en concreto, a las concesiones en el dominio público marítimo terrestre por el que los plazos no podrán superar lo establecido en la ley de costas vigente. En el caso de las instalaciones industriales, ese plazo de duración del título de concesión marcado comenzará a contar desde el inicio de la actividad industrial para la que se concedió ese permiso.

Asimismo, se pactó suprimir la disposición final duodécima del texto, en la cual se señalaba que los municipios en áreas con centrales nucleares tengan la posibilidad de participar en las decisiones relativas a los planes de residuos de estas instalaciones.

Otra de las enmiendas hace referencia a mejorar la protección de las praderas de posidonia, enmarcadas en el artículo 22 de la ley, donde se recoge que los desarrollos de energías renovables deben garantizar y mantener los valores ambientales y paisajísticos y compensar los beneficios que generan en aquellos lugares donde se aprovechan sus recursos así como las afecciones de estos desarrollos en el medio ambiente.

Objetivo: dejar de depender de los combustibles fósiles

La norma, tachada de tardía e insuficiente en su contenido, supone la hoja de ruta para descarbonizar la práctica totalidad de la economía española. Y, por delante, dos objetivos claros, uno a corto plazo y otro con vistas a mitad de siglo. En 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero deben haberse reducido al menos un 23% respecto a los niveles de 1990. Esta cifra, muy criticada por organizaciones, especialistas y partidos verdes, se revisará al alza de forma periódica a partir de 2023. Actualmente, está por debajo del 55% que se ha fijado la Unión Europea, del 65% que recientemente anunció Alemania, y del 68% de Reino Unido. Y para 2050, la meta es lograr la llamada neutralidad climática (esto no significa dejar de emitir, sino que se emitirá lo mínimo para que los gases de efecto invernadero sean absorbidos mediante bosques y otros sumideros).

Para lograr estas metas, la penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final deberá ser, al menos, un 42% durante la próxima década (actualmente es del 20%). Asimismo, se fija alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable para entonces (frente al 40% actual). Para mediados de siglo, el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.

Eso sí: todo este despliegue de las renovables «debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial», puntualiza la ley. Para ello, «perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico».

11 claves de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Más allá de los objetivos numéricos fijados, la ley establece una serie de acciones a cumplimentar durante los próximos 30 años y cuyo despliegue transformará la sociedad. En un artículo previo ya analizamos muchas de ellas, pero resaltamos algunas:

• Prohibición de otorgar nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se otorgarán nuevos permisos vinculados a recursos extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles, como es el caso del uranio. Además, quedan vetadas nuevas autorizaciones a proyectos de producción de carbón a nivel nacional, y supone el fin del fracking –técnica de la fractura hidraúlica–.
• No más tarde del año 2040 todos los coches nuevos deberán ser cero emisiones. Es decir, a partir de ese año no se podrán vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos (no destinados a usos comerciales) que emitan CO₂, principal gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global de la atmósfera. El objetivo es tener en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂.
• Será obligatorio que las gasolineras coloquen puntos de recarga de coches eléctricos. A partir de 2023, todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con infraestructuras de recarga.
• No más tarde de 2023, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán tener obligatoriamente zonas de bajas emisiones, es decir, su propio Madrid Central. Además, los de más de 20.000 habitantes también deberán aprobar zonas de bajas emisiones si superan los límites de contaminación.
• Se reformará, en el plazo de un año, la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propietarios.
• Durante los seis primeros meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno deberá crear un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana.
• Las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.
• Cada cinco años habrá un nuevo Plan de Adaptación al Cambio Climático. El último fue aprobado en septiembre de 2022.
• Se creará un comité de personas expertas en cambio climático. Su función será evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas que permitan avanzar hacia la transición ecológica. Este órgano, según recoge el texto, «desarrollará su actividad con plena autonomía» y su composición será paritaria en mujeres y hombres.
• También se pondrá en marcha una asamblea ciudadana por el clima que tiene como objetivo fomentar la implicación de la sociedad frente al calentamiento global. A diferencia de otros países, el Gobierno prevé realizar la asamblea de forma virtual.
• Se incluirá la educación ambiental en los currículos. El texto recoge la expresión «de manera transversal» en referencia a la necesidad de revisar, por parte del Gobierno, el tratamiento del cambio climático (y la sostenibilidad, otra novedad) en el currículo básico de la enseñanza.

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