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Los europeos tendrán un nuevo medio de pago disponible entre el 2026 y el 2027. ¿Qué es exactamente?
A finales de junio, la Comisión Europea entregará la primera versión de su propuesta legislativa sobre el euro digital, que el consejo de gobierno del Banco Central Europeo debería aprobar en octubre.
A partir de ese momento, el BCE daría paso a la siguiente fase de desarrollo y a las pruebas piloto, mientras el terceto institucional – Consejo, Comisión y Parlamento europeos– inicia la tramitación jurídica. Justo a tiempo para que, si nada se tuerce, quede aprobado antes de las elecciones europeas de junio del 2024. Con este calendario, se espera que entre el 2026 y el 2027 el nuevo instrumento de pago estaría accesible en los países de la eurozona.
Entender qué es el proyecto de euro digital exige decir antes lo que no es: NO es una criptomoneda. Dicho esto, ¿qué será? Una representación digital de la moneda fiduciaria europea emitida y respaldada por el BCE. Tendrá, pues, la garantía que confiere al euro físico su valor como divisa. Con este atributo de credibilidad ha sido concebido, en un mundo de digitalización creciente en el que proliferan nuevos (e imaginativos) instrumentos no supervisados ni regulados, algunos volátiles y a menudo delictivos. En esta medida, el euro digital se justifica como antídoto al bitcoin e imitadores, que han succionado una cuota de la masa monetaria.
La motivación básica, tal como quedó definida por el primer estudio lanzado en el 2019, no es otra que facilitar la coexistencia entre el dinero del BCE y otros medios de pago existentes o por crearse. Sin decirlo expresamente, los diseñadores del euro digital lo conciben como una suerte de “Bizum de alcance europeo [inexistente] pero de naturaleza pública”. Lo que sí señalan nominalmente es que la mayor parte de las transacciones electrónicas expresadas en euros están basadas en dos medios de pago, Visa y Mastercard, que son propiedad de sendas empresas estadounidenses.
Ahí entra en juego la noción de soberanía. Según Fabio Panetta, miembro del consejo del BCE y portavoz en esta materia, “para salvaguardar la estabilidad financiera, es preciso que el dinero del banco central de los europeos sea el corazón del sistema y que estemos en condiciones de ofrecer a los ciudadanos un medio de pago digital libre de riesgos y que puedan usar gratuitamente en cualquier parte de la eurozona”.
La digitalización de la actividad económica ha favorecido que distintos medios de pago privados puedan competir con el efectivo, pero es deseable la existencia de una alternativa pública que, recíprocamente, compita con aquéllos. Un runrún recurrente pregona la decadencia del efectivo: es cierto que una economía digitalizada genera esa tendencia, pero también lo es que, en veintiún años de circulación, el dinero del BCE se ha septuplicado hasta representar 1,6 billones de euros. La cifra crece a razón de un 10% anual, mientras el dólar crece al 6,5% y la libra al 5,2%. La muerte anunciada del efectivo no parece cercana.
No obstante, el dinero en metálico va perdiendo peso en las transacciones minoristas. Ha caído del 79% en 2016 al 59% en 2022, según un informe del BCE. Al mismo tiempo, la proporción de individuos que prefieren pagar en efectivo ha bajado del 32% al 22% en esos seis años. La digitalización de la sociedad implica que todos los ciudadanos tengan derecho a pagar digitalmente, pero no hay actualmente un medio de pago digital único que sea aceptado en toda la UE.
Un riesgo de la extensión de instrumentos de pago no supervisados es que podrían precipitar una fragmentación del sistema. El euro digital es la solución, según Panetta, porque “proveerá a los intermediarios financieros una plataforma para desarrollar y ofrecer servicios innovadores en toda la zona euro”.
A la hora de desarrollar esos servicios, los bancos y otras entidades podrían presentarlos como propios, acordes con sus respectivos modelos de negocio, pero con un fundamento único, la expresión digital del euro.
Hay en ello un elemento de marca. El euro es la moneda única en 20 países (más otros que, sin ser miembros de la UE, la han adoptado). Como unidad fiduciaria es la misma, pero en la práctica la única integración de los mercados digitales minoristas es la que ofrecen dos empresas extraterritoriales, lo que se califica como una carencia del modelo de construcción europea.
Otro punto clave –y fuente de controversia– es cómo van a participar los bancos privados llamados a distribuir el euro digital. Y, de paso, cómo se regularán las comisiones. Técnicamente, el modelo de distribución está definido, lo que no significa que satisfaga a todos: los bancos y otras entidades intermediarias se van a encargar de reclutar usuarios y de proporcionar un monedero virtual a quienes cumplan los requisitos (ser ciudadanos o comercios europeos o no residentes que tengan cuentas abiertas en un banco europeo) y no incurran en sospechas de blanqueo, entre otros.
El formato será un monedero digital que se cargará con una cantidad de euros por determinar; ha sido desarrollado dentro del ecosistema y será puesto a disposición de los bancos para que lo incorporen a su oferta de apps.
Está previsto un modelo de marca blanca para los que no tengan capacidad o voluntad de desarrollo, pero cada banco podrá identificar su monedero como suyo. Algunos han adelantado sus reticencias acerca del límite que podría atesorarse en un monedero: según el proyecto, entre 1.000 y 3.000 euros. No es una discusión baladí, ya que cuantos menos euros, mejor será para los intermediarios.
¿Cómo se explica? El euro digital será un medio de pago, no una forma de inversión o de ahorro. A diferencia de los depósitos, que son un pasivo de cada banco sobre el que este puede ofrecer crédito, los euros digitales serán un pasivo del BCE que cada entidad asignará a la cuenta de su cliente. El banco gestionará la aplicación, pero el dinero no aparecerá en su balance, por lo que no podrá hacer ninguna transacción con esos euros. Supone el BCE que los intermediarios podrían aguzar la inventiva para desarrollar servicios de valor añadido sobre este medio de pago. Teóricamente, porque de momento a los bancos les preocupa otra cosa: cómo van a ser compensados por su papel como distribuidores.
El BCE ha llevado la elaboración técnica hasta un punto de detalle que deja las decisiones políticas a las instituciones de la UE. Un elemento que dará mucha tela que cortar es la privacidad de los datos, asunto este que ha dado pie a la circulación de bulos sobre supuestas intenciones ocultas en el proyecto europeo. Panetta ha respondido en varias entrevistas que “los intermediarios, obviamente, están obligados a cumplir la prolija legislación europea sobre la custodia de los datos de sus clientes; en cuanto al BCE, no recogerá ni almacenará más datos que los estrictamente necesarios para que el sistema funcione”.
Norberto Gallego
La Vanguardia
