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En 2017, la consultora McKinsey Global Institute publicaba un demoledor estudio sobre los efectos de la robotización sobre el empleo: para 2030 hasta 375 millones de trabajadores en el mundo (un 14%) deberán dejar su trabajo actual para buscar otro.
Podemos pensar que no se trata más que de resucitar viejos fantasmas del pasado. Al fin y al cabo, la robotización existe desde que el mundo el mundo. Hemos experimentado tres revoluciones industriales, y hemos sobrevivido a todas ellas. Sin embargo, lo cierto es que, en la primera mitad del siglo XIX, como consecuencia de la primera revolución industrial en Inglaterra, los salarios reales permanecieron estancados en términos reales durante 50 años (1790-1840). El aumento de la productividad del trabajo derivado de la máquina de vapor se tradujo exclusivamente en el aumento de los beneficios empresariales, mientras que la participación del trabajo en la renta nacional disminuyó. Centenares de novelas han documentado este fenómeno.
Las estimaciones cuantitativas sobre los efectos esperables de la robotización ofrecen resultados que confirman esta incertidumbre. La literatura destaca dos impactos de la automatización (Dauth et al.,2021). En un primer momento, la automatización de las tecnologías genera el denominado efecto desplazamiento, en el que los robots se ocupan de tareas que realizaban los humanos. Más pronto o más tarde, sin embargo, las ganancias en productividad producidas por este primer efecto conducirán a la generación de nuevos puestos de trabajo en algún otro punto del sistema económico (efecto reasignación). Los distintos trabajos empíricos discrepan en la estimación de estos dos efectos, pero todos destacan elevados problemas en la transición.
¿Es excesiva la automatización? Según Acemoglu (2021), sí. Y además está incentivada desde el sector público, sobre todo visible a través del sistema fiscal, que grava con mucha más intensidad el trabajo que el capital, especialmente en el caso de las inversiones por automatización. Según datos de este autor, en Estados Unidos el tipo efectivo del trabajo se sitúa en torno al 25,5%, frente a un 5% de tipo efectivo medio del capital.
¿Cómo gestionar estos cambios? La formación en competencias digitales es la primera respuesta a este desafío (Rodríguez, 2021). Pero sin duda esto no va a ser suficiente. «Hasta ahora el empleo ha sido el canal de distribución de la riqueza procedente de la actividad económica, pero si el empleo falla, habrá que buscar un canal alternativo o condenar a grandes capas de la población a la pobreza.» (Rodríguez, 2021, p. 27)
Las soluciones tienen que venir inevitablemente desde la esfera pública, no cabe esperar que el mercado las resuelva automáticamente. Las soluciones egoístas rara vez coinciden con la maximización del bienestar social, más bien al contrario. Una gran empresa encontrará rentable la sustitución de sus trabajadores por robots. Con ello mejorará la calidad del producto, ampliará la producción y reducirá costes, con lo que su beneficio y su valor de cotización en los mercados aumentarán. Si además traslada la planta a un país con costes salariales más bajos, incluso desregulados, sus beneficios se multiplicarán.
Sin embargo, si este comportamiento se generaliza, el primer resultado será la aparición de grandes masas de trabajadores desempleados, desahuciados de su forma de vida. Las consecuencias económicas son evidentes, pero no hay que olvidar las consecuencias políticas y sociales. Detrás del ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos o el ascenso de la extrema derecha en Europa está un fenómeno similar, el de la globalización.
A mi modo de ver, la solución pasa por dos grandes frentes. El primero es establecer una red de seguridad estable y suficiente que sea capaz de absorber los posibles shocks derivados de la robotización, a través de una Renta Básica Universal. Para financiar esta costosa medida será necesario obtener recursos adicionales, que pueden provenir de algún tipo de impuesto a los robots.
La Renta Básica Universal consiste en un ingreso monetario igual e incondicional, pagado por el sector público, y al que cualquier ciudadano tiene derecho con independencia de su nivel de renta. Este instrumento presenta dos grandes ventajas: la simplificación y la creación de una red seguridad económica (Granell y Fuenmayor, 2016). Una Renta Básica Universal supone una herramienta muy potente para la reducción de la pobreza, ya que garantiza un nivel de renta mínimo cubre cualquier contingencia. En este sentido, la implantación de las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas desde la década de los ochenta del pasado siglo, o el reciente Ingreso Mínimo Vital, pueden ser vistos como precursores de una Renta Básica Universal.
El impuesto a los robots podría financiar una Renta Básica Universal digna. Supondría, además un factor de reequilibrio del sistema entre la aportación del capital y del trabajo. En 2017 Bill Gates inició un revuelo mediático en una entrevista en la que planteaba la posibilidad de gravar a los robots. Desde entonces, el mundo científico está abordando multitud de problemas relacionados con la imposición de los robots, y tratando de avanzar propuestas relativas a su diseño y configuración (Durán, 2019).
La imposición sobre los robots es una disciplina aún incipiente, donde existen más interrogantes que respuestas. Empezando por lo que se entiende por robot. También es necesario determinar un sujeto pasivo, y en este sentido se plantea la posibilidad de dotar al robot de personalidad jurídica, en un proceso similar se produjo con las sociedades mercantiles, paso necesario para la introducción de un impuesto sobre sociedades.
Según Oberson (2019) la imposición sobre los robots debería estar justificada tanto desde el punto de vista económico como legal. La justificación económica podría basarse en la imputación de una renta, como ocurre en nuestro impuesto sobre la renta respecto al disfrute de ciertos inmuebles. Un razonamiento similar podría aplicarse a las empresas propietarias de robots, como una especie de impuesto sobre los salarios imputados.
Desde el punto de vista legal, un impuesto a los robots debería basarse en el principio de capacidad de pago. Si en una primera fase probablemente se instrumentaría un impuesto sobre la propiedad del robot, conforme avance la configuración de su personalidad jurídica, y se ponga de manifiesto su capacidad de pago, se hará factible el gravamen, tanto a través de un impuesto sobre la renta, como a través de cotizaciones sociales. Incluso se aventuran propuestas en las que los robots podrían ser sujetos pasivos de IVA.
En resumen, parece ser que la automatización ha traído importantes cambios, sobre todo a partir del desarrollo de la inteligencia artificial. Son cambios muy profundos que están aquí para quedarse. Y todas estas modificaciones van a exigir un replanteamiento profundo de todo el proceso de generación y distribución de la riqueza, tanto entre factores productivos como entre distintos tipos de trabajadores. En esta transición hay dos piezas que serán fundamentales, si queremos mantener la viabilidad del sistema. Me refiero a la Renta Básica Universal y a la Imposición sobre los Robots.
Amadeo Fuenmayor Fernández Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Valencia, Abril 2021
