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En la política monetaria del BCE hay «una estrategia de clase», asegura el economista Fernando Luengo. Lo que busca es empujar las economías a la recesión, aumentar el paro para bajar los salarios, debilitar los sindicatos y volver a las políticas de austeridad.
El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener la política de altos tipos de interés. La última subida se ha producido hace unos días, situándolos en el 4,5%, una cota que no se alcanzaba desde 2001. Christine Lagarde, su presidenta, anunció esta medida, al tiempo que proclamó que se mantendría una política de tipos altos mientras los niveles de inflación se mantuvieran tan lejos del objetivo del 2%.
Una política que está centrada en la contención de la demanda, ¿es la adecuada cuando las causas de fondo de la inflación tienen que ver, sobre todo, con un problema de oferta? A la vista de los discretos resultados obtenidos hasta el momento, la contestación es, evidentemente, negativa. Pero no es mi intención en estas líneas intervenir en este debate, que, sin duda, es trascendente.
Desde otro punto de vista, el que me interesa abordar aquí, hay que decir que la estrategia adoptada por el BCE está cosechando los resultados perseguidos; hay una lógica en la aparentemente errónea política llevada a cabo por esta institución.
Elevando los tipos de interés –en otras palabras, encareciendo el coste del dinero– se empuja a las economías a la recesión. Algunas ya están en ella –según las previsiones del Fondo Monetario Internacional para 2023, la alemana, por ejemplo, experimentará una caída del 0,3% en su Producto Interior Bruto– y otras, como la nuestra, están experimentando una notable desaceleración en su ritmo de crecimiento.
Se espera que las empresas, en un escenario marcadamente adverso, con retrocesos en la inversión y el consumo y con aumentos en los niveles de deuda, procederán a ajustar sus plantillas a la baja, enseñando la puerta a una parte de sus trabajadores y trabajadoras. En cuanto a los gobiernos, atrapados en un endeudamiento en alza y teniendo en cuenta el horizonte de un previsible retorno a las políticas de austeridad presupuestaria ejecutadas desde Bruselas, reducirán o congelarán sus programas de contratación de personal.
Se espera (el BCE espera) que el consiguiente aumento del desempleo –por cierto, el real es muy superior al reflejado en las estadísticas estándar– presionará a la baja sobre los salarios: más personas buscando un empleo, más competencia entre los trabajadores, más disposición a aceptar las exigencias de los empresarios.
Todo ello en el convencimiento, muy asentado en el pensamiento económico conservador y, desgraciadamente, muy presente en la enseñanza de la economía en las universidades y en las políticas económicas aplicadas por gobiernos e instituciones, de que existe una relación estructural entre las retribuciones de los trabajadores y el comportamiento de los precios: si las primeras se moderan o retroceden, las tensiones inflacionistas quedarán contenidas. Como en tantas otras cosas, poco importa que la evidencia empírica en modo alguno respalde este planteamiento… la ideología y los intereses que alimenta juegan en otra liga. En la economía española y en el conjunto de las economías comunitarias el crecimiento de los costes laborales, cuando crecen, es sensiblemente inferior al de los precios; de hecho, la pérdida de capacidad adquisitiva está siendo muy importante. Hay que ser conscientes, además, que los costes laborales representan una parte relativamente pequeña de los costes totales que soportan las empresas.
Una estrategia muy bien pensada
En realidad, el objetivo perseguido por el BCE es alcanzar una «tasa de paro no aceleradora de la inflación» (NAIRU, en sus siglas en inglés). Reparemos en las implicaciones de esta tesis. La economía tiene que convivir con un nivel de desempleo –que algunos economistas, conservadores y no tan conservadores, sitúan en el entorno del 8%/10%– si se quieren mantener los precios bajo control… ¡a quien le importa los trabajadores atrapados en esta situación!, ¡el colmo de la indecencia!
Como siempre, los ámbitos de la economía y la política se solapan, componiendo una realidad matizada, compleja e intrincada. Detrás de esta estrategia económica hay un objetivo político: debilitar las organizaciones sindicales –que ya lo están y mucho–, perdiendo legitimidad ante los trabajadores y las trabajadoras que deberían representar. También quedaría comprometida la de un sector social público, atrapado en la (i)lógica de los recortes presupuestarios.
En resumen, no veamos en la persistente política antiinflacionista implementada por el BCE (y el resto de los bancos centrales) una rigidez a primera vista inexplicable o un dogmatismo ideológico. Por supuesto, existe rigidez y dogmatismo en esa hoja de ruta, pero hay mucho más. Hay toda una estrategia de clase destinada a preservar y fortalecer los privilegios de las élites.
Fernando Luengo
La Marea
