ATTAC Catalunya Justícia Econòmica Global
Tras más de 5 años de austeridad impuesta desde la UE en connivencia con los gobiernos de Zapatero y Rajoy, los llamados municipios del cambio empiezan a rebelarse contra ella.
Tras más de 5 años de austeridad impuesta desde la UE en connivencia con los gobiernos de Zapatero y Rajoy, los llamados municipios del cambio empiezan a rebelarse contra ella. Primero se modificó el artículo 135 de la Constitución Española para dar prioridad absoluta al pago de los intereses de la deuda, y después llegaron leyes ‘austeritarias’ como la Ley de Estabilidad Presupuestaria o la ‘Ley Montoro’ de Administración Local. La aplicación de estas normas socava la autonomía de ayuntamientos y gobiernos autonómicos y ataca los derechos de la ciudadanía. Consideramos que éstas son unas legislaciones profundamente injustas que se han impuesto sin legitimidad democrática. De hecho, la ‘Ley Montoro’ ha sido declarada parcialmente inconstitucional.
La socialización de las pérdidas que supuso el rescate a la banca española, ha continuado con medidas como el Plan de Pago a Proveedores (FFPP) de los ayuntamientos o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que en vez de servir a los intereses generales, en realidad a quien ha servido es a los bancos, que aplican a las Administraciones Públicas unas tasas de interés abusivas hasta 26 veces superiores a las que el Banco Central Europeo aplica a las entidades financieras. Tanto el Plan de Pago a Proveedores como el FLA han contribuido a inflar la deuda pública de manera ilegítima a ayuntamientos y comunidades.
En el Ayuntamiento del cambio de Cádiz, siendo alcalde José María González ‘Kichi’, el equipo de gobierno formado por Sí Se Puede Cádiz y Ganar Cádiz presentó una moción en este sentido el 20 de noviembre de 2015 que no fue aprobada. Dicha moción, muy bien fundamentada, calculaba que la deuda de 90 millones de euros adquirida a través del Plan de Pago a Proveedores (FFPP) había generado un sobrecoste de 14 millones de euros en concepto de intereses abusivos. El equipo de gobierno consideró que la ilegitimidad de parte de la deuda radicaba principalmente en los intereses sobre los cuales se habían establecido los préstamos, en clara diferencia sobre aquellos a los que el Banco Central Europeo (BCE) presta dinero. Hasta 13 veces más cobraron en intereses los bancos a los ayuntamientos (al 3,34%) en relación al dinero recibido del BCE (al 0,25%).
Otro elemento de ilegitimidad de estos Plan de Pago a Proveedores y FLA es que han sido utilizados de manera electoralista por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, ya no sólo en beneficio de la banca, sino también del Partido Popular. Así, en 2015, año electoral, eliminó los intereses que los municipios tenían que pagar a los bancos ese año y rebajó a partir de 2016, la tasa que cobran los bancos al 1,31% por un periodo de 7 años. Esto quiere decir que si Rajoy, por decisión del Gobierno, impone a los bancos cobrar menos tasas de interés, las que cobraban antes eran claramente abusivas. Además, demuestra que, cuando le interesa, hasta el Gobierno del PP puede tomar decisiones contra los bancos para aliviar la deuda. Ahora bien, el 1,31% de interés sigue siendo abusivo, teniendo en cuenta que desde marzo de 2016 estos bancos se financian con el BCE al 0%.
Pero es que, además, el Plan de Pago a Proveedores se puede utilizar como una forma de blanquear deudas ilegales. Si la auditoría muestra que años atrás un municipio contrató una deuda comercial con una empresa de manera ilegal, el Plan de Pago a Proveedores transforma esa deuda comercial en deuda financiera, pasando de tener como acreedor a un banco en lugar de a un proveedor. Esa reestructuración de deuda, comparable a la que se ha realizado en Latinoamérica o Grecia, se hace en interés de la banca y además contribuye a blanquear esa deuda ilegal. Si se cometió un delito en el momento de contraer esa deuda, al transformar la deuda, el delito no desaparece, aunque la operación tuviera también ese propósito. Si una deuda es ilegal, la deuda se tiene que anular, el delito que la ha originado permanece.
En este año 2016 ‘en funciones’, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha dejado de aplicar la austeridad, obedeciendo servilmente a una Comisión Europea cada día más débil y desacreditada. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, el mismo que firmó la amnistía fiscal de 2012, se ha dedicado a enviar cartas intimidatorias a los ayuntamientos, ordenando el cierre de empresas municipales que ofrecen servicios públicos fundamentales como la depuración del agua o el transporte urbano. Su “matonismo político” provocó que los ayuntamientos se levantaran en pie de guerra y que hasta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por un alcalde del PSOE, planteara una moratoria de la ‘Ley Montoro’.
La exigencia de ajuste a las Corporaciones Locales es sangrante, toda vez que son las menos endeudadas, con un 3,2%, en comparación con el 24,9% de las CCAA y el 88% de la Administración Central. El total de la deuda pública en el segundo trimestre de 2016 alcanzó el 101% del PIB.
Tampoco se han librado de las presiones de Montoro las Comunidades Autónomas (CCAA), a las que ha exigido ajustes chantajeándolas con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). También en ese caso, salió trasquilado. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -coordinador de la actividad financiera de las Comunidades y la Hacienda del Estado- del pasado abril, entre todas las CCAA de todos los colores políticos “prácticamente hubo consenso absoluto en disentir de la política de reparto de déficit, así como del objetivo marcado por Bruselas”.
En esta defensa de la soberanía popular y de la dignidad contra la austeridad y la dictadura de la deuda se enmarca la actividad que realizamos en el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), desde donde promovemos la realización de auditorías ciudadanas que esta guía ayuda a comprender y a poner en marcha. Es necesario el apoyo de los gobiernos del cambio a la voluntad de la ciudadanía de identificar las deudas ilegítimas. Los gobiernos del cambio deberían estimular y brindar su apoyo a las auditorías, que no pueden ser un mero ejercicio democrático, tienen que desembocar sobre una práctica para acabar con el pago de las deudas ilegítimas y para enjuiciar a los culpables.
Si se paga a los acreedores, nuestra deuda no es su problema. Como bien dice un proverbio popular: si tenéis una deuda de 1.000 euros con vuestro banco y no podéis pagarle, el problema es vuestro. Si la deuda fuera de 10 millones y no se paga, el problema es del banco.
Sabemos que nada de esto será posible sin la necesaria movilización. Si el movimiento ciudadano, los movimientos sociales, la/os militantes y miembros de las fuerzas de izquierda abandonan la cuestión del rechazo al pago de la deuda ilegítima en el Estado Español y se limitan a pedir una mera reestructuración de la deuda, se tendrá una experiencia decepcionante como la griega. Por consiguiente, es necesario mantener la importancia de este combate y movilizarse sin escatimar energía en esa batalla.
El ejemplo más reciente es el Manifiesto de Oviedo, que propone un frente de municipios, CCAA y nacionalidades del Estado español contra la deuda ilegítima, que ya ha sido apoyado por más de 600 regidora/es, concejala/es y diputada/os de distintos territorios y de distintos partidos políticos y que está abierto a movimientos sociales, activistas y ciudadanía.
Fátima Martín
Periodista. Miembro de la PACD y de CADTM Estado español
Éric Toussaint
Doctor en ciencias políticas por la universidad de Lieja y Paris VIII, historiador de formación y portavoz del CADTM Internacional
Otras miradas; blog de Público.es
=================
Manifiesto de Oviedo
Más de 580 cargos electos entre regidora/es, concejala/es, diputada/os y eurodiputada/os han firmado el Manifiesto de Oviedo: un frente contra la deuda ilegítima que se presentó este miércoles, 19 de octubre, en el Congreso de los Diputados.
Entre los firmantes figuran más de 40 alcaldes/as de todos los territorios del Estado español, cientos de concejala/es, decenas de diputada/os provinciales, estatales y europea/os de distintos partidos políticos.
A partir de ahora se abre con entusiasmo la lista de firmas a los activistas, a los movimientos sociales, a las personalidades que quieran apoyar, o mejor, ser parte activa de este proceso en construcción. Enviad las firmas a: manifestodeoviedofirmas@gmail.com
Nosotra/os, concejala/es, diputada/os, activistas y ciudadana/os, conscientes de la necesidad de un verdadero cambio en las políticas, desde municipales hasta estatales, rechazamos el endeudamiento ilegítimo y la austeridad que impiden garantizar derechos, servicios de calidad y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos.
Consideramos la modificación del Artículo 135 de la Constitución de 2011, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la ’Ley Montoro’ de la Administración Local unas legislaciones profundamente injustas que se han impuesto sin legitimidad democrática. De hecho, la ’Ley Montoro’ ha sido declarada parcialmente inconstitucional. La aplicación de estas normas socava la autonomía de ayuntamientos y gobiernos autonómicos y ataca los derechos de la ciudadanía.
La socialización de las pérdidas que supuso el rescate a la banca española -disparó la deuda y el déficit en 2012-, se sigue promoviendo con medidas como el Plan de Pago a Proveedores (FFPP) de los ayuntamientos o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que lejos de servir a los intereses generales, en realidad a quien ha servido es a los bancos, convirtiendo deuda comercial en deuda financiera y aplicando a las Administraciones Públicas unas tasas de interés abusivas hasta 26 veces superiores a las que el BCE aplica a las entidades financieras. Tanto en los ayuntamientos y comunidades sobreendeudados por obras faraónicas e inútiles, pelotazos urbanísticos, sobrefacturaciones, sobornos y todo tipo de corruptelas, como en administraciones en principio saneadas, el Plan de Pago a Proveedores y el FLA han inflado la deuda pública de manera ilegítima.
El Gobierno ha demostrado que cuando le interesa sí alivia la deuda. Así, en 2015, año electoral, el Gobierno de Rajoy eliminó los intereses que los municipios tenían que pagar a los bancos y los postergó al año siguiente, imponiendo incluso a los bancos una rebaja en los intereses durante siete años, reconociendo así que éstos eran claramente abusivos.
Llevamos desde 2010 soportando unos salvajes recortes económicos y de derechos. En el último año, el Gobierno, pese a estar en funciones, ha seguido aplicando la austeridad impuesta desde la UE, con especial saña hacia ayuntamientos, que son las corporaciones más cercanas a la población, y CCAA, encargadas de cubrir necesidades básicas como la educación o la sanidad, aunque son las Administraciones Públicas menos endeudadas (un 3,2% y un 24,9%, respectivamente, en comparación con el 88% de la Administración Central). El total de la deuda pública en el segundo trimestre de 2016 alcanzó el 101% del PIB, según el Banco de España, al 13 de octubre de 2016.
Por todo ello, exigimos:
Un cambio radical de la política de asfixia financiera aplicada por el Gobierno Central hacia ayuntamientos y Comunidades Autónomas (CCAA)
La derogación de la reforma del Artículo 135 de la Constitución de 2011, la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La devolución por parte de los bancos de los intereses abusivos cobrados.
El cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas.
Y nos comprometemos:
A apoyar la constitución de un frente formado por los municipios, las Comunidades Autónomas y las nacionalidades del Estado español que cuestione la deuda ilegítima y que trabaje para su anulación; un frente que permita romper el aislamiento y la fragmentación; un frente que permita tomar iniciativas para cambiar de manera favorable la correlación de fuerzas respecto al Gobierno; un frente donde los municipios fuertes brinden apoyo a los más débiles y más afectados por las deudas ilegítimas; un frente para tomar iniciativas y llevar a cabo acciones para liberarse del yugo de la deuda ilegítima y que permitan encontrar financiación legítima para garantizar a la ciudadanía el gozo de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.
Deben iniciarse procesos de auditorías con participación ciudadana de la deuda de nuestras Administraciones Públicas y reclamar la anulación de las deudas identificadas como ilegítimas que hayan favorecido al interés particular de una minoría privilegiada y en contra de los intereses de la/os ciudadana/os.
http://www.cadtm.org/Manifiesto-de-Oviedo
