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El Banco de España ha alertado al Gobierno de que, una vez controlada la pandemia, será necesario subir los impuestos y mejorar la eficiencia del gasto público.
Carlos Cruzado – nuevatribuna.es
«En cuanto al papel de los impuestos, la mejora de su capacidad recaudatoria y su eficiencia también deberá ser una prioridad, para lo cual la comparación con el resto de los países europeos puede servir de guía. En este sentido, si se utiliza como referencia el cociente entre la recaudación total y el PIB, este se situó el año pasado en aproximadamente el 35%, unos seis puntos por debajo del nivel alcanzado en el conjunto del área del euro», aseguraba esta semana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el Congreso de los Diputados.
Lo cierto es que, partiendo de que España ingresa entre 60.000 y 75.000 millones menos respectivamente que la UE-27 y la Zona euro, si se pusieran en marcha una serie medidas, se podría recuperar esa recaudación a medio plazo.
Sólo a lo largo del próximo ejercicio sería posible aumentar la recaudación en casi 40.000 millones de euros, tal y como hemos hecho saber desde las Plataformas por la Justicia Fiscal de España, integradas por más de un millar de organizaciones sociales y sindicales -entre las que se encuentra Gestha-, a la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, donde hemos remitido una batería de 67 medidas.
La mitad del montante total, unos 21.000 millones, provendría de un recargo de solidaridad entre el 1 y el 3,5% sobre la riqueza acumulada por encima del millón de euros, incluidas las acciones y participaciones en sociedades, singularmente las SICAV u otras de inversión en bienes inmuebles. Dicha cuantía se alcanzaría tomando como base la riqueza realmente acumulada y no sólo la declarada actualmente en el Impuesto sobre Patrimonio. Por tanto, sería necesario poner en marcha, en paralelo a la implementación de dicho recargo, una intensificación de las actuaciones de control tributario sobre grandes patrimonios, dedicando los medios necesarios a tal fin. La finalidad de este recargo sería la financiación del coste de las medidas sanitarias provocado por la pandemia, mientras entren en vigor otras medidas de calado entre 2022 y 2024, tras la reforma del modelo de financiación autonómica y local o los acuerdos en la OCDE para que las multinacionales paguen en el lugar donde obtienen sus beneficios.
Y entre las medidas propuestas destacan todas las destinadas a reducir la economía sumergida, que superaría la política de contención del fraude fiscal. Con ellas, estimamos que entre 2021 y 2024 podría reducirse la economía sumergida en 10 puntos porcentuales y recaudar unos 38.500 millones, que se pierden por culpa de la evasión, principalmente, de multinacionales, corporaciones empresariales y grandes fortunas.
Asimismo, planteamos 10 medidas para mejorar el control del gasto público, para promover el uso eficiente de los recursos públicos, estableciendo indicadores que midan la calidad del servicio, contando con un control posterior que permita la investigación de irregularidades y corrupción, y con un control que garantice que los servicios públicos externalizados no pueden ser prestados en ningún caso con medios propios de la Administración de forma indefinida en el tiempo. Y consideramos esencial establecer un régimen de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto, al margen de las contables, administrativas y penales, así como al órgano que ejerce el control, para evitar dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco viables o ineficientes.
El Banco de España ha alertado al Gobierno de que, una vez controlada la pandemia, será necesario subir los impuestos y mejorar la eficiencia del gasto público para poder reducir progresivamente el déficit público y el nivel de deuda sobre PIB. Alternativas, pues, hay. La urgencia es máxima.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
