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La patronal Aqua España, en la que están Aqualia, Acciona o Sacyr, posee un canal privilegiado para orientar las inversiones. El mantra de la colaboración público-privada encubre la subordinación a los intereses empresariales.
La sequía en la que ya estamos de nuevo inmersos, agudizada por los embates del cambio climático, ha venido a desatar otra vez las guerras del agua. Frente a unas perspectivas de una menor disponibilidad de este recurso vital, tenemos tres opciones para resolver o al menos minimizar el problema: reducir las demandas, aumentar la eficiencia en su gestión y multiplicar la oferta. La respuesta de las Confederaciones Hidrográficas, que acaban de aprobar el tercer ciclo de planificación 2022-2027, se dirige a la última opción de manera preferente, incrementando las obras hidráulicas, trasvases y desaladoras sobre todo, sin acometer el compromiso básico para una gestión sostenible del agua: reducir la superficie de regadío, responsable de más del 85 % del consumo hídrico en España.
Además, la maldición de la eficiencia también se cumple aquí: mejoras en el aprovechamiento de los recursos de agua disponibles desatan nuevas demandas para continuar con los consumos anteriores. De los sistemas de riego, goteo, aspersión y a manta, el primero es el más eficiente, pero también reduce los retornos a ríos y acuíferos para poder mantener caudales ecológicos. Cultivos altamente eficientes, como son los invernaderos bajo plástico del Poniente almeriense o los frutos rojos de Huelva, devuelven nada a las escorrentías, además de sufrir el talón de Aquiles de la disponibilidad del agua.
Así como somos conscientes del poder omnímodo que tiene el lobby energético a la hora de dictar las políticas de suministro eléctrico y de hidrocarburos, es mucho menos conocido que también estamos a merced de otro lobby poderoso, el de las grandes (en tamaño) empresas del llamado ciclo integral del agua, las que ofertan las infraestructuras de aducción y de saneamiento, gestionándolas también en muchos casos. La patronal Aqua España, en la que están Aqualia, Acciona, Sacyr…, dispone de un canal privilegiado para seguir orientando las inversiones en materia de aguas. Las posibilidades para los colectivos sociales de influir en estas políticas en los consejos consultivos y las mesas del agua palidecen frente a la capacidad de influencia de estos sectores, al igual que ocurre con las asociaciones de regantes. El mantra de la colaboración público-privada encubre una real subordinación de la planificación y de la gestión del agua a los intereses privados de estas empresas.
De los cuatro millones y medio de hectáreas de regadío que existen en España, una parte de ellas son insostenibles, por no poder asegurar el suministro hídrico en escenarios de déficit de agua que pueden llevarnos al colapso hídrico. Necesitamos por tanto un programa para recuperar cultivos tradicionales y sistemas de manejo agrícola que combinen, por ejemplo, rastrojeras-leguminosas-cereal-barbecho y girasol, de forma que los requerimientos de agua disminuyan. Estos métodos son mucho menos rentables y generan menos valor añadido que el regadío intensivo, por lo que tanto las administraciones europeas (Política Agraria Común) como las estatales y autonómicas tienen la obligación de remunerar estas prácticas agroambientales, que reducen la carga química de pesticidas y abonos, necesitan menos agua y fijan población en el medio rural. La política suicida de potenciar cultivos con alta demanda de agua –frutos rojos, cultivos tropicales, olivar intensivo, viñedo de regadío…– no es que no tenga futuro, ni siquiera asegura el presente.
El derecho humano al agua fue establecido por las Naciones Unidas en 2010, otorgando a todas las personas “el derecho a agua suficiente, segura, adecuada, físicamente accesible y asequible para usos personales y domésticos”. A falta de que sea reconocido y amparado por nuestra Constitución, es hora de priorizar usos, asegurar el suministro básico vital y detraer consumos insostenibles e inaceptables.
Solo dos apuntes más para llevar a cabo esta regeneración (mejor que reconversión) hídrica.
El plan DSEAR (Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización de las Aguas), del Ministerio de Transición Ecológica, cobija, bajo tan retumbantes palabras, prácticas que ya han cosechado fracasos generalizados. Seguimos sin depurar convenientemente las aguas residuales, incumpliendo una Directiva ¡de 1991! y la Directiva Marco de Aguas. Más depuradoras y más desaladoras presentan limitaciones y debilidades; las aguas regeneradas procedentes del tratamiento terciario deben destinarse a recarga de acuíferos, riegos y limpieza urbana y no a regar campos de golf, como ocurre en la actualidad. Un campo de golf consume de 7.000 a 13.500 m3 de agua por hectárea y año ¡y en España tenemos 430! Limitar este enorme uso suntuario, así como el de las piscinas privadas, es un imperativo.
El agua subterránea es otra parte del recurso hídrico maltratado, contaminado y mal gestionado. Hay acuíferos sobreexplotados y contaminados; el acuífero 23 de La Mancha Occidental y el 27 Almonte-Marismas de Doñana son paradigmas de abuso. Sin embargo, otros están ignorados y no evaluados. Habría que empezar por poner caudalímetros en todos los pozos, porque recurso que no se cuantifica, se despilfarra. La distinción que establece la legislación entre extracciones de menos de 7.000 m3 al año, que no se facturan, y de más de 7.000, carece de justificación: todas las captaciones deben pasar por caja.
Por último, una herramienta para tener a toda la población más y mejor preparada (más resiliente) frente a estos preocupantes escenarios de déficit hídrico, es la participación social activa. Allí donde se han desplegado buenos programas de sensibilización, se han alcanzado resultados notables de ahorro de agua. La Fundación Nueva Cultura del Agua así lo proclama:
“Vemos preciso introducir cambios profundos en nuestras escalas de valores y en nuestro modelo de vida. Necesitamos una ética que reoriente nuestras relaciones sociales en torno a los usos y la percepción del agua y de la naturaleza en general”.
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Daniel López Marijuán es geólogo y activista de Ecologistas en Acción Andalucía.
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