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En España se calcula que el monto de fraude, evasión y elusión asciende a unos 60.000 millones de euros. Este fraude se combate, con unos medios limitados, desde la Agencia Tributaria (AEAT). Se considera que el 70% de este fraude es causado por grandes empresas o grandes fortunas.
Nuestro fraude está en torno al doble de la media europea, por lo que, si se lucha contra él con todos los medios, solo con igualar la media europea, podría reducirse en unos 30.000 millones de euros.
Este volumen de fraude tiene un peso importante en que la presión fiscal que tenemos en España –los impuestos que se cobran con respecto a la cifra de PIB– sea tan baja comparada con la Eurozona. Esta diferencia representa aproximadamente un 6% del PIB menos de ingresos, o sea unos 70.000 millones de euros.
Vamos a analizar POR QUÉ tenemos ese enorme fraude:
A la situación anterior hay que sumarle que el volumen de jueces y fiscales que tenemos en España es la mitad que el del resto de Europa, y que su formación en temas fiscales es muy limitada, por lo que incluso en el supuesto de haberse detectado y perseguido en el corto plazo de 5 años, se tardarán otros muchos años en lograr tener una sentencia que les condene. Hay que mencionar también las diversas argucias legales que sin duda utilizan los bufetes que asesoran a los grandes defraudadores, para dilatar y llegar a atenuar o anular enormemente las penas.
CONCLUSION: si el volumen de personal de inspección es muy reducido, y más todavía para investigar a los grandes defraudadores, y los pocos que hay solo tienen un plazo de 4 años para “pillarlos”, el resultado es evidente: España es un buen país para el gran fraude fiscal.
Y así seguirá siendo si no se modifica el Proyecto de Ley contra el Fraude actualmente en el Congreso de los Diputados, ya que no incluye ninguna de estas mejoras necesarias para reducir ese fraude: no aumenta la plantilla, no aumenta el techo de inspección de los técnicos, no aumenta el plazo de prescripción de la investigación ni tampoco el del delito fiscal.
La Plataforma por la Justicia Fiscal, la mayor coalición de la sociedad civil en fiscalidad, ha solicitado estos cambios en la Ley contra el fraude. Estas propuestas están incluidas en las enmiendas presentadas pero deben aprobarse en el Congreso.
Desde el punto de vista económico, solo la primera de nuestras propuestas, aumentar la plantilla, tiene algún coste. Pero es que la AEAT ha disminuido su gente de unos 28.000 en 2008 a unas 25.000 en 2020. Este mayor coste en inspección fiscal es en realidad una inversión, no un gasto, porque producirán muchos beneficios para el resto del Estado en muy poco tiempo.
El resto de propuestas que la Plataforma por la Justicia fiscal está haciendo no tiene coste económico ni político para los españoles y es evidente que de esa forma se podría reducir el gran fraude y mejorar los ingresos para toda España.
Miguel Gorospe coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal
infoLibre 20/04/2021
