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La sentencia a favor del beneficioso trato de Irlanda a Apple da vía libre a la competencia desleal y quiebra la lucha contra los paraísos tributarios
La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que exonera a Apple de pagar 13.000 millones de euros al erario irlandés crea un precedente preocupante. Frente a la tesis comunitaria de que el trato fiscal dispensado por Irlanda a la empresa vulnera las reglas básicas de la competencia, fundamento del mercado único, los jueces han entendido que en este caso no concurren las circunstancias recogidas en el artículo 107 del Tratado de la Unión, que fija como incompatibles con la unidad de mercado «las ayudas otorgadas por los estados» que «falseen o amenacen falsear la competencia». Por el contrario, estima el tribunal que el rango tributario de Apple se atuvo a lo establecido por la legislación irlandesa y no debe asimilarse a una ayuda directa de un Estado a una empresa.
Se mire por donde se mire, el fallo favorece el ‘dumping’ fiscal, que además de Irlanda practican de forma más o menos abierta Holanda y Luxemburgo, y hace del todo imposible cualquier avance en materia de convergencia impositiva. Si los estados pueden optar por dispensar trato de favor a grandes empresas –Apple no es el único caso–, sin que quepa considerarse tal conducta una forma de ayuda encubierta, no hay duda de que se da vía libre a la competencia desleal y se quiebra el combate contra los paraísos fiscales dentro y fuera de la Unión Europea. Y con ser esto grave, lo es aún más que tal norma de conducta «priva a las arcas públicas y a los ciudadanos de inversiones muy necesarias, todavía más en tiempos de crisis», como argumenta la comisaria Margrethe Vestager.
Es un eufemismo hablar de fiscalidad agresiva en el caso de Irlanda y de otros países. Se trata, por el contrario, de una estrategia encaminada a atraer a multinacionales con cifras de facturación estratosféricas mediante la promesa de que sus obligaciones fiscales serán poco más que simbólicas. Tal comportamiento daña la cohesión europea e impide a Bruselas fijar unas reglas fiscales mínimas para todos los socios de la UE. Para evitar tales perjuicios, además de recurrir la sentencia, los Veintisiete deberán plantearse en algún momento una revisión de la legislación en materia tributaria para impedir que prosperen interpretaciones del todo insostenibles.
El Periódico jueves 16-07-2020
