ATTAC Catalunya Justícia Econòmica Global
La crisis de la Covidien-19 ha acelerado la transición hacia una economía mucho más digitalizada, pero también ha barrido la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de fin de año en el marco de la OCDE para establecer nuevas reglas sobre la tributación de los grandes grupos empresariales, tal como estaba previsto. En este artículo, la Plataforma por una Fiscalidad Justa Ambiental y Solidaria explica cuál es la situación actual en esta materia y cómo operan las empresas en paraísos fiscales. Este artículo forma parte de la serie de colaboraciones de opinión y análisis que la ‘Directa’ pone a disposición de varios espacios y colectivos sociales
Susana Ruiz, Miembro de Oxfam Intermón y de la Plataforma por una Fiscalidad Justa Ambiental y Solidaria
El sistema fiscal internacional, tal como hoy existe, es un anacronismo total. Diseñado hace unos cien años, pensado para modelos de negocio más simples, cadenas de valor menos globalizadas, y sin anticipar que el peso de los intangibles contaría tanto. En esta nueva realidad económica, lo que no vemos, cuenta más. El valor de la marca, las patentes, los servicios de acceso a los mercados, el tratamiento de datos y usuarios … un nuevo maná difícil de controlar, monetizar y, por tanto, tratar desde un punto de vista fiscal. Además, tiene un reto añadido: la alta movilidad. Es fácil situar o registrar estos elementos intangibles en cualquier jurisdicción. Así se han ido configurando muchos de los grandes entramados societarios actuales: con filiales vacías de estructura física, oficinas o empleados permanentes, que de una forma natural se han ido situando en paraísos fiscales o jurisdicciones de muy baja tributación y grandes facilidades fiscales.
La cuadratura del círculo surge con el boom de las plataformas y los gigantes digitales. Muchas de estas operaciones pueden realizarse extraterritorialmente, Controladas desde fuera del mercado en el que se desarrollan, desde un paraíso fiscal en general, y por tanto, sin presencia física a efectos fiscales. Así es como se da la aparente incongruencia de tener empresas con actividad real, concreta y física en un mercado, pero sin presencia fiscal. Un desajuste total en el diseño del sistema fiscal que ha supuesto ahorros de millones y millones de euros para estas grandes empresas y que ha ido debilitando los estados de bienestar. El sistema fiscal internacional no estaba preparado para ello y era obvio que se necesitaba una revisión en profundidad. Así nació el plan BEPS (acrónimo de «Base Erosion and Profit Shifting», en catalán Erosión de la base imponible y traslado de beneficios) y su versión 2.0, para responder justamente a estos retos que plantea la digitalización de la economía.
La OCDE, quien lidera este proceso en el que ya están participando 137 países, planteó un proceso en torno a dos ejes llamados pilares. El Pilar 1 pretendía justamente responder a la necesidad de romper los rígidos dogmas del diseño actual y explorar una redistribución de los derechos tributarios (donde toca que cada empresa tribute) considerando sus beneficios globales y una asignación a cada mercado sobre la base de una fórmula teóricamente objetiva (por ejemplo, en función de las ventas, número de trabajadores o activos). El Pilar 2, en cambio, respondía a la necesidad de evitar la competencia entre países, a través de rebajas en los tipos impositivos o con más incentivos tributarios. Entre ambos, un objetivo aparentemente simple: conseguir que se tribute allí donde se genera valor económico real, con un piso mínimo. De un golpe, se acabaría con los paraísos fiscales, la competencia desleal y los juegos de ingeniería fiscal.
Este plan ambicioso y conceptualmente rompedor podría haber permitido recuperar equidad en el diseño tributario internacional, que ahora favorece sin pudor a las grandes empresas de los países más ricos, en los que se alojan las matrices de los grandes grupos, mientras se hace la vista gorda ante los abusos en paraísos fiscales. Sin embargo, se ha topado una y otra con la falta de voluntad política de algunos gobiernos, esencialmente de países ricos, que se resisten a ceder territorialidad fiscal. Los Estados Unidos, Irlanda o China han ido frenando este proceso. En el caso de Estados Unidos, incluso saboteando las negociaciones con amenazas explícitas.
Ya desde hace un par de años, ante la falta de consenso posible en el corto plazo, algunos países como Francia o la India plantearon medidas temporales y compensatorias para conseguir grabar al menos parcialmente estas actividades. Así nació la famosa tasa Google o tasa GAFA. El resorte de Estados Unidos fue activar sanciones comerciales, especialmente duras contra Francia, que obligaron al gobierno de Macron a congelar temporalmente la recaudación de este impuesto hasta finales de año. Porque el objetivo era todavía conseguir un acuerdo global, en la cumbre del G-20 de jefes de estado y de gobierno a celebrar en noviembre de este año en Riad, Arabia Saudita. Y en estas llegó la crisis de la Covidien-19. Desde marzo de este año, la atención de los gobiernos ha sido en la respuesta a la urgencia sanitaria, con paquetes de medidas fiscales y económicas. Las energías para un proceso tan complejo y desgastador han desplazado en gran manera a la respuesta nacional.
Este proceso, en teoría multilateral, se ha convertido en un pulso a dos: los Estados Unidos frente a la UE. El resto de los países han quedado casi al margen excepto China, que como siempre juega soterradamente para defender sus intereses. De hecho, la proximidad de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para noviembre de este año, añadió una vuelta de tuerca. Desde un punto de vista de campaña electoral, es inviable que Estados Unidos valide un proceso que supondría una mayor factura fiscal para sus grandes tecnológicas. En realidad, la parte justa que les corresponde. Por eso hace algunas semanas amenazaron retirarse del proceso de negociación. En un déjà-vu de otros procesos multilaterales, como el acuerdo de París sobre cambio climático,
Tiene entonces futuro el plan BEPS 2.0? En el mejor de los casos, antes de final de año todavía podemos esperar un acuerdo sobre un tipo mínimo en el impuesto de sociedades en el ámbito global. Para que no sea simplemente letra muerta, debe cumplir con algunos requisitos que exigen negociaciones tensas. Entre otras cosas, que el tipo sea lo suficientemente alto (ICRICT propone un 25%), que no se acepten una multitud de excepciones o casuísticas para contentar cada país y que cubra todos los ingresos sin dejar fuera los intereses, royalties y otros rendimientos de las actividades intangibles.
Mientras tanto, países como España tienen que apostar por aprobar y aplicar con total urgencia una tasa Google o un impuesto a determinados servicios digitales. Sigue siendo una solución temporal, imperfecta, pero justa y necesaria, mientras las fuerzas del consenso global logren alinearse de nuevo para repensar el sistema. Según un reciente estudio, a finales de 2019 el peso de la economía digital en nuestro país ya representaba casi una quinta parte del PIB de España, conformándose como el segundo sector más relevante. La crisis de la Covidien-19 ha supuesto un acelerador, especialmente para grandes plataformas globalizadas que operan desde el exterior. Tendría poco sentido que no contribuyeran al esfuerzo de reactivación económica y social al que ahora tenemos que enfrentarnos.
El caso de Apple es una prueba más de la urgente necesidad para reformar el sistema. La Corte de Justicia de la UE anula la decisión de la Comisión Europea (CE) de 2016, estableciendo que Irlanda había concedido ayudas de estado a una única empresa (Apple) que vulneraban el principio de la plena competencia en el mercado interior. El resultado de esta decisión era que Apple tenía que devolver a Irlanda 13.000 millones de euros en concepto de impuestos no pagados, por este acuerdo secreto entre gobierno y empresa que rompía con las reglas del juego en cuanto a tributación empresarial definidas por el OCDE.
El mismo Tim Cook, CEO de Apple en ese momento, reconocía que la empresa pagaba por debajo de un 2% de tipo efectivo en Irlanda. La CE no tiene potestad para sancionar a empresas por incumplimiento fiscal, recurrir a las «State Aids» fue un recurso que pretendía romper con prácticas abusivas y buscar una solución alternativa al absurdo de no tener reglas justas, al tiempo que una falta de consenso político para poder cambiarlas. La inacción política, que no es más que una toma de partido de algunos gobiernos a favor de intereses corporativos, nos sale cara al conjunto de la ciudadanía. No habrá avances sociales hasta que no desmontamos la injerencia política y empresarial en el diseño de las reglas fiscales.
