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El Gobierno prepara una ley para promover los planes de pensiones de empleo, un modelo que solo puede crecer a costa de un debilitamiento de las pensiones públicas y que supone entregar a las entidades financieras cientos de miles de millones de euros.
La reforma del sistema público de pensiones ya está en marcha. No es solo una recomendación del Pacto de Toledo ni un globo sonda del Gobierno. Si las cosas salen como las sueña el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, más de 13 millones de trabajadores, el 80% de la población activa, tendrán un plan de pensiones de empleo en 2030, un modelo de ahorro complementario que combina una promoción del Estado, la participación de las empresas y los sindicatos, y la transferencia de cientos de miles de millones de euros de ahorros a los gestores de pensiones privadas, es decir, a la banca, las aseguradoras y los grandes fondos de inversión.
“Las pensiones son un bocado exquisito para el mercado financiero”, dice a El Salto Miren Etxezarreta, autora de La mochila austriaca (2020, Icaria). “Son una inversión a largo plazo, nadie pregunta dónde se mete el dinero y puedes hacer con él lo que quieras, realmente es fantástico… Se trata de degradar lo público para que la gente, en el momento en que pase de la pobreza, empiece a ahorrar en las pensiones privadas”, resume esta economista.
Los planes de pensiones de empresa no son nuevos. Más de 1,9 millones de trabajadores en España, sobre todo en el País Vasco, en la función pública y en las grandes empresas, tienen planes de pensiones de empleo. Son planes privados, promovidos por la propia empresa que complementan la pensión pública.
Sin embargo, estos planes colectivos hasta ahora no han terminado de cuajar en España, como tampoco los planes privados individuales, que apenas llegan al 16% de la población. Estos dos modelos de ahorro complementario acumulan activos por valor del 13% del PIB, unos 118.000 millones de euros. Puede parecer mucho, pero es una cifra mínima si se compara con los datos que manejan otros vecinos europeos o Estados Unidos. En Holanda, las pensiones privadas suponen el 180% del PIB. En EE UU, el dinero de los planes privados que gestiona el megafondo de inversión BlackRock le dan la liquidez necesaria para dominar las principales bolsas del mundo, también el Ibex-35, donde cotizan los principales interesados en “poner a trabajar” el dinero de las pensiones públicas. Entre esas empresas destaca al BBVA, el principal gestor de este tipo de planes y también uno de principales impulsores de los planes individuales.
El Gobierno tiene grandes planes para estos planes de empresa. Su idea es quintuplicar el dinero gestionado por las pensiones privadas, hasta llegar a los 500.000 millones de euros, un volumen que acercaría España a otros países de la región. Y pasados los peores meses de la pandemia, se ha puesto a ello.
A finales del año pasado, el Gobierno consiguió resucitar el Pacto de Toledo para que aprobara 22 recomendaciones, una de ellas dedicada a la necesidad de “impulsar los planes de pensiones de empleo, sustentados en el marco de la negociación colectiva”. En los presupuestos de 2021, ese impulso se concretaba en rebajas fiscales a los planes privados de empresa —la cantidad deducible de los planes de empleo entre la suma de las aportaciones del trabajador y la empresa pasó de 8.000 a 10.000 euros— mientras penalizaba fiscalmente los planes privados individuales.
Unas primeras y tímidas medidas —que afectan a una minoría de los casos— que tendrán que ser reforzadas para que el sueño de Escrivá se haga realidad. En esa dirección el Ministerio ya está preparando una ley que debería estar aprobada en 2022 para crear un macrofondo de pensiones de promoción pública, dinero de los trabajadores y gestión privada, es decir, en manos de las entidades financieras. Aunque estos planes son voluntarios, para facilitar su implantación, el Ministerio está estudiando que la adscripción sea automática, de forma que los trabajadores en empresas con planes de pensiones estén dentro a menos que decidan lo contrario.
Esta apuesta por los planes de empleo es, de hecho, una de las grandes reformas prometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado a Bruselas el 30 de abril y de los que dependen 70.000 millones en ayudas europeas. En este documento el Gobierno se compromete a generar un “nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones”.
En España el 98% del empleo se concentra en pequeñas y medianas empresas, y la mayoría de sus trabajadores hasta ahora se han quedado fuera de los planes de pensiones de empresa. El Ministerio de Escrivá está empeñado en crear mecanismos y dar todas las facilidades a estos millones de trabajadores para que reserven parte de sus ingresos en un sistema de pensiones privado paralelo a la Seguridad Social. ¿A qué problema da solución esta apuesta del Gobierno? ¿Qué tiene que ver esto con la sostenibilidad del sistema público de pensiones?
Qué comió Escrivá para tener este sueño
Todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en el análisis de lo que está en juego: la privatización de las pensiones en España, ese tesoro que guarda el Estado, ese “bocado exquisito” que el poder financiero apenas ha podido probar.
Este no es el primero, sino, más bien, el enésimo intento de avanzar en la agenda de privatización de la Seguridad Social y de las pensiones que los grandes organismos financieros internacionales —el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y la UE— llevan buscando desde el experimento pinochetista en Chile. Unas recomendaciones que se trasladaron casi al milímetro al Pacto de Toledo, el consenso de casi todos los partidos políticos para acabar con las pensiones públicas, según denuncia el movimiento pensionista.
Para Jaume Cortés, abogado experto laboralista del Colectivo Ronda, hay un paralelismo entre la privatización de la sanidad y de las pensiones. En ambos casos, para conseguir los objetivos del sector privado se necesita la concurrencia de dos circunstancias: la degradación del sistema público y una alternativa privada suficientemente atractiva. Hasta ahora, el lobby de los planes de pensiones no ha conseguido ninguno de los dos objetivos, en gran parte gracias al “movimiento social mejor organizado del Estado español”, dice Miren Etxezarreta, una de las mejores conocedoras y divulgadoras de los intentos de privatización de las pensiones.
La movilización de cientos de miles de pensionistas a partir de 2018 dejó en el aire dos de las reformas del PP que buscaban degradar las pensiones públicas: el factor de sostenibilidad, que obligaba a recortar las prestaciones ante una mayor esperanza de vida y la revalorización por debajo del IPC, el famoso y enterrado 0,25%. La movilización también consiguió recientemente que el Gobierno retirara de la partida anual de la Seguridad Social 23.000 millones de euros de gastos no contributivos e “impropios” que aportaban las dos terceras partes del déficit.
Pese a la campaña de que “no va a haber dinero para las pensiones públicas”, de los intentos de minar y hacer menos atractivo el sistema público de pensiones, las jubilaciones siguen siendo “decentitas”, dice Etxezarreta. Esa es la principal razón, dice esta catedrática emérita en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que los planes de pensiones privados no han terminado de despegar en España.
Por supuesto, no se trata de una obsesión personal de Escrivá, a quién Etxezarreta define como un “mero ejecutor” de planes que vienen de mucho antes y de mucho más arriba. Eso sí, un ejecutor “hábil y listo” que pretende avanzar en el proceso de privatización “con el menor costo político posible”, con pasos seguros y aliados poderosos. Y no solo entre la patronal, la banca y las aseguradoras.
“Ahí está la sutileza del Escrivá: reducen la subvención a las pensiones individuales, pero con la otra mano aumentan la subvención a los planes de empresa”, analiza Etxezarreta. La “sutileza” y la “habilidad” de Escrivá, defiende, también se ve en su propuesta de subir la edad de jubilación. Frente a la oposición de sus socios de Gobierno y del movimiento pensionista, el Ministerio estudia lanzar un bono para los trabajadores que decidan voluntariamente alargar su vida laboral, una medida que “va a dividir al movimiento pensionista”, dice.
¿Por qué empezar entonces con los planes de pensiones de empresa? Porque el Gobierno calcula que habrá menos resistencia, ya que hasta ahora en ellos han participado los grandes sindicatos y han obtenido “pingües beneficios”, dice la autora de Sin pensiones públicas, ¿qué futuro? (2010, Icaria). Tanto CC OO como UGT, denuncia Etxezarreta, “son cómplices de la privatización de las pensiones”.
Según cuenta el abogado catalán Jaume Cortés, el papel de los grandes sindicatos en estos planes privados es clave: surgen la mayoría de las veces de una negociación colectiva y estos sindicatos suelen formar parte de la comisión de control que supervisa las inversiones que realiza la gestora privada. “Los grandes sindicatos han hecho un gran negocio con todo este espacio que les han dado”, señala.
El Gobierno espera encontrarse con menos oposición a sus planes al contar con el apoyo o, al menos, con una menor beligerancia de los grandes sindicatos, explica Etxezarreta: “Con su presencia en los comités de seguimiento, CC OO y UGT justifican lo que se está haciendo, pero a ver quién es el guapo que puede seguir el dinero que invierte el BBVA”.
Propaganda, realidad, amenazas
Si nos atenemos a las declaraciones de Escrivá, es difícil posicionarse en contra, dice este abogado del Colectivo Ronda: “Lo que nos dicen ahora parece súper positivo: el trabajador tendrá su misma pensión y, además, cobrará un complemento”. Los problemas surgen cuando se profundiza en las posibles consecuencias de este estrategia.
Los datos hablan de una escasa capacidad de ahorro y de un escaso interés por los planes de pensiones privados. Menos interés, si cabe, tienen los empresarios en gastar más en cotizaciones sociales, dice Cortés. Según explica este abogado laboralista, la única posibilidad de capitalizar este macrofondo es a través de la derivación de parte del salario de los trabajadores a este plan de pensiones de empresa.
“Si el día de mañana yo soy empresario —ejemplifica Cortés— y pacto con los trabajadores que ese año no habrá aumento de salarios, pero aportaré 100 euros a un plan de pensiones de la empresa, al cabo de cinco años el sueldo habrá bajado, lo que significa que las cotizaciones habrán bajado, por lo que los recursos de las pensiones también serán menores”. Si esto ocurre y se generaliza, no solo las pensiones se verán afectadas, sino también la prestación por desempleo y las indemnizaciones por despido.
“Al empresario le resultará más interesante destinar dinero a los planes de pensiones de empresa que al salario de los trabajadores, porque un aumento de salario supone pagar más IRPF y más cotizaciones. Cada euro que el empresario ponga en el plan de pensiones le resultará más barato que el euro que destine al aumento de salario del trabajador. Al final, si los planes de Escrivá salen bien, señala Cortés, “se producirá una reducción de recursos en la Seguridad Social, es evidente, porque no habrá más dinero ni habrá más ganas de la gente de ahorrar”.
¿A dónde lleva este camino? Si nos ponemos “catastrofistas”, dice Cortés, iríamos hacia una Seguridad Social “de mínimos” y unas pensiones privadas complementarias gestionadas por entidades financieras que aporten el resto que necesita una persona o una familia para sobrevivir. A quien pueda permitírselo, claro. El modelo por el que apuesta Escrivá, el Pacto de Toledo y la UE rompería con el principio de solidaridad y cooperación que rige el actual sistema público y ensancharía aún más la desigualdad de género y la diferencia entre las pensiones de lujo y las pensiones de supervivencia.
Para Conchita Rivera, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), los planes de pensiones de empresa suponen un ataque directo al sistema público: “Lo que quieren es volver a rescatar a la banca con el dinero de los trabajadores, quieren capitalizar a la banca con nuestro dinero. Y no tienen vergüenza en hacerlo”. Rivera advierte de los peligros de la apuesta de Escrivá: “Parte de las cotizaciones se van a ir a lo privado. Si quieren que coticen más las empresas que lo pongan en el sistema público y no en los planes privados”.
El abogado del Colectivo Ronda coincide con la portavoz de la Coespe: “Se trata de generar dinero para los bancos, no hay más. Es mucho dinero para invertir y la gente no está ahora mismo en un proceso de ahorro. En general la gente no ahorra porque no tiene para ahorrar. Y el Estado necesita ahorro, sin ahorro no se pueden hacer inversiones”.
De fondo, el gran debate interesado sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Un debate manipulado por el Pacto de Toledo y el lobby de las pensiones privadas para favorecer la privatización, sostiene Etxezarreta: “¿El ejército es deficitario? ¿Quién paga las cuotas del ejército? ¿La casa real es deficitaria? Hay un principio que está en la base de todo este debate: los gastos colectivos de un país se deben pagar con impuestos. ¿Por qué únicamente, y subrayo únicamente, las pensiones de los viejos no se pagan con impuestos, se pagan solo con cotizaciones?”. La respuesta es muy sencilla, resume: “Es un montón de dinero de lo más atractivo para los entes financieros”.
Escrivá está intentando colar la privatización del sistema público de pensiones por la puerta de atrás, pero para hacerlo tendrá que pasar por encima del movimiento pensionista, que ya ha anunciado su oposición a los planes del Gobierno: “Estamos luchando por todos, por nosotros y por vosotros también. En general más por vosotros, porque yo ya tengo pensión… Mis hijos y mis nietos ya veremos. Tendrán pensiones, pero queremos que sean dignas. Para eso hay que luchar. ‘La lucha es el único camino’, es lo que decimos nosotros”.
Martín Cúneo @MartinCuneo78
El Salto
