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Es por la tarde de un día caluroso en el centro de Londres. Las calles están llenas de gente y hay mucho tráfico de autobuses rojos, taxis negros y coches de todos los colores, pero John Christensen ignora los pasos de cebra y se lanza entre los vehículos cada vez que tiene que cruzar al otro lado. «Todos los que marchan conmigo saben que soy un lunático peligroso que se mete entre los coches», advierte John, que está acostumbrado a buscar su propio camino sin seguir las reglas establecidas, y no sólo como peatón.
De pelo blanco y ojos azul claro, John, un economista y auditor forense de 63 años, es uno de los fundadores, el presidente y el alma de la Tax Justice Network (TJN, Red de Justicia Fiscal), un grupo de expertos que trabajan, como su prosaico nombre indica, por la justicia fiscal.
A pesar de su aspecto y apellido vikingos, John es inglés y la historia de la TJN comienza de un modo típicamente inglés. En 2002, John recibió en su casa, en un pueblo cercano a Londres, la visita de tres personas de Jersey, una de las islas del Canal de la Mancha y una dependencia de la Corona Británica. Ese día, mientras los cuatro tomaban té y pastas, estos visitantes le pidieron que los ayudara a liberar Jersey de la banca.
Acudieron a él porque John también es originario de Jersey, donde trabajó como asesor económico del Gobierno local hasta 1998, cuando tuvo que marcharse después de hablar a la prensa sobre las prácticas fiscales indecentes de este Gobierno. Porque Jersey es un paraíso fiscal: una jurisdicción que, con la opacidad como principal herramienta, permite a personas y empresas evitar la normativa fiscal de otros lugares.
John Christensen, de Tax Justice Network
Un artículo publicado por el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018 estimó, de forma conservadora, que en todo el mundo personas adineradas mantienen unos 6 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, y que unos 10 billones de euros de supuesta Inversión Extranjera Directa no están realmente invertidos en nada, sino que circulan a través de paraísos fiscales para el beneficio de las empresas y personas que los manejan. Y para perjuicio de ciudadanos de todo el mundo, ya que esos capitales ocultos podrían generar miles de millones de euros destinados a servicios e infraestructuras públicas.
Mientras tomaban té y pastas en aquel encuentro en 2002, John advirtió a sus visitantes que para liberar Jersey habría que derrocar todo el régimen global de paraísos fiscales. «‘Esto quiere decir cambiar todas las estructuras y sistemas financieros, las normas, las estructuras de poder de todo el mundo. No se trata simplemente de cerrar unos cuantos bancos en Jersey’. Y me contestaron, ‘Vale, muy bien, suena bien, vamos a hacerlo, ¿nos puedes ayudar?'», recuerda John. «Y entonces supe más allá de ninguna duda que ése era el momento que [como en El hobbit] Gandalf aparece en la puerta de Bilbo Bolsón y lo saca de su casa y le dice, ‘Tienes que ir en una misión a la montaña del dragón».
Y allí es en cierto modo donde John se dirige hoy. «Estamos en Aldersgate, una de las puertas de la City de Londres», dice mientras entra caminando en «la City», como se suele llamar a secas al distrito financiero de Londres: la guarida del dragón de los paraísos fiscales.
Una narrativa nueva
Tras la visita de sus Gandalfs de Jersey, John encabezó una delegación que acudió al primer Foro Social Europeo, en noviembre de 2002 en Florencia, con la idea de crear un movimiento para luchar contra los paraísos fiscales. Allí, en una serie de encuentros con gente de varias partes de Europa también preocupada por la justicia fiscal, fue donde nació la Tax Justice Network, cuyo núcleo se instaló en el Reino Unido alrededor de John.
Desde el primer momento, John y otros miembros de la TJN –expertos en fiscalidad, como el profesor universitario Prem Sikka, y en contabilidad, como el economista Richard Murphy– se dedicaron a proponer públicamente normas que obligarían a las grandes empresas y a las personas acaudaladas a ser más transparentes sobre sus transacciones financieras.
Pero en aquel entonces –esto era mucho antes de escándalos como el de los Papeles de Panamá– los expertos de la TJN se encontraron predicando en el desierto: las grandes empresas y los millonarios se oponían a esas normas, los Gobiernos no parecían capaces o dispuestos a imponerlas, y en general los ciudadanos tampoco parecían muy interesados en esforzarse en entender unas propuestas fiscales que sonaban complicadas. Además, mucha gente creía que era estúpido no tratar de pagar los menos impuestos posibles.
En la TJN se dieron cuenta de que tendrían que intentar cambiar la narrativa dominante para llevar la conversación a un marco en el que los impuestos son algo positivo, y en el que las personas y autoridades que permiten la evasión fiscal son responsables de socavar la democracia. Sólo entonces el discurso y el tipo de medidas que defendía la TJN podrían tener sentido y los Gobiernos y la gente las tomarían en serio.
En 2006, John y Prem Sikka fueron invitados a dar la charla inaugural en una conferencia sobre corrupción en la Royal Geographical Society en Londres. Delegados del Banco Mundial y de Transparencia Internacional (TI) estaban presentes, y John aprovechó su intervención para criticar cómo TI conceptualizaba la corrupción en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un informe anual convertido en uno de los estándares internacionales con los que medir la corrupción.
Cada año, los países etiquetados como los más corruptos del mundo están en el África subsahariana y en otras regiones pobres del globo. «Y si te fijas en los países menos corruptos [según el IPC], Suiza, Singapur, el Reino Unido, Estados Unidos, la mitad de los países menos corruptos son paraísos fiscales y jurisdicciones opacas, que es donde acaba todo el dinero», describe John durante su marcha por la City. «Sin esos servicios bancarios y contables y legales, la mayor parte de esta corrupción a gran escala en el África subsahariana no podría ocurrir porque el dinero no podría ser desviado. Así que, ¿quién es aquí el más corrupto?».
La TJN desarrolló su propia forma de clasificar los países según la corrupción: un índice que tomaba en cuenta el rol que jugaban sus normativas, autoridades y otras instituciones financieras. Lo llamaron el Índice de Secretismo Financiero (FSI, en inglés). De un modo diferente a la clasificación que realiza TI, el FSI se fija en la opacidad de cada país o jurisdicción y en su falta de voluntad para cooperar con las autoridades fiscales de otros países. Tras meses de investigación, la TJN publicó sus primer FSI en noviembre de 2009 y clasificó los países de más opacos –lo que incentiva y permite la corrupción– a más transparentes.
Los territorios que hoy asociamos con la típica imagen de un paraíso fiscal aparecieron entre los principales infractores: las Islas Caimán (en el número 4), Bermuda (7), Jersey (11), las Islas Vírgenes Británicas (16). Pero la jurisdicción clasificada como la más opaca del mundo, y que por tanto más favorecía la corrupción, era el estado norteamericano de Delaware –y por extensión todo Estados Unidos–, seguido de Luxemburgo y Suiza. En quinto lugar venía la City de Londres –y por extensión todo el Reino Unido– y después Irlanda (6), Singapur (8) y más países europeos como Bélgica (9), Austria (12) y Holanda (15).
Había una relación casi inversamente proporcional entre la clasificación realizada por la TJN y la que hacía Transparencia Internacional. Si TI consideraba Estados Unidos y países europeos como los mejores, para la TJN éstos eran en realidad los que permitían la corrupción a gran escala en otros lugares. Además, en la clasificación de la TJN la mitad de las jurisdicciones más opacas eran países de la Mancomunidad británica de Naciones y territorios y dependencias de la Corona británica, lo que hacía del Reino Unido, y en particular de la City de Londres, el actor central en una red global de paraísos fiscales.
Investigación ‘académica’ con impacto
Con el tiempo, el Índice de Secretismo Financiero –que aparece cada dos años más o menos– se ha convertido en la publicación más reconocida de la TJN como parte de su programa sobre Secretismo Financiero, que hoy dirige Markus Meinzer, un politólogo y economista del desarrollo alemán de 40 años.
Cuidadosamente documentado y basado en análisis cuantitativos, el FSI parece una publicación académica, y en general toda la investigación que la TJN produce aspira a los estándares académicos más altos. «(Pero) no queremos crear torres de marfil, no queremos investigar simplemente por investigar, algo que considero una crítica justa hacia gran parte de la actual investigación académica: que acaba muy, muy aislada y metida en su propio lenguaje muy técnico», comenta Markus durante un desayuno en un bullicioso hotel en el centro de Londres.
«(Los investigadores académicos) no se fijan en qué hay detrás de las cifras y datos, cuáles pueden ser los huecos en esos datos que pueden llegar a contar una historia mucho más interesante desde el punto de vista de la vida real, desde el punto de vista de la elaboración de políticas públicas y para favorecer la democracia», argumenta Markus.
El FSI es un caso prototípico de la forma de actuar de la TJN a través de diferentes fases. Primero trata de imponer una narrativa donde los impuestos son un elemento clave para la justicia social y para la democracia. Después produce un discurso basado en una investigación que aspira a estándares académicos pero que también el público general puede entender. Y luego propone normas y medidas que tienen sentido dentro de este marco y a las que difícilmente puede oponerse una persona razonable.
¿Funciona esta estrategia? Hay que recordar las medidas técnicas que la TJN defendió y propuso en 2003 y 2004, justo tras su creación. Las principales eran «intercambio automático de información» (entre autoridades fiscales de diferentes jurisdicciones), «revelación pública de los beneficiarios reales de activos financieros» (qué personas reciben en último término los beneficios económicos), y «publicación de informes financieros país por país» (cuánto ingresa y cuánto gasta una multinacional en cada país en el que opera).
Damos un salto de diez años y vemos que, en 2013, la OCDE, un organismo que agrupa a los países más industrializados y emite recomendaciones y normas sobre la economía, y el G20, un foro para las 20 mayores economías del mundo, establecieron la publicación de informes financieros país por país como una práctica estándar. En 2014, el Consejo de la OECD aprobó una normativa para el intercambio automático de información financiera relativa a cuestiones fiscales, que igualmente el G20 adoptó más tarde ese mismo año.
También en 2014, el G20 adoptó una serie de diez principios sobre la revelación de los beneficiarios reales de activos financieros para que sirvieran de guía sobre regulación fiscal a los países miembros. Y en 2016 los ministros de Economía y Finanzas del G20 aprobaron un plan para que las autoridades tuvieran que revelar los beneficiarios reales de las llamadas empresas pantalla o fantasma, un tipo particular de compañía muy apreciada por evasores fiscales porque proporciona un anonimato total a sus beneficiarios reales.
Además, entre 2014 y 2018 la Unión Europea (UE) aprobó varias directivas sobre intercambio automático de toda una serie datos necesarios para la transparencia fiscal: información sobre cuentas financieras, decisiones sobre legislación tributaria y acuerdos previos sobre precios de transferencia, informes país por país, e información sobre la fiscalidad en relación con mecanismos transfronterizos. Y en 2016 la UE también aprobó una directiva que obliga a que las autoridades tributarias puedan acceder «a la información que obra en poder de las autoridades responsables de la prevención de blanqueos de capitales», por lo que «los Estados miembros deberán permitir el acceso a la información sobre la titularidad real de las empresas».
Todo esto no se debió únicamente a la TJN, ya que el trabajo de otras organizaciones también contribuyó a que todas esas normas se fueran aprobando en el plano internacional. Y la publicación de los Papeles de Panamá (abril de 2016) y de los Papeles del Paraíso (noviembre 2017) también contribuyó a que desde la ciudadanía se exigiera una mayor rendición de cuentas y transparencia en el área de los paraísos fiscales.
Pero, igualmente, es la TJN quien ha estado en la vanguardia del movimiento por la justicia fiscal desde su nacimiento. Y cuando al principio John y sus colegas empezaron a exigir el intercambio automático de información y la publicación de informes país por país, nadie más lo hacía y las autoridades, empresas y grandes fortunas las consideraban medidas inviables y hasta se burlaban de la TJN.
Impuestos por la justicia social
Aunque ese tipo de medidas y normas pueden sonar complicadas, y a pesar de lo difícil y trabajoso que ha sido defenderlas frente a los intereses de las grandes empresas y de personas acaudaladas, en la TJN argumentan que se trata de las normas fiscales que la mayoría de la gente exigiría si en la práctica tuviera voz y voto sobre este tema.
«No nos identificamos con ningún partido o movimiento político. Pero lo que sí intentamos por todos los medios es aportar una voz técnica y experta en nombre del gran público a las conversaciones de las que ese público lleva excluido varias décadas», resume John mientras camina por la City.
El problema tiene una dimensión doble, argumenta por su lado Alex Cobham, un economista del desarrollo de 44 años y el director ejecutivo de la TJN. Primero, el tema de los impuestos siempre se ha percibido como demasiado complejo para que el público general lo entienda, así que es un campo que siempre se ha dejado a expertos fiscales. Y, segundo, estos expertos aseguran que su enfoque sobre la regulación fiscal es objetiva y neutral, cuando en realidad está muy politizada y ha beneficiado mucho y de una forma desproporcionada a las grandes empresas y a personas adineradas, comenta Alex mientras toma un café en City, University of London, donde la TJN organizó su conferencia anual en julio de 2017.
«El impacto de (ese enfoque supuestamente neutral) ha sido abrumadoramente político, y contrario en gran parte a los intereses de la justicia fiscal, contrario a los que creo son los intereses de la mayoría de la gente a quien le importa el país en el que vive», dice Alex. «Ése es también el origen (de la TJN) y la razón por la que hacemos nuestro trabajo: poner a disposición del público una voz experta motivada por la justicia social».
La partida continúa
El Índice de Secretismo Financiero de la TJN permite tanto a políticos como al público en general comprender más ampliamente el fenómeno de la corrupción, ya que explica qué jurisdicciones y países son las que hacen posible la corrupción a gran escala y por qué. Pero, en la práctica, el estándar internacional por el que se mide y clasifica a los países según la corrupción sigue siendo el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que aparece destacado como tal cada año en la prensa generalista. Y, curiosamente, algunos de los países considerados los menos transparentes –por la TJN– siguen siendo etiquetados como los mejores por Transparencia Internacional.
Además, y a pesar de los logros de la TJN y del movimiento por la justicia fiscal en cuanto a la adopción sobre el papel de nuevas normas por parte de organizaciones internacionales, la realidad es que en la práctica sus Estados miembros no están implementando esas medidas ni siguiendo esas normas tanto como les gusta decir en sus comunicados de prensa. Además, grandes multinacionales siguen aprovechándose de paraísos fiscales y resquicios legales para defraudar impuestos, y como la propia TJN señaló el mes pasado en el caso de Google, que al no declarar todos sus ingresos país por país evitó pagar 1.700 millones de euros del impuesto sobre sociedades en 2018 en el Reino Unido.
«Pero en realidad lo principal no es nada de eso ni de cualquiera de las otras cuestiones de políticas públicas sobre las que podríamos hablar. Se trata de las narrativas, de los cambios en cómo habla hoy la gente sobre estos temas», dice Alex. «Y (las narrativas) son más importantes por dos razones. Primero, porque son la base sobre la cual la gente toma decisiones de cara al futuro. (…) Podemos tener éxito hoy con la adopción de normativas, pero para afianzar estas normas debemos cambiar la forma en que la gente piensa sobre estas cuestiones, y para eso lo importante son las narrativas. Y la otra razón es que ni siquiera habríamos conseguido los avances en normativas que ya hemos logrado si antes no hubiésemos cambiado las narrativas prevalentes».
La montaña del dragón
De vuelta en la City, John llega a su destino: el Temple Bar Memorial, un monumento que marca el punto donde solía estar la entrada principal a la City. La escultura propiamente dicha, de 1880, se alza en una isleta en medio de la calzada, y John se dirige a ella de nuevo cruzando a pie con descuido entre el tráfico de autobuses, taxis y coches.
En uno de sus lados, el monumento muestra una escena llamada «El avance de la reina Victoria hacia Guidlhall», la sede de la Corporación de la City de Londres, la entidad que gobierna la City. Cuando la reina, la jefa de Estado del Reino Unido y de otros países de la Mancomunidad británica de Naciones, viene a este distrito de Londres, el Lord Mayor –el jefe de Gobierno de la City– y su séquito la reciben y, simbólicamente, la guardia real cede la protección de la monarca a la propia guardia de la City. «Ahora te encuentras bajo la protección de la Corporación de la City de Londres», entona John el mensaje que escucharía la reina, «y la Corporación de la City de Londres está dominada por el poder de las finanzas. Encuentro esas relaciones muy simbólicas», añade él con la mirada fija en el bajorrelieve que representa la escena.
De hecho, a lo largo de la historia la Corona Británica no ha sido capaz de subordinar por completo la City al gobierno del Estado, en particular en cuanto a temas fiscales. Aún hoy, la City mantiene poderes y prerrogativas legales que obtuvo en el siglo XI, y esta autonomía le permite actuar en varios sentidos como un paraíso fiscal y legal, y ser el centro de una vasta red global de transacciones opacas y no reguladas: bancos y fondos de inversión de todo el mundo usan la City para realizar operaciones que en sus países de origen serían delictivas.
«Leyes y normas que permiten evadir impuestos, leyes y normas que permiten todo tipo de prácticas financieras extremadamente dañinas y que extraen riqueza en lugar de crearla: eso es lo que en líneas generales ocurre aquí en la City de Londres», relata John. «Pero esas leyes y normas fueron creadas por personas, y esas leyes y normas pueden cambiarse y quienes pueden cambiarlas son otras personas. Así que lo único que tenemos que hacer es generar la voluntad política de cambiar esas leyes y normas».
En una comunicación por email, la Corporación de la City de Londres rehusó responder a varias preguntas para la realización de este reportaje.
«Nuestra visión utópica es que se reconozca que la democracia es la mejor forma de gobierno de entre todas las disponibles, que tenemos que arreglárnoslas con la democracia, y que son los impuestos los que mantienen con vida a la democracia», concluye por su lado John antes de volver a esquivar el tráfico ya para marcharse de la City.
José Miguel Calatayud eldiario.es 13-05-2019
