En el marco de la Unión Europea, los ciudadanos hemos perdido el control democrático sobre una serie de decisiones que determinan nuestra vida cotidiana, nuestros intereses y nuestras aspiraciones futuras. Y el resultado es que las instituciones europeas y los Gobiernos nacionales han hecho de la gestión de la crisis financiera y de la deuda soberana un mecanismo de sometimiento de los pueblos a los poderes económicos y financieros.
Vemos cómo desde estas instituciones europeas nos imponen, desde arriba, tratados en contra de la voluntad popular o forzando las constituciones y parlamentos nacionales.
La democracia ha sido suplantada por una forma de despotismo ilustrado, que dicta las reglas y normas que conforman lo que los euroburócaratas denominan “gobernanza europea”, que no es otra cosa que el gobierno de una minoría al servicio del sistema financiero.
Los Tratados de Maastricht (1992) y de Lisboa (2007) ya supusieron la entronización de las políticas neoliberales en Europa; ahora con el nuevo tratado TECG o Pacto Fiscal, y el mecanismo asociado MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) nos obligan a unas políticas de austeridad de por vida, que son desastrosas para los ciudadanos, pero muy beneficiosas para la gran banca europea e internacional. Significan un ataque brutal contra los países más afectados por la crisis del euro, aumentando las desigualdades entre países, a la vez que refuerzan los mecanismos de dominación en Europa, convirtiendo a los países de la periferia europea en meros protectorados de los “países centrales”.
El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) o Pacto Fiscal
Este tratado, conocido como Pacto Fiscal de Estabilidad, tiene como objetivo fortalecer las reglas para asegurar que los Estados signatarios apliquen unas políticas presupuestarias estrictas. En particular, en lo referente a los llamados «déficits estructurales », que están planteados para no sobrepasar un límite de 0,5% del PIB de forma permanente.
De acuerdo con el TECG, la situación presupuestaria de las administraciones públicas de cada país será de equilibrio o de superávit (art. 3), y esta norma solo se considerará respetada si el saldo estructural anual de las administraciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo, definido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con un límite inferior de déficit estructural
En el caso de que se observen desviaciones, se activará automáticamente un mecanismo corrector (art. 4), y si las medidas no se cumplen se aplicarán sanciones que pueden alcanzar hasta el 0,1% del PIB del país (art. 8). Este tratado supone pues una herramienta política de primer orden en manos de la Comisión o de cualquiera de los Estados miembros, que podrán denunciar estas desviaciones ante el Tribunal Europeo de Justicia. Este organismo tendrá la última palabra en caso de diferencias entre los Estados miembros.
Este pacto restringe gravemente la libertad de los pueblos para elaborar sus presupuestos y decidir sus opciones y su futuro económico. La elevación a rango constitucional de la limitación del déficit público no solamente es un atentado contra las personas, sino también contra futuras generaciones que quedarían condenadas a vivir en condiciones precarias.
El MEDE: el nuevo dictador europeo
Este Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que ha entrado en vigor el 27 de septiembre, tiene por objeto dar préstamos a los países de la zona euro que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. A cambio se imponen estrictas condiciones macroeconómicas y políticas de recortes que llevan al empobrecimiento y la recesión económica de los países que soliciten los préstamos.
Tendrá una dotación de capital de 700.000 millones de euros, que serán aportados proporcionalmente al peso económico de cada uno de los países miembros; pero este capital y sus aportaciones significan un cheque en blanco, ya que dicho capital puede ser ampliado en cualquier momento por decisión de sus directivos, dando para ello un plazo de siete días.
EL MEDE no es tanto un mecanismo, sino más bien una nueva Administración de la Unión Europea, que refuerza el poder de los grandes grupos financieros en Europa. Es una especie de FMI para Europa que, al igual que los bancos, estará regido por un Consejo de Gobernadores, que será independiente del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, gozando de inmunidades que le sitúan al margen de cualquier tipo de control democrático de los ciudadanos europeos.
En efecto, el MEDE gozará de privilegios especiales en los territorios de sus miembros y en los que desarrolle sus funciones o posea activos (art. 32). Gozará de inmunidad frente a procedimientos judiciales, tanto sus bienes y activos, así como cualquiera que fuesen sus poseedores, con excepción de su propia renuncia a ello. Los archivos y documentos serán inviolables (art. 32.5) y sus recursos y activos estarán exentos de restricciones, regulaciones, medidas de control y cualquier moratoria (art. 32.8). A su vez estará exento de exigencias de autorización o licencias aplicables a entidades de crédito, a prestadores de servicios o a otras entidades autorizadas, aprobadas o reguladas con la legislación de MEDE (art. 32.9). El personal de MEDE estará sometido a secreto profesional incluso después de haber cesado en sus cargos (art. 34). Existirá inmunidad para todo su personal, así como para sus escritos y documentos oficiales (art. 35).
El MEDE podrá tomar fondos prestados de los bancos, entidades financieras u otras personas o entidades y, al igual que un banco, podrá repartir dividendos decididos por el Consejo de Administración, tener un fondo de reserva, solicitar capital, exigir intereses de demora, etc.
Funcionamiento: En caso de concesión de apoyo, la Comisión Europea, el BCE y el FMI evaluarán conjuntamente las necesidades y sostenibilidad de su deuda pública y financiación del país asistido.
Si en un país existe un «déficit estructura», se producirá una corrección automática, no sometida a los parlamentos, privando a éstos de decidir sobre ingresos y gastos. Al solicitar un préstamo, los organismos redactarán con dicho país el «Memorandum de Entendimiento », donde se establecerá la condicionalidad del acuerdo.
Como conclusión, podemos decir que estos nuevos «tratados para la austeridad» impuestos desde Alemania se convierten en los nuevos guardianes del orden económico establecido en Europa y encaminan a los países europeos más afectados por la deuda (Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia) a un círculo vicioso sin posibilidad de salida.
Cada vez es mayor el monto de la deuda y el coste de su financiación para estos países y, por tanto, cada vez es más difícil disponer de recursos para el funcionamiento de la economía real, lo que nos lleva a una mayor recesión, a una mayor destrucción del empleo y, por ende, a un mayor empobrecimiento.
En efecto, estos tratados nos obligan a dar prioridad y a constitucionalizar el pago de la deuda y, en consecuencia, a recortar el gasto y la inversión social, los salarios y las prestaciones sociales, actuando además como coartada para desmantelar y privatizar los servicios públicos e implantar reformas laborales que vulneran los derechos de los trabajadores contemplados en nuestra Constitución. España ya se vio obligada a modificar su Constitución (artículo 135) para garantizarse el cobro de toda deuda por encima de cualquier otro uso de fondos públicos. Ahora, la Comisión Europea, el BCE y el FMI ponen en marcha el TECG y el MEDE, tratados constitutivos que no van a ayudar en absoluto a resolver el problema de la deuda.
Por todo ello hacemos un llamamiento a todas las organizaciones y movimientos sociales, para que se sumen a las campañas y movilizaciones de rechazo popular en contra de estos tratados, ya que suponen una vuelta de rosca más hacia la consolidación de esta dictadura económica y política que nos imponen los burócratas que conforman la “troika” .
Ricardo Gómez Muñoz,
Attac Catalunya
Para mas información ver el video” ESM Dictatorship over EU (Sub Esp)” http://www.youtube.com/watch?v=SN-zfkUODvI
( *) Artículo publicado originariamente en el periódico madrid15m de Diciembre de 2012 | Nº 9