La plutocracia o de cómo el dinero ejerce el poder efectivo

Hablamos de un conjunto de cambios, que responden a un mismo objetivo: la concentración del poder social en los que manejan grandes patrimonios

1. Introducción

Hablamos de un conjunto de cambios, que responden a un mismo objetivo: la concentración del poder social en los que manejan grandes patrimonios, es decir la plutocracia global (del griego clásico Ploutós, rico, y cratía, poder).  En los últimos años las estadísticas, pese a su probable manipulación, revelan que renta y riqueza se concentran en un 1%, o menos, de la población. España (y Catalunya) son campeones mundiales en este terreno. La explicación es, en último término, simple. Reciben más (subvenciones o  garantías públicas, más negocio con las privatizaciones, más ventajas de todo tipo) y pagan menos (salarios, impuestos, obligaciones sociales,…).

Pero ¿por qué autoridades de países cuyos habitantes participan en su elección contribuyen a esa tarea con tanta afición?  Obviamente o porque las mayorías son persuadidas de que esas políticas son las mejores, o las únicas posibles, o de que otras políticas, que les benefician directamente, a la corta o a la larga, indirectamente, les perjudican. O bien que convencen o imponen tales políticas a las instituciones. O un poco de todo.

Naturalmente, estos proyectos están impulsados por la suma de fuerzas de los plutócratas. No es una conspiración (al menos no una única conspiración), sino la suma o resultante de múltiples proyectos de los ricos y poderosos, que responden a los intereses y valores que comparten. El macropoyecto resultante (grosso modo, el proyecto neoliberal) combina las actividades de las organizaciones impulsadas y financiadas por los plutócratas.

Este proyecto empieza con los plutócratas planteándose qué (les) conviene, toman las ideas que les benefician o financian a los intelectuales que las elaboran. El siguiente paso es, por la vía directa, convencer y presionar al poder institucional, o, por vía indirecta, convencer a la población para que acepte esas ideas. Para lo primero están sus influencias y los grupos de presión, para ambas vías están los medios de comunicación. De la comunicación se ocupa otro artículo, veamos, pues, las líneas generales del proyecto y los medios de que se sirve.

2. Los grupos de estrategia e influencia

En primer lugar están los grupos de estrategia, reunión de los máximos directivos (presidentes ejecutivos, consejeros-delegados de las grandes corporaciones), que suelen ser los mayores accionistas y las grandes fortunas, o los mismos directivos que manejan la organización y sus recursos, por encima de los accionistas. Solos, como en el caso de la European Rountable (ERT), o en compañía de altos dirigentes políticos y burócratas, intelectuales y periodistas (como en el caso del grupo de Bilerberg), dan el primer impulso y dirigen el proyecto.

Demos algunos ejemplos.

El Consejo Empresarial para la Competitividad en España es una organización reciente, febrero de 2011, que agrupa a los primeros ejecutivos de otras tantas empresas. Los 15 primeros directivos de las empresas de mayor facturación, descontadas empresas extranjeras y estatales, 2 empresas de energía, Repsol e Iberdrola; 4 de la banca y los seguros, Santander, BBVA, La Caixa y Mapfre; 4 de la distribución, Inditex, Mango, El Corte Inglés y Mercadona; 3 de la construcción, ACS, Acciona y Ferrovial; 2 de la difusión y la comunicación, Editorial Planeta y Telefónica. Junto a 3 representantes del Instituto de la Empresa Familiar.

De hecho, el director general del Consejo, Fernando Casado, lo fue antes del instituto y 9 de los 15 coincidían en el Instituto. De modo que el Consejo es una extensión del instituto para incluir a dirigentes de las mayores empresas manejadas no por un individuo o una saga familiar sino por directivos no-propietarios (La Caixa, BBVA, Repsol o Telefónica). En el Instituto están, además, los sectores más significativos para una orientación estratégica. Pues coinciden los presidentes del grupo PRISA-El País, Ignacio Polanco, y del Grupo Godó-La Vanguardia, Javier Godó, con el de Prensa Ibérica, Javier Moll, el mayor grupo empresarial de periódicos regionales, presidente del Instituto, y con Alfonso Botín, del mayor grupo financiero del país.

Ejemplo de su estilo son las recomendaciones que realizan, en su reciente documento “España 2018”, que favorecen a las grandes empresas (es decir a sí mismos) frente a todos los demás. Frente a los trabajadores, con el concepto de flexiseguridad, que no es otra cosa que tener a disposición a los trabajadores en todo momento y reducir su capacidad negociadora empeorando, así, la remuneración y las condiciones laborales. Frente a las empresas pequeñas y medianas, p.e. eliminando los horarios comerciales, o los beneficios laborales y fiscales con que, acaso, las PyMEs, se defienden del monopolio y los privilegios de las grandes, exigiendo trato igual a los desiguales. El informe lo dice así: “Reconsideración de umbrales y discontinuidades tanto a nivel regulatorio como fiscal”.  Al mismo tiempo intentan que los poderes institucionales estén a su exclusivo servicio. El poder legislativo o ejecutivo, de las normas reguladoras a su aplicación de detalle, o el poder judicial, al que hacen esta referencia “mejoras institucionales y de eficiencia del sistema judicial que contribuyan a la seguridad jurídica”. Por último pagar los menos impuestos posibles, aplicando la austeridad a todo lo que no vaya a sus bolsillos, plantean que el sector público reduzca empleo, recorte y privatice. Proponen sustituir pequeñas empresas por otras más grandes, facilitando las fusiones y reconversiones o la internacionalización de las empresas. Esto es, de medidas que, directamente, producen desempleo pretenden deducir un aumento del empleo de 10 puntos en 4 años.  P.e. el presidente del Consejo es el de Telefónica. La “multinacional” nacida de privatizar la empresa  de telecomunicaciones. Y que se ha dejado en el camino más del 60% del empleo estable, sustituido por contratos precarios y de falsos autónomos, o pequeñas empresas, con mano de obra con escasos o nulos derechos (incluso migrantes sin papeles) y que sustituyen la profesionalidad por un exceso de horas y una reducción de la seguridad en el trabajo, para poder cumplir las exigencias de Telefónica.

A nivel europeo, podemos destacar la Tabla Redonda de los Industriales Europeos o el Foro Europeo de Servicios.

La Mesa Redonda de los Industriales Europeos (ERT, por sus siglas en inglés), un grupo de los máximos directivos de las mayores empresas europeas (en la actualidad 52, incluidos presidente y dos vicepresidentes), cuya misión es presionar a los gobiernos y a las instituciones de la U.E., para obtener una normativa, orientada a la “competitividad” hacia dentro y hacia afuera de la Unión, sellada por las propias instituciones europeas. Recordemos que entre  2/3 y 3/4  de la legislación de los países de la UE procede de las instituciones europeas. Peter Sutherland, sugirió en 1992, cuando era comisario de la Competencia, que «uno puede argumentar que toda la ejecución del proyecto del mercado interno se inició no por gobiernos, sino por la Mesa Redonda”. Sabía lo que decía, pues presidió la Comisión que realizó el informe de la UE sobre mercado interior. Es, además, uno de los mayores beneficiarios de las concurridas puertas giratorias de políticos y burócratas entre el cargo público y el cargo privado, de la Comisaría de la Competencia (1985-1989) pasó a dirigir la Alianza de Banqueros Irlandeses, entre otras. Volvió a la función pública, por la puerta grande, a dirigir el Acuerdo General de Aranceles y Comercio después transformado en Organización Mundial del Comercio, entre 1993 y 1995, justo cuando establecía en Marraquech las normas de la “competitividad” global, que aseguran la competencia desleal, en beneficio de la plutocracia global, una carrera hacia el abismo de todos. Designado presidente de British Petroleum, en representación de la cual fue miembro y vicepresidente de la ERT, o la división internacional del banco industrial Goldman Sachs, junto con, entre otros, Mario Draghi, el actual gobernador del Banco Central Europeo, en el momento en que ese banco orquestaba el fraude al gobierno de Grecia, que permitió a en el Euro, la fuente del desastre actual para los griegos.

En febrero de 2010 la ERT presentó su “Visión para una Europa competitiva para 2025” directamente al Presidente de la Comisión José-Manuel Durâo Barroso. En entrevista del 3 de febrero el secretario general de ERT, Wim Philippa, manifestó “Dejaremos claro a Barroso que lo someteremos a estrecha vigilancia y le haremos responsable del éxito o el fracaso de la estrategia, igual que haremos con nuestros respectivos gobiernos nacionales”. El 26 de marzo de 2010 el Consejo Europeo, o reunión de los jefes de Estado y de gobierno de la UE, a propuesta de la Comisión aprobaba la Estrategia de Lisboa 2020. Naturalmente seguía fielmente las grandes líneas de la propuesta de la ERT. A saber: “mercado” de trabajo más flexible, poner la ciencia y el conocimiento al servicio del “mercado”, “sostenibilidad” de los servicios públicos, o sea recortes, y a lo que quede de éstos hacer que la ciudadanía, convertida en clientela, pague una parte cada vez mayor del coste de los que utilice, y un mecanismo de colaboración público-privado en la prestación de los servicios, es decir una nueva forma de poner el dinero público en los bolsillos privados con todas las garantías. Todo el poder al mercado, todos los beneficios al mercado, todo bienestar a través del mercado, regulado y des-regulado, para reforzar el poder de las grandes empresas, y, dentro de éstas, claro, de los que las dirigen. En último extremo, plutocracia, todo el poder a los ricos.

Hay muchos ejemplos de ese tipo de grupos, que, a partir de las plutocracias nacionales, han configurado la plutocracia global y las normas que generaron la globalización. Es el caso del Foro de Bilderberg (en cuyo grupo directivo el citado Sutherland), del Foco Económico Mundial de Davos, de la Comisión Trilateral (cuya sección europea presidió el mismo personaje entre 2001 y 2010), o del Diálogo de Negocios Transatlántico.

2. Grupos de presión o cabildeo

Los grupos de presión y cabildeo de las grandes empresas y los plutócratas son mucho menos y algo más que los grupos estratégicos y de influencia, aunque a veces se les quiera confundir. Son mucho menos, porque en los segundos están los amos, siendo los primeros sus instrumentos. Algo más, pues la finalidad de los primeros es genérica, ideológica y de grandes políticas, la de los segundos, especializada, respecto de una institución concreta (por ejemplo, un ministerio, el Parlamento o la Comisión Europea) y un tema concreto (p.e. las infraestructuras de transportes, los transgénicos o las sustancias químicas). Ambos tienen en común su finalidad de influir en las decisiones públicas de las autoridades institucionales, sin necesidad de persuadir al pueblo soberano.

En EE.UU., de larga tradición de las organizaciones de cabildeo (allí llamados lobbies), hay una normativa de trasparencia, que implica que han de constar en un registro público, y tienen el deber de informar de sus actividades, incluido su listado de clientes y  los pagos efectuados. Esto ya es muy malo de por sí, pues supone reconocer los privilegios de una actividad que tiene por finalidad puentear a los legítimos depositarios de la soberanía en beneficio de quienes pueden pagarlo.

En Europa es pero, el registro es ¡voluntario! A pesar de que, según los expertos, hay más de 15.000 grupos de presión (y más de 30.000 profesionales cabilderos) en permanente contacto con los representantes y los funcionarios/“servidores” públicos. Es un tema tan sensible que, cuando se ha planteado en el Parlamento Europeo introducir cambios en tan escabroso estado de cosas, se ha hecho algo aún más escandaloso. Poner al frente de la comisión parlamentaria a un representante directo de los cabilderos (el miembro del Parlamento Europeo Rainer Wieland, vicepresidente del Parlamento y miembro de un bufete de abogados de Bruselas), con lo que, obviamente, se ha avanzado despacio. Es más, el Parlamento fomenta el registro… ¡por la vía de proporcionar más ventajas a los cabilderos que lo usen! En 2014 se previó, para 2016, que la Comisión presente una propuesta que haga obligatorio el registro, con la única sanción de que si no sale adelante o no presenta la propuesta debería hacer otra ¡en 2017!

Son miembros de estas organizaciones de cabildeo, obviamente, los mejor preparados que se pueden comprar con dinero, y otras prebendas, que conocen tanto las normas formales, como las normas no escritas que regulan los vericuetos a través de los cuales circula el poder y se toman las decisiones, donde todos se conocen o están muy bien relacionados. Naturalmente la cúspide de la burocracia (o de los políticos) son los mejor preparados para ejercer esa presión, de modo que pasan por las puertas giratorias de “servir y representar” a la ciudadanía (a la que le faltan instrumentos efectivos de control), a presionar y cabildear, bajo control, este sí efectivo, de las grandes empresas y los financieros, y viceversa.

En España la cosa es aún peor. Son los propios cabilderos los que piden la regulación, con el argumento de que de hecho existe como práctica a-legal. Y parece que lo van a conseguir. De momento el Pleno del Congreso, mediante un acuerdo entre PP y CiU del mes de marzo de 2014, acordó regularlo dentro del Reglamento del propio Congreso.

En un artículo de ABC, de 28 de mayo de 2014, Javier Tahiri sostiene que «la parte más profesionalizada de la industria española de la influencia mueve unos 30 millones de euros, según estimaciones del sector…  Parte de este incremento se explica por la presión de multinacionales acostumbradas a contar con grupos de interés.» Y, mientras arrecian los delitos relaciones con la corrupción.

Juan García, miembro de Attac-Catalunya

Dibujo: Silvano Mello