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El TTIP atenta contra la autonomía de las corporaciones locales y pone en peligro los servicios públicos y el modelo social europeo.
La Comisión Europea está negociando con EEUU un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (ATCI), más conocido por sus siglas en inglés como TTIP. Se trata de un amplio acuerdo de liberación del comercio y las inversiones, que impulsado por los lobbies transnacionales, maniobra a espaldas de los ciudadanos y de sus representantes. Con el propósito de reducir las barreras no arancelarias, el acuerdo pretende eliminar cualquier tipo de “barreras reguladoras” que limiten o se opongan al actual modelo depredador de las grandes corporaciones, que pone por encima de las personas y del medioambiente los intereses del capital.
Esta mayor liberalización de los intercambios económicos y comerciales entre los dos mayores bloques económicos mundiales, exige la rebaja de los actuales estándares europeos, anulando con ello las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medioambiente. De esta manera las leyes del comercio y de los negocios primarían sobre cualquier otra consideración social, relegándose a segundo término las legislaciones nacionales, regionales o locales en vigor.
Tal como van las negociaciones, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de políticas de fomento de la actividad económica y del empleo local.
En efecto, uno de los principales objetivos del TTIP es la liberalización total de los servicios públicos y la transferencia de la prestación de los mismos a las empresas transnacionales, así como de las compras y licitaciones de bienes y servicios que gestionan las Administraciones Públicas. Con ello se pondría en peligro el funcionamiento de todos los servicios públicos y de las compras públicas, en todos los niveles, comprometiendo la autonomía local y la facultad otorgada a los representantes elegidos para la administración de las corporaciones locales. La aprobación del TTIP llevaría a la total privatización de servicios de ámbito municipal en áreas tales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y culturales, el suministro de agua, las infraestructuras, el transporte público y las comunicaciones, y la gestión de residuos, entre otras.
En definitiva, el Tratado Transatlántico anularía de hecho el papel de las Corporaciones locales y la función social prevista en la Constitución española. En caso de aprobarse, este tratado tendría efectos irreversibles, ya que significaría la mercantilización absoluta de nuestras vidas, el sometimiento total de la soberanía de los estados y de sus instituciones a los intereses de las grandes corporaciones y el fin del maltrecho modelo social europeo.
Efectos negativos del TTIP.
Sobre la agricultura: las negociaciones del tratado están avanzando en la desregulación del uso de pesticidas, en el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual que benefician a las multinacionales de semillas y químicas y en la extensión del uso de transgénicos. Este proceso va a significar la inundación de productos agrícolas de bajo costo, que destruirán los sectores agrícolas locales, llevando a los agricultores a la bancarrota y acelerando el éxodo rural. Con la conversión de nuestras granjas en fábricas, se instalará aún más la comida basura en el centro de nuestras vidas.
Sobre la salud: a pesar de que los sistemas de salud europeos están sufriendo el recorte de las políticas de austeridad, el TTIP tiene objetivo la entrega a los intereses multinacionales de áreas enteras del régimen de protección social y de nuestros sistemas médicos y hospitalarios, haciendo que los intereses empresariales prevalezcan sobre el interés general. En las mesas de negociaciones se están barajando las propuestas de las transnacionales para atacar la legislación vigente en materia de salud pública y de reducción de las normas sanitarias y fitosanitarias.
Sobre el clima: el contenido del tratado se postula en contra de las políticas de transición energética y medioambientales que necesitamos para evitar el desastre climático. Su aprobación serviría para dar nuevas armas a las empresas petroleras que se oponen al desarrollo de tecnologías de transición, y darían luz verde a métodos de extracción que favorecen el calentamiento global (fracking, arenas bituminosas, etc.).
Sobre el empleo: la eliminación de barreras prevista en el tratado tiene como objetivo final aumentar la competencia salarial entre los trabajadores a ambos lados del Atlántico, facilitando la carrera hacia los salarios bajos, promoviendo el trabajo desregulado y deteriorando las condiciones de trabajo. Pero los efectos de la “competitividad hacia abajo” no se detienen ahí: varios estudios realizados hacen sonar la alarma y predicen la pérdida de 600 000 puestos de trabajo en Europa en la primera década del acuerdo. Lo que nos lleva a la conclusión de que el TTIP es un juego donde sólo ganan los accionistas, mientras los trabajadores son los perdedores seguros.
Sobre las finanzas: también en este terreno el tratado supondría la eliminación de todos los controles financieros, impidiendo a Estados y Gobiernos cualquier tipo de regulación propia.
Para asegurar estos objetivos el TTIP estará dotado de un Consejo de Cooperación Regulatoria y de un Mecanismo de Resolución de Disputas Inversor Estado (ISDS), que incluye cláusulas abusivas sobre la protección de los inversionistas, posibilitando que las transnacionales demanden a los Estados por aquellas leyes que vayan en contra de sus intereses. En este sentido se están creando ya tribunales de arbitraje privados que funcionan al servicios de las multinacionales, con el objeto de eludir la justicia vigente y atacar las leyes que les perjudiquen. Su funcionamiento está permitiendo obtener miles de millones en concepto de indemnizaciones.
El TTIP atenta contra la autonomía de las corporaciones locales y pone en peligro los servicios públicos y el modelo social europeo.
De lo anteriormente expuesto puede concluirse que el TTIP supone un duro golpe contra los valores democráticos vigentes. No solo por su falta de transparencia, sino por la voluntad explícita manifestada por las partes negociadoras (la Comisión Europea y el gobierno de EE.UU.) de conceder a las grandes empresas multinacionales más poder que a los ciudadanos a la hora de establecer leyes esenciales que afectan de forma irreversible al control de los recursos comunes, la producción de bienes y la gestión de todos los sectores de actividad.
Ello está provocando un gran malestar por parte de las Administraciones Locales europeas, creciendo el número de las corporaciones locales, regionales y municipales que ya se han declarado como “corporaciones fuera del TTIP” o que están presionando para que se modifique o no se firme [1] . En efecto las entidades locales son conscientes de que su aprobación tendrá importantes efectos negativos sobre la actividad económica y el empleo local: sobre la reducción de salarios; el aumento de las deslocalizaciones y la eliminación de pequeñas y medianas empresas en todos los sectores. En el plano de los derechos laborales, preocupa el hecho de que el TTIP apoye la eliminación de los derechos de huelga, del derecho de sindicación y el fin de la negociación colectiva.
Son numerosas las redes que están funcionando en Europa con el objeto de agrupar a miles de entidades locales (en Francia, Bélgica, Austria, Alemania o España) que se oponen a la trama que supone el TTIP [2] . Con ello expresan su capacidad de respuesta y defienden las funciones que tienen otorgadas por ley, a nivel nacional o europeo, como principales garantes de la promoción de los servicios públicos, la actividad económica y el empleo local.
Con esta postura las corporaciones locales están asumiendo la responsabilidad de defender derechos sociales inalienables, que no pueden supeditarse a la lógica del mercado y a los intereses privados de unos pocos privilegiados; y con ello, preservar la universalidad de unos servicios públicos socialmente útiles, que permitan asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia.
Ricardo Gómez Muñoz
Miembro de Attac-Catalunya, de EconoNuestra y de la Campaña No al TTIP
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y http://noalttip.blogspot.com.es/
