Los papeles que abren la caja de Pandora

Los paraísos fiscales son tóxicos y corrosivos para el sostenimiento de la democracia, una trampa que alimenta la desigualdad y un agujero de recursos públicos que impiden el sostenimiento de las políticas sociales.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) responsable de las investigaciones sobre los Papeles de Panamá y los Paradise Papers acaba de publicar los Papeles de Pandora. Esta no es una filtración cualquiera. Más de cuarenta años de información, 14 bufetes de abogados o proveedores de servicios especializados, en al menos 38 jurisdicciones entre las que volvemos a encontrar viejas conocidas. Las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Hong Kong y por supuesto, Panamá. Las revelaciones prometen abrir la caja de Pandora, y no sólo por el ingente volumen de información con el que cuentan, sino por quienes aparecen.

Los ultra ricos, por supuesto, al menos 130 de los mil millonarios de la lista Forbes aparecen en estos Papeles. Quizás por eso, sea más fácil comprender cómo tras 17 meses desde el inicio de la pandemia, la riqueza de este selecto grupo ha crecido más que en los últimos 15 años y 325 nuevos miembros se han sumado a la lista, casi uno nuevo al día.

Además de nombres del mundo de la cultura, celebridades mundiales, miembros de familias reales, el escándalo salpica más allá de los “sospechosos habituales” como defraudadores, traficantes y otros personajes. Lo escandaloso es el detalle con el que se muestran las operaciones de un total de 336 políticos de los cuáles 35 líderes mundiales, muchos de ellos aún en activo y con puestos de responsabilidad. Desde jefes de Estado a ministros de finanzas e incluso directores de organismos internacionales. Como ha dicho el director de comunicación del FMI: “Es un Panama Papers con esteroides”. Porque nos pone ante una evidencia clara. Como confiar en que se frene esta vorágine de fugas fiscales, cuando quienes deberían ser responsables de poner en marcha los esfuerzos legislativos son quienes están implicados en primera línea.

Son muchos los políticos que han venido defendiendo un compromiso institucional total en la lucha contra los paraísos fiscales. Entre 2008 y 2017, la utilización de los paraísos fiscales se multiplicó por cuatro y creció al doble de velocidad de lo que lo hizo la economía mundial. Según el FMI, cerca de un 9% de la riqueza mundial está aparcada, oculta o transita por los paraísos fiscales. Para España, más de un 10% del PIB nacional. Pero los cálculos de Oxfam muestran que aunque se han producido algunos avances en el control e identificación de las cuentas individuales, no se ha conseguido frenar el uso casi generalizado de estas prácticas.

No hay excusa, los intereses creados paralizan la capacidad para adoptar los mecanismos efectivos que permitan acabar con esta lacra. Porque los paraísos fiscales son tóxicos y corrosivos para el sostenimiento de la democracia, una trampa que alimenta la desigualdad y un agujero de recursos públicos que impiden el sostenimiento de las políticas sociales. Cada euro que se escapa a uno de estos territorios que hacen el juego sucio al resto del planeta, es un euro que no se invierte en hospitales, en sanidad pública, en infraestructuras, ni en vacunas contra la Covid.

Seguimos viendo los fondos europeos Next Generation como el maná que permita una recuperación justa y un cambio de dirección en nuestro modelo productivo, pero mientras, se multiplican las barreras legislativas o ideológicas que impiden poner los candados legislativos a la fuga hacia paraísos fiscales.

Para empezar, las medidas de urgencia deberían ser:

• No podemos seguir con listas negras de paraísos fiscales ineficientes y que resultan de un juego diplomático. Nos hace falta una lista española y una lista europea que responda a criterios objetivos. Para empezar, que al menos todos los territorios que tienen un 0% de impuesto de sociedades sean listados.
• Acabar con las sociedades offshore y romper con su poder creando un registro público en España que alcance a los propietarios reales, finales y efectivos de todas las sociedades pantalla y cuentas bancarias. Todos los nombres de esta filtración habrían sido detectadas si lo tuviéramos.
• Acabar con la fuga de beneficios empresariales a paraísos fiscales. Con el agujero en España en la recaudación del Impuesto de Sociedades, y con casi la mitad de los beneficios empresariales mundiales declarados en paraísos fiscales según Gabriel Zucman, hay que aplicar un mínimo mundial en cuanto tributan. Estará justamente en la agenda de la OCDE la semana próxima y revolotea sin cesar entre las discusiones sobre las reformas para los PGE del 2022. Un mínimo sería el 15%, pero para no alinearnos con los territorios como Irlanda o Singapur, deberíamos aspirar al menos al 21% como el presidente Biden pretende en Estados Unidos
• Y es hora de que se ponga en marcha un plan de coordinación internacional para que los grande patrimonios no sigan infragravados.