ATTAC Catalunya Justícia Econòmica Global
PLATAFORMA POR LA JUSTICIA FISCAL
10 de septiembre 2020
Rodolfo Rieznik | La crisis pandémica ha impactado de forma dramática en todos los indicadores de la economía española, y también de la mundial. Las previsiones sobre la evolución de la actividad económica no pueden ser más sombrías. No contamos aún con datos anuales definitivos, solo con un goteo de cifras trimestrales, a partir de los cuales se proyectan porcentajes anuales. En el caso de la economía española, estaríamos en caídas del PIB próximas al 15% del producto bruto anual en el año 2020.
El Producto Interior Bruto mide en términos monetarios, no en volumen físico, la actividad productiva de un país en un período de tiempo. Las restricciones impuestas a la movilidad de la población por la enfermedad del coronavirus han impactado extraordinariamente en el gasto de consumo ordinario de las familias. El consumo representa entre el 70% y el 80% el PIB. Además, las empresas, ante la depresión consumista, no han invertido ni están en disposición de amortizar sus instalaciones, y tampoco se han planteado expandirse en nuevo equipamiento. De esta manera, la inversión se desmorona. Sin consumo y sin inversión las empresas se desprenden de trabajadores, el empleo se derrumba y, lógicamente, la demanda se reduce y así las ventas y los beneficios. Así es como se está reproduciendo el círculo áulico negativo de la economía. Socialmente es evidente que los colectivos más duramente afectados de esta situación son globalmente los asalariados de la mayoría de los sectores de la economía, los trabajadores autónomos, incluidos los de la cultura y el espectáculo, y la pequeña empresa. Es decir, los más perjudicados son todos aquellos que su vida cotidiana sólo se sustenta en los ingresos de su trabajo, formal e informal. La desigualdad y la pobreza, en este desolador panorama, no pueden más que aumentar. Es lo que están recogiendo las estadísticas.
El Gobierno ha implementado políticas sociales urgentes para atender parcialmente en tiempo y forma estas circunstancias, con expedientes de regulación del empleo, ERTES, ampliación del seguro de desempleo, ingresos mínimos, IMV, avales de crédito para las empresas, etc. Todo ello terminará impactando enormemente en el gasto público, que se sumará a los incrementos de otros gastos urgidos por la irrupción de la pandemia, entre otros, los sanitarios y los educativos.
El Estado, bien con recursos propios, con deuda o con ayudas externas como las de anunciadas de la Unión Europea, deberá atender la financiación de todo ese expendio extraordinario. El Gobierno cuenta para soportarlo con los impuestos que recoge, o bien gravando el ingreso y el consumo de las personas y las empresas, o bien haciendo tributar la riqueza patrimonial acumulada de los ciudadanos. Con el consumo y la inversión en caída libre, la recaudación estará gravemente afectada. La contracción, en definitiva, de la renta nacional, antes comentada, repercutirá en los ingresos tributarios. Además, la desocupación reducirá las cotizaciones de los trabajadores activos, agregando otro frente deficitario al bienestar social de las clases pasivas.
Los datos anticipan un severa subida de la deuda pública del 100% al 120% del PIB, en sintonía con lo que está sucediendo en el conjunto de la economía mundial. El incremento del presupuesto público abrirá el debate tradicional de cómo se financiará: con más impuestos o reduciendo otras partidas, ya que el pago la deuda es prioridad constitucional (por el artículo 135). La deuda financiera ya supone el segundo capítulo más importante del presupuesto del Estado, después del gasto sanitario. En el mediano plazo, los servicios de la deuda, es decir la amortización del capital y el pago de los intereses, serán una parte cada vez más sustancial del gasto presupuestario del Estado si no se practica una corrección contundente y se redirige la atención hacia el gasto social. Sin duda las personas y las familias son los desprotegidos.
No está todavía claro si las subvenciones y ayudas europeas por 140 mil millones de euros computarán en el endeudamiento del país al comprometerse, en principio, como deuda europea mancomunada. En cualquier caso, estas ayudas se dirigirán prioritariamente a proyectos empresariales públicos – privados de políticas estratégicas definidas por la Unión Europea: energía y cambio climático, cambio digital, etc. No es posible saber aún si se traducirán en amortiguar los graves problemas de paro y desocupación o en apoyos financieros a las empresas para hacerlas más competitivas en las áreas de futuro antes indicadas. Esto último, en todo caso, no ayudará a recomponer el mercado de trabajo, porque las mejoras de productividad serán más automatización y menos empleo. Ya se percibe en la agenda política de los partidos políticos de la derecha una falta de consenso por la aprobación de un presupuesto socialmente justo, así como una ambición desmesurada por hacerse con el control de los dineros europeos.
Por eso, porque una parte sustancial de la población activa se enfrenta a un futuro de rentas incierto, de desigualdad y pobreza, derivados de los efectos negativos que reproduce la reducción en el consumo y la inversión antes mencionados, es más necesario que nunca implementar políticas que redistribuyan el ingreso generado en la economía. ¿Cómo? A través de un aumento de la progresividad de los impuestos vía una subida a los que más ganan y tienen, y de una lucha decida contra el fraude. Es de sobra conocido que en España tenemos un estado del bienestar en retroceso, y una recaudación siete puntos porcentuales por debajo de la media europea. Esto último como resultado, entre otras causas, de tipos impositivos bajos en altos niveles de renta, de exenciones abusivas en tributos a la riqueza – patrimonio, en sucesiones y en donaciones. La elusión fiscal a través de la ingeniería financiera, en particular de las grandes tecnológicas, y el fraude fiscal directo, alcanza en nuestro país niveles escandalosos.
La excepcionalidad de la situación económica post-COVID obliga a retomar con urgencia la agenda y la lucha por una fiscalidad justa, suficiente, progresiva y redistributiva. La Plataforma por la Justicia Fiscal está decididamente comprometida en estos objetivos.
