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El debate sobre la reducción de la jornada laboral se extiende por gobiernos y empresas de todo el mundo como una solución a problemas de empleo, productividad, conciliación, salud y ecología.
El 3 de abril de 1919, el Gobierno de España firmaba un decreto que convertía al país en el primero de Europa que fijaba una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. No fue fácil. La firma llegó tras 44 días de huelga secundada por más de 100.000 personas en Cataluña. La protesta comenzó cuando ocho trabajadores de la operadora eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, conocida como “La Canadiense”, fueron despedidos por intentar organizar un sindicato.
La lucha por la reducción y limitación de las jornadas laborales es tan vieja como la propia revolución industrial y la aparición de los primeros sindicatos. Pero aquella batalla se paralizó en esa barrera de las ocho horas diarias. En el último siglo, las luchas laborales han ido en gran parte enfocadas a mejorar las condiciones salariales, aumentar el salario por hora o fijar salarios mínimos, pero la batalla por la reducción de la jornada laboral se había quedado en un rincón. Hasta ahora.
En los últimos años, algunos países han rebajado su jornada máxima laboral, como el caso de Francia que en 2000 fijó una jornada semanal de no más de 35 horas. Otros han arrancado proyectos piloto para reducir las jornadas con la intención de estudiar sus efectos sobre el reparto del trabajo, la productividad, la salud mental de los empleados o sus implicaciones en la brecha laboral entre géneros o en la reducción de emisiones. La prueba realizada en Islandia es una de las más significativas. La isla probó un experimento durante cuatro años en el que recortó la jornada laboral a cuatro días y un máximo de 35 horas para el 1% de su población, implicando a empleados públicos, escuelas, hospitales y empresas del sector privado. Los resultados apuntan a una productividad mucho mayor, trabajadores más motivados con sus puestos y una significativa reducción del desempleo.
Pero no solo lo prueban administraciones públicas. Muchas empresas privadas también han decidido experimentar con la reducción de jornada. Microsoft limitó la jornada a cuatro días en su sede japonesa y afirmó que la productividad de sus empleados aumentó un 40%, además de reducir el consumo energético un 25%. En Nueva Zelanda la multinacional Unilever también está probando la jornada de cuatro días con la intención de implantarla a nivel global. Otras empresas como Telefónica, Toyota o Iberdrola también han realizado pruebas con la reducción, aunque en muchos de estos casos viene con una reducción salarial.
En España el debate y las pruebas llegan desde lo público y lo privado. El Programa 4/2025 impulsado por la Secretaría Autonómica de Ocupación de la Generalitat Valenciana, con Compromís a la cabeza, pretende promover una jornada de 32 horas en el tejido empresarial español. Este proyecto piloto propone ayudas directas a las empresas, como incentivos que cubran el coste salarial durante el primer año, reduciendo esa ayuda al 50% el segundo año y al 25% el tercero, a cambio de que las empresas mantengan el total de empleados y no reduzcan los salarios. Además, la iniciativa ofrece ayudas a la creación de nuevos puestos de trabajo. A nivel estatal, Más País – Verdes Equo ha conseguido pactar un proyecto piloto dotado con 50 millones de euros y que arrancará en 2022. Por la parte privada, algunas empresas han decidido motu proprio dar el paso a la reducción de jornada, como los restaurantes madrileños La Francachela o la empresa de software Delsol con sede en Jaén. En tan solo dos años, esta última ha creado 20 nuevos puestos de trabajo en una plantilla de 180 y ha aumentado la productividad y la implicación del personal con los objetivos de la empresa.
Trabajar menos para vivir mejor
Desde que la lucha por reducir la jornada se estancara en las ocho horas, se puso toda la confianza en el incremento de la productividad y el reparto de esos beneficios entre los salarios (trabajo) y los empresarios (capital). Pero en las últimas décadas, de una manera más pronunciada desde la crisis de 2008, ese reparto no ha existido y los salarios han perdido peso dentro del PIB, mientras que los beneficios empresariales han aumentado. Por la parte fiscal ocurre lo mismo de una forma paralela: el porcentaje de impuestos que acaba recayendo sobre las rentas del trabajo no ha dejado de crecer mientras la aportación a las arcas públicas del Impuesto de Sociedades sigue en caída. En resumen, aquel reparto de beneficios al aumentar la productividad en el que confiaban los sindicatos ya no existe. Los salarios se han estancado y los empresarios siguen aumentando su margen. Ante esta situación y la necesidad de equilibrar esa balanza, “solo hay dos alternativas: aumentar los salarios o reducir la jornada sin disminuir los salarios, lo cual es mucho mejor”, explica a El Salto Jon Bernat Zubiri, profesor de economía de la Euskal Herriko Unibertsitatea que junto a la economista Verónica Castrillón ha estudiado el impacto que podría tener en la economía española la reducción de la jornada máxima a 34 horas.
El economista señala como principal argumento para justificar dicha reducción a ese desequilibrio cada vez mayor entre los beneficios del capital y los salarios, pero también menciona problemas estructurales relacionados con el género y una dualidad en el mercado laboral, con hombres haciendo jornadas largas y horas extras mientras las mujeres tienen empleos a tiempo parcial —“que muchas veces son forzados o elegidos para realizar trabajos de cuidados en casa”, matiza—, que ve necesaria la reducción de jornada “para equilibrar el trabajo entre hombres y mujeres, liberar tiempo para los cuidados y, esto último, especialmente para que los hombres participen más en esos cuidados”.
El otro argumento que señala Zubiri, muy en boca de todos en épocas de crisis y con niveles altos de desempleo, es la creación de puestos de trabajo. Las empresas que necesiten cubrir las horas reducidas con nuevos puestos impulsarán la creación de empleo. En Francia, tras la reducción, se creó entre un tercio y un cuarto del trabajo reducido, pero Zubiri afirma que no hay que confiarse con esas cifras ya que “las empresas buscan la reorganización de los tiempos y búsqueda de mayor eficiencia para no tener que contratar”.
En su estudio de impactos del paso generalizado a las 34 horas en España, Zubiri y Castrillón han calculado que sí se creará empleo por el 30% de los millones de horas liberadas, lo que supondría 443.000 nuevos puestos a tiempo completo, con un coste de menos de 14.000 millones de euros para las empresas y unos retornos directos de más de 7.700 millones para las arcas públicas. Otro estudio realizado por Luís Cárdenas y Paloma Villanueva incluye cálculos similares cifrando en algo más de medio millón de puestos de trabajo creados como consecuencia de una reducción a 35 horas.
Trabajar menos para tener mejores empresas
Hay que convencer a las empresas de que la reducción de jornada es buena para ellas, según la opinión de Héctor Tejero, Diputado de Más Madrid en la Asamblea y coordinador político de Más País, quien no cree que haya que regular por decreto y con la patronal en contra, sino que es mejor encontrar “una buena masa de empresas que lo hagan, que haya un cambio cultural amplio donde gente lo apoye y entonces podremos dar el salto a hacer una ley progresiva y gradual”. Esa es la hoja de ruta del proyecto piloto que Más País – Verdes Equo ha conseguido arrancar al Gobierno. El diputado nombra una encuesta realizada a empresarios por parte de Adecco que mostraba que un 15% de las empresas verían bien una reducción de jornada sin reducir el salario, “lo que son unas 400.000 empresas que, en caso de dar ese paso, ya sería una cantidad suficiente para demostrar sus ventajas y avanzar en su implementación en todas”.
Todas las fuentes preguntadas y las investigaciones sobre la reducción de jornada señalan que la principal ventaja para el empresario es que se produce un aumento en la productividad, pero no solo por la reorganización empresarial, sino por factores relacionados con la calidad del empleo. “Nosotras no queríamos crear más empleo, sino mejores empleos”, afirma María Álvarez. Esta empresaria es dueña junto a su socia de los restaurantes La Francachela, en el interior del Medialab Prado y en el Matadero de Madrid, y está en proceso de abrir un nuevo local. Desde que se embarcaron en este proyecto en 2017 querían tener condiciones laborales dignas, “pero al entrar en la hostelería te das cuenta de que la gente trabaja jornadas de seis días y en horarios partidos”, explica. “Cuando entras en un bar te das cuenta que ese modelo machaca a la gente, ves que los camareros mayores están destrozados y con los jóvenes hay mucha rotación”, lamenta Álvarez, quien afirma que no querían ese modelo para sus restaurantes, ya que “genera infelicidad, pone a la gente en situación muy delicada, se les agota la energía y acabamos desechando y perdiendo todo lo que hemos invertido en ellos”.
Entonces llegó la pandemia y sus consecuencias sobre ella misma, madre de dos hijos, y sobre sus empleados en temas como la conciliación. Apostaron por bajar la jornada laboral de 40 a 35 horas trabajadas en cuatro días sin disminuir el salario, dejando tres libres, pero poniendo el foco en una reestructuración organizativa y la implementación de tecnología: “Le dimos la vuelta a toda la empresa, cambiamos la carta e incluímos un avance tecnológico”. Se refiere a un sistema para que los clientes hagan sus pedidos mediante WhatsApp, lo que les ha facilitado esa reducción de jornada al hacer más eficientes los puestos de trabajo, pero además han conseguido “una mayor facturación por mesa”. Aunque, según Álvarez, otra de las principales ventajas es que han demostrado “que si incluyes tecnología para apoyar a los trabajadores en vez de para sustituirlos, consigues que toda la plantilla se vincule”.
Esa vinculación con los objetivos de la empresa tras una reducción de la jornada también tiene otros beneficios. Tanto Tejero como Zubiri coinciden en que la reducción de la jornada laboral mejora las cifras de absentismo ya que “si tienes un día libre para hacer tus cosas, recados o papeleos no necesitas mentir o escaquearte en tu jornada laboral”, argumenta Tejero, que añade otros factores que incrementan la productividad, como un mayor rendimiento en las horas trabajadas al estar más descansados, una mayor identificación de los empleados con la empresa, menor rotación, mayor motivación y una mayor captación del talento: “La gente se ve atraída por este tipo de empresas con mejores condiciones, la empresa puede elegir entre personas más formadas y esto acaba impulsando la productividad”.
Pero, además, Zubiri destaca otro dato: “Las largas jornadas aumentan el absentismo y el riesgo de accidentes laborales, por lo que una reducción de horas también tendría un efecto positivo sobre la siniestralidad”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicaron un estudio en mayo de 2021 en el que alertaban de que las largas jornadas de trabajo aumentan el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular por la aparición del estrés laboral.
Trabajar menos como batalla cultural
Esa batalla del capital contra el trabajo no es nueva: desde los años 70 el capital de la mano de Thatcher y Reagan entendió que aquella puja también se libraba en lo cultural. La reducción de jornada “sirve sobre todo para vivir mejor”, afirma Tejero, que ve en este cambio de paradigma “una medida que sale a la ofensiva contra el neoliberalismo y una batalla cultural para vivir de otra forma, trabajar menos y tener más salud”.
María Álvarez también señala al “mito económico y tantas veces repetido de que lo que hay que hacer es trabajar muchas horas”, que, según dice, es una premisa falsa que viene de la revolución industrial, cuando se generó esa cultura del trabajo impuesta a la gente que venía del mundo rural. “Es falso, porque lo importante es tomar buenas decisiones”, afirma la empresaria, que además defiende que “hay que estar en contra de la cultura del esfuerzo, es una trampa dañina que hay que desmontar”.
En Ecologistas en Acción también han acogido la lucha por la reducción de jornada laboral como herramienta de una batalla mayor: “La transformación ecosocial que necesita la economía”, explica Adrián Almazán, activista de Ekologistak Martxan e integrante de la campaña Trabajar Menos Vivir Mejor de Ecologistas en Acción. Para esta campaña, “la reducción no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para afrontar esa transformación”. Desde la organización realizaron un cálculo de diferentes escenarios futuros y sus emisiones para llegar a la conclusión de que “el decrecimiento es el único que puede cumplir con la reducción de emisiones necesaria y de ahí que solo podamos ver la reducción de jornada como una opción”, afirma Almazán.
¿Cuatro días o 32 horas?
No es lo mismo trabajar menos pero los mismos días que trabajar un día menos. En este punto es donde se encuentran algunas de las fricciones y debates entre las distintas posturas que apoyan la reducción de jornada. Desde el feminismo y otros sectores que colocan la conciliación y los cuidados en el centro critican que una reducción a cuatro días no soluciona los problemas diarios de falta de conciliación. Por otro lado, desde sectores ecologistas abogan por la jornada de cuatro días como una medida para evitar desplazamientos, energía y con ello conseguir una reducción de las emisiones y la huella ecológica de los puestos de trabajo.
María Álvarez, además de la gestión del restaurante, es una de las impulsoras de la campaña internacional 4suma que, con representación en varios países como Escocia, Irlanda o Nueva Zelanda, pretende impulsar la reducción de jornada para “conciliar, transformar las empresas, reducir la contaminación y frenar el cambio climático”. Álvarez defiende que cada empresa y sector es un mundo, además de no tener claro que haya muchas diferencias entre la conciliación que facilita una u otra opción, pero cree que “los cuatro días es un símbolo y funciona muy bien”.
Algo en lo que coincide Tejero que explica que, aunque el debate se debe tener según el sector de la empresa y las condiciones particulares, los cuatro días es algo más fácil de entender y que es mejor recibido por las personas implicadas o por la prensa: “Cuando hablamos de horas semanales parece que queda algo difuminado, como si la gente no tuviera muy claro cuántas horas trabaja y cómo se materializaría esa reducción, pero cuando hablas de un fin de semana de tres días se entiende mucho mejor”.
En Ecologistas no tienen una preferencia clara por ninguno de los dos modelos, pero sí ponen el foco en la “diferencia entre el empleo y el trabajo”. “En el trabajo incluímos el trabajo de los cuidados y en nuestro escenario deseado buscamos que haya un mayor equilibrio entre los cuidados y el empleo asalariado, y que eso provoque un reparto en el marco de los cuidados, porque seguiremos en una situación complicada si repartimos el empleo pero no el trabajo no asalariado y este acabe siempre recayendo sobre las mujeres”, dice Almazán.
¿Y esto quién lo paga?
Si en algo han coincidido todas las fuentes consultadas es que una reducción de jornada que conlleva una reducción de salario no es lo que ellos llaman una reducción de jornada. “Si se hace con una reducción proporcional de sueldos solo los segmentos más acomodados de la clase trabajadora la defendería y sería, por tanto, una medida de regresión social, un reparto del paro”, explica Zubiri. Con él coincide el diputado de Más Madrid, que además señala un término utilizado por algunas de las empresas que abordan ese tipo de reducción de jornada: la flexibilización.
Quién financia esa reducción y cómo hacer que la paguen las empresas de forma equitativa y redistributiva es una de las aristas más polémicas entre las diferentes propuestas, según Zubiri. “Si los empresarios pagasen los nuevos costes en contratación de sus empresas, solo los capitales más productivos y competitivos podrían hacer frente a la medida, y los sectores más intensivos en trabajo y con menores beneficios serían penalizados, lo cual no sería justo”, lamenta el profesor de economía. Álvarez señala el problema desde otro punto de vista: “El 99% de las empresas españolas son pymes y micropymes, por lo que necesitamos que los que piensan que no pueden tengan una ayuda, las administraciones públicas deben ayudar a esas personas que no saben cómo mejorar sus negocios, se les debe ayudar a contratar un asesor, por ejemplo, para que puedan implementar una tecnología y para que en definitiva se atrevan a tomar el riesgo de hacer ese cambio estructural hacia la reducción de jornada”.
Ese modelo de ayudas a la innovación vinculadas a la reducción de jornada también es defendido por Tejero, que explica que el programa piloto de su partido “no pretende imitar políticas públicas”, sino que pretende “dar dinero para que la simulación vea qué haría una empresa privada, o sea, les dejamos elegir, dentro de unos márgenes, en qué prefieren gastar ese dinero y analizar más tarde qué ha pasado con el empleo, la productividad o la salud de los trabajadores”. Sobre esos resultados cuentan con “ajustar y buscar políticas públicas que tengan esos factores en cuenta”. Para Zubiri en este modelo debería bonificarse a las empresas que creen empleo, “ya que es el principal sino único coste importante de realizar una reducción de jornada en sus plantillas”. María Álvarez es mucho más concisa y directa en este sentido: “Reducir la jornada laboral no debe aumentar los costes a las empresas, por lo que toda esa lógica de que hay que pagarle a los empresarios lo que hace es trasladar al Estado algo que se debería producir de manera natural en las empresas”.
Para Zubiri hay un método mejor, defendido por Verónica Castrillón y él mismo en sus estudios, que consistiría en un mecanismo fiscal de reparto del coste de la reducción entre todas las empresas. “Se podría establecer una cuota para todas las empresas que se pagaría en la declaración de su Impuestos de Sociedades o con un impuesto finalista establecido para financiar e incentivar la reforma”, desarrolla el economista que defiende que de esta forma se podría estimar el coste global según se de un mayor o menor impacto en nueva creación de empleo y, por tanto, de aumento de costes laborales”, además de “permitir a todas las empresas descontar de la misma los costes de las nuevas contrataciones, de forma que pudiera incluso resultar un saldo negativo y, por tanto, recibir recursos netos para incentivar que la reducción de jornada tenga un mayor impacto en la creación de empleo”.
Por otro lado, la campaña de Ecologistas no mira a las administraciones públicas, sino a la calle. “No creo que se pueda hacer por decreto en tanto que no haya un sentir general en la calle que lo apoye en sus puestos de trabajo”, afirma Almazán, que explica que la principal preocupación de la organización es “generar esa transformación social, ese movimiento social que sea el sujeto político que elija cómo hacerlo”.
Trabajar menos para un futuro mejor
El futuro, o el presente, necesita cambios urgentes ante los retos a los que nos enfrentamos. “Estamos en un momento en el que se necesitan nuevas ideas y la jornada de cuatro días funciona fenomenal”, afirma Álvarez que aconseja a los empresarios que quieran que les siga yendo bien que “deben tener en cuenta que los momentos de crisis son los mejores para transformarse y arriesgar, que los cambios que estamos viendo ahora son tan bestias que necesitan transformaciones que estén a la altura y que la reducción de jornada a cuatro días alinea los intereses de los trabajadores, empresas y clientes”.
Almazán apunta a un proceso y una crisis que no tiene vuelta atrás. Señala unas transformaciones económicas que se van a dar y sectores que van a encontrar cada vez más difícil seguir existiendo debido a la crisis ecosocial global a la que nos enfrentamos. En ese escenario y en esa transición, “para poder poner encima de la mesa la necesidad de vidas dignas y el reparto de trabajo para todo el mundo, la reducción de jornada es algo necesario”, concluye.
El documento España 2050 señalaba que, dentro de dos décadas, la jornada laboral en el Estado español se debería reducir a las 35 horas semanales. Pero las últimas crisis, las grandes cifras de desempleo estructural, con especial relevancia en la gente joven, los problemas sociales y sanitarios que provocan y la transformación del mundo laboral que deja tras de sí la robotización, la Inteligencia Artificial y los avances tecnológicos, dibujan un futuro muy cercano donde el debate del reparto de empleo debe colocarse encima de todas las mesas.
Yago Álvarez Barba @EconoCabreado
