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En 15 días, el fondo de la política de asilo de la Unión Europea y de sus Estados miembros ha quedado, una vez más, al desnudo. Se ha mostrado el colapso que sufre, incapaz de responder a un derecho reconocido en la Convención de Ginebra
En 15 días, el fondo de la política de asilo de la Unión Europea y de sus Estados miembros ha quedado, una vez más, al desnudo. Se ha mostrado el colapso que sufre, incapaz de responder a un derecho reconocido en la Convención de Ginebra, según el cual aquellas personas que: «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él»…
Hace unas semanas, el 26 de septiembre pasado, finalizó el plazo abierto por la Unión Europea en septiembre de 2015, para reubicar en su espacio, donde viven 500 millones de personas, a los 160 mil refugiados a los que se comprometió. En dos años, los diversos Estados de la Unión solo han encontrado “sitio” para reubicar a 28.242, es decir, el 18% de la cifra total asumida. Únicamente Malta ha cumplido con su cuota, 137 personas. Por su parte, el reino de España había acordado recibir en este periodo a 16.231 refugiados reubicados del cupo y, a la vez, a 1.106 reasentados, que representan 17.337 personas en los dos años mencionados. De las cifras pactadas, ha cumplido únicamente con un escuálido 11%, es decir, 1.910 personas.
La Unión y los Estados que la conforman mantienen su huida hacia adelante y, continúan, a partir de argucias legales infumables y flagrantes incumplimientos de sus compromisos, evitando afrontar la realidad que tienen frente a los ojos. Una realidad que, como señala ACNUR, elevó la cifra de personas refugiadas, a finales de 2016, a más de 67 millones en el mundo, número que superaría los 120 millones de personas si sumáramos a las desplazadas.
La Unión, tras el fracaso de su mísera cuota de reubicación, continúa enfrascada en encontrar el bálsamo de fierabrás que permita “resolver” la cuestión sin tener que cumplir con la obligación de acatar la legalidad internacional de la que se reclama y que, formalmente, exige a los Estados que forman parte de ella. En Bruselas y en las diversas cancillerías, se habla de reforzar las vías de acceso a la Unión, de reformar el Reglamento de Dublín y de trabajar en una triple vía: reasentamiento, migración legal y retorno voluntario. Detrás de una terminológica propia de la neo lengua y de conceptos que engrosan la pos verdad, los testarudos hechos se imponen: La Unión y sus Estados siguen en una política basada en la contención y el control de la frontera, y, por lo tanto en la “guerra” contra quienes viene huyendo de ella. Así, se continúan enviando barcos militares al Mediterráneo y llegando a acuerdos con Estados como Libia o Turquía que incumplen las normas UE, incluidas las reformas de última hora. Y por supuesto ahí están las llamadas devoluciones en caliente por las que España ha sido recientemente condenada por el Tribunal de Estrasburgo. Formalmente, la Comisión Europea reclama a los Estados que lleven a la práctica sus acuerdos y reubiquen al 80% pendiente, a la vez que solicita que se acepte a 50 mil reasentados más, olvidándose de hacer cumplir de manera efectiva y con las medidas necesarias tales exigencias.
A estas alturas nadie duda de que las viejas fórmulas de Dublín y Schengen han sido ya ampliamente superadas. Una superación que, en su vertiente negativa se expresa en el rechazo a la acogida y en los acuerdos con terceros países; y en la positiva, representa la base sobre la que exigir un giro de la política actual a favor fórmulas que se centren y expresen su núcleo en el respeto de los derechos de las personas.
Como puede apreciarse no se trata de problemas administrativos, sino profunda y claramente políticos. O se refuerza el espacio europeo de la acogida, se avanza en un sistema y normas únicas europeo de asilo sobre la base de asegurar como prioridad el derecho a permanecer, circular y acceder a la Unión de las personas refugiadas a través de distintas iniciativas, entre ellas, un pasaporte europeo, o se mantiene la actual escalada, que solo responde a vallas más altas, más policía y más sufrimiento. Los gobiernos de hoy prefieren la segunda vía, así cualquier medida que adopten lejos de resolver la situación, la empeoran y agudizan todos los gravísimos problemas provocados por el desplazamiento forzoso de millones de personas en el mundo.
Carlos Girbau es amigo y colaborador de Sin Permiso y activista social en Madrid.
Fuente: www.sinpermiso.info, 8 de octubre 2017
