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La gravedad del problema actual requiere unos cambios más sustanciales en el ordenamiento económico y político de las sociedades en las que vivimos de los que ahora se están considerando. La evidencia de ello es abrumadora. Así de claro.
Hace unos días hubo una reunión telemática de varios expertos, miembros de la International Association of Health Policy, procedentes de varios países y continentes para analizar la respuesta de los países en diferentes continentes a la pandemia actual de coronavirus. Eran profesionales procedentes de varias disciplinas, desde epidemiólogos y otros expertos en salud pública a economistas, politólogos y profesionales de otras ciencias sociales. La reunión, organizada por la revista International Journal of Health Services, tenía como propósito compartir información y conocimientos con un objetivo común: ayudar a las organizaciones internacionales y nacionales a resolver la enorme crisis social creada por la pandemia. De la reunión se extrajeron varias conclusiones que detallo a continuación.
La expansión de la pandemia era predecible y así se había alertado
En primer lugar, se repasaron varios estudios realizados durante los últimos años (el último en 2018) que habían predicho que tal pandemia ocurriría, habiéndose alertado que el mundo no estaba preparado para ello a no ser que se tomaran medidas urgentes para paliar sus efectos negativos. Tales alertas no solo no se atendieron e ignoraron, sino que muchos Estados a los dos lados del Atlántico Norte aplicaron políticas públicas que han deteriorado la infraestructura de servicios (a base de recortes de gasto público y privatizaciones), así como otras políticas públicas desreguladoras de mercados laborales que han disminuido la protección social de amplios sectores de la población, afectando primordialmente a las clases populares de tales países. La evidencia científica, ampliamente publicada en revistas académicas, ha puesto de manifiesto el enorme impacto negativo que tales políticas han tenido en la disponibilidad y calidad de los servicios sanitarios y sociales (con notables reducciones del número de camas hospitalarias y del número de médicos -por ejemplo, en Italia y España desde 2008-). Otros estudios han mostrado también el impacto de las reformas laborales neoliberales, que han deteriorado la calidad de vida de amplios sectores de las clases populares en estos y en muchos otros países (siendo el caso más conocido la reducción de la esperanza de vida entre amplios sectores de la clase trabajadora de EEUU, resultado del incremento de las enfermedades conocidas como «diseases of despair«, enfermedades de la desesperación, tales como suicidios, alcoholismo, drogadicción y violencia interpersonal). Estas políticas (consistentes, como ya he indiciado, en recortes del gasto público social y reformas del mercado de trabajo que incrementaron la precariedad) fueron ampliamente aplicadas en muchos países y estimuladas por organismos internacionales (el FMI, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, entre otros), dejando sin protección a amplios sectores de la población y debilitando el sistema de protección social, pieza clave en la respuesta a la pandemia en tales países. Los enormes déficits de camas, de médicos y enfermeras, de mascarillas, de ventiladores y un largo etcétera se han hecho patentes en cada uno de estos países, donde la austeridad tuvo mayor impacto (de nuevo, como en Italia y en España, y ahora EEUU). Y déficits similares aparecen en los servicios sociales de atención a las personas mayores y a las personas dependientes, especialmente agudos en estos momentos de la pandemia.
La segunda observación que hicieron los expertos es que la causa de la pandemia era predecible, así como el modo de responder a ella. Y lo que también se sabía y se sabe es que hay recursos para contenerla y resolverla. Había un amplio acuerdo en que el mayor problema que existiría no sería la falta de recursos, sino las enormes desigualdades en la disponibilidad de estos recursos. No sería, pues, un problema económico, sino político. No había (y no ha habido) voluntad política para anular las condiciones que han causado la pandemia. Como ocurre con otro gran problema social existente también a nivel mundial –el cambio climático–, las causas son conocidas y los recursos para resolverlo existen, pero lo que no existe es la voluntad política de los Estados y de las agencias internacionales que los Estados hegemónicos dominan para eliminar las causas de tales crisis, lo cual lleva a la discusión de quiénes controlan dichos Estados y dichas agencias y organismos internacionales. El tema político es, por lo tanto, clave. Hay que preguntarse: ¿qué fuerzas económicas y financieras dominan los Estados? Y lo que hemos estado viendo es que las políticas económicas y sociales promovidas por la gran mayoría de tales Estados han sido aquellas políticas que representaban los intereses minoritarios de grupos económicos y financieros que antepusieron sus beneficios particulares al bien común. La evidencia empírica que apoya esta tesis es abrumadora.
Y un punto central de esta ideología neoliberal ha sido disminuir las intervenciones del Estado que favorezcan el bien común, hecho responsable del enorme descenso de la calidad de vida y bienestar de las poblaciones, contribuyendo con ello a crear la enorme crisis climática, por un lado, y a la pandemia, por el otro. De ahí la necesidad que han tenido las fuerzas políticas que secundan dicha ideología de negar e incluso ocultar la existencia de esas crisis. La administración Trump y sus aliados a nivel internacional son la versión más extrema de esta sensibilidad política (bastante extendida entre las derechas españolas, incluyendo las catalanas, sean estas secesionistas o no). A los dos lados del Atlántico Norte ha habido una gran derechización de la cultura e instituciones políticas, causa y consecuencia a la vez de la enorme desigualdad y del deterioro de las instituciones democráticas, lo que explica que nuestros países estén hoy en una situación muy vulnerable frente a la pandemia. Repito que Italia y España, en Europa, y EEUU en América del Norte, están en una situación que les ha hecho muy vulnerables a la propagación de la enfermedad el Covid-19 (ver mi artículo «Las consecuencias del neoliberalismo en la pandemia actual», Público, 17.03.20). De nuevo, hay una relación directa en esta parte del mundo entre desigualdad, calidad democrática, protección social y crisis sociales. En aquellos países del capitalismo desarrollado donde hay mayores desigualdades de clase, hay menor protección social (y mayores desigualdades de género), así como una menor atención a los problemas medioambientales y, ahora, una mayor dimensión de los efectos negativos de la pandemia.
El bien común sobre el beneficio privado: la importancia del Estado
Ni que decir tiene que la pandemia es un fenómeno mundial que requiere una respuesta también mundial. Otra observación de los expertos fue que se requería una colaboración entre los Estados, de manera que estos compartieran recursos y conocimientos para, en base a un proyecto común, desarrollar organismos internacionales que prioricen el bienestar de las poblaciones sobre cualquier otro objetivo. Continuar utilizando instituciones internacionales que priorizan exclusivamente intereses específicos, financieros o comerciales es desaconsejable, pues han jugado un papel clave en la configuración de la situación actual. Hay que desarrollar organizaciones alternativas o realizar cambios profundos en las actuales. Ahora bien, los expertos subrayaron que la importancia de la internacionalización de la respuesta no significaba debilitar el rol de los Estados en la resolución del problema creado por la pandemia. El grupo de expertos fue muy crítico con una percepción muy generalizada hoy en centros académicos y mediáticos influyentes de que los Estados están perdiendo poder y no pueden atender a problemas como las pandemias, actitud también presente en círculos progresistas tal y como muestran autores como Negri y compañía, que gozan de tener grandes cajas de resonancia en los medios.
El error de este posicionamiento queda reflejado en el hecho de que los países (sean grandes o pequeños) que han podido controlar la epidemia han sido aquellos donde el Estado ha ofrecido un liderazgo, priorizando las intervenciones públicas sobre las privadas (y supeditando las segundas a las primeras), enfrentándose, en caso de que fuese necesario, con grandes lobbies económicos y financieros que anteponían intereses particulares a los generales. Tal experiencia internacional muestra que aquellos Estados que han tenido un rol más activo y han liderado contundentemente la respuesta a la pandemia han sido más exitosos que aquellos (como EEUU) en los que el Estado está teniendo un rol más pasivo. Y un componente fundamental de este liderazgo ha sido no solo la adopción de medidas de distanciamiento social (necesarias, pero insuficientes), sino también su enfrentamiento con intereses particulares (repito, de lobbies financieros y económicos) que han estado ejerciendo una gran influencia en la vida política y mediática de tales países a fin de garantizar el bien común, por encima de los beneficios de unas minorías.
Hay que intervenir empresas privadas
En este sentido, es profundamente erróneo intentar resolver la gran escasez de material de protección para los profesionales del sector sanitario a base primordialmente y/o exclusivamente de la compra de tales productos en el mercado nacional o internacional. La realidad es que nos encontramos ante una escasez internacional de estos productos debido a su gran demanda, escasez que precisamente beneficia a sus productores, que aumentan los precios, aprovechándose de una situación excepcional. En una situación de guerra (y estamos en una de estas situaciones), el Estado hace lo que debe hacer para conseguir los materiales que necesita para armarse, confiscando y nacionalizando industrias si ello es necesario. Es digno de aplauso que algunos empresarios en España hayan ofrecido voluntariamente cubrir tales déficits cambiando incluso sus líneas de producción, tal y como aplaude Antón Costas en su artículo La pandemia como oportunidad, publicado en El Periódico el 13 de marzo. Pero tales medidas voluntarias son dramáticamente insuficientes. España tiene una industria textil muy desarrollada, y no hay falta de material para hacer mascarillas. Se tiene que obligar a las empresas a que las hagan, y pronto, solo por poner un ejemplo.
Ni que decir tiene que habría una gran oposición a esta línea de actuación por parte de las instituciones financiero-económicas que ejercen un enorme dominio sobre los Estados. Pero la experiencia muestra que tales medidas intervencionistas serían enormemente populares, si se mostrara que se realizan en defensa del bien común, que debe anteponerse al bien particular. En este sentido, la creciente impopularidad de Trump está basada precisamente en que es percibido como un mero instrumento de aquellos intereses, sin atreverse o tener la voluntad de ejercer el liderazgo que el país necesita.
El futuro que nos espera: la barbarie o el bien común
No hay duda de que el futuro será distinto: cambiará el mundo. Y la tolerancia hacia las coordenadas de poder existentes se desvanecerá. Estamos siendo testigos del fin del neoliberalismo, fruto de la urgencia de cambio. La pandemia está mostrando la necesidad de cambiar profundamente las correlaciones de fuerzas dentro los Estados, a fin de eliminar la excesiva influencia de unos intereses particulares que obstaculizan alcanzar el bien común. Ello requiere un cambio en cada Estado y también en la manera en cómo estos Estados se relacionan entre sí; se hace necesario cambiar la orientación de la globalización actual, basada en el control del llamado «mercado» por parte de unas pocas manos, reconociendo la interdependencia entre los países y la necesidad una respuesta colectiva basada en el conocimiento científico, la voluntad popular y el bien común. De ahí que los adversarios de estos cambios sean los mismos factores que crearon la crisis climática y la pandemia: el neoliberalismo, promotor de los intereses de una minoría, y el nacionalismo populista, que antepone sistemáticamente los intereses particulares a los del conjunto. La gravedad del problema actual requiere unos cambios más sustanciales en el ordenamiento económico y político de las sociedades en las que vivimos de los que ahora se están considerando. La evidencia de ello es abrumadora. Así de claro.
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra, y director del Hopkins-UPF Public Policy Center
