Ni silencio ni apatía

Detenemos a sospechosos de poder generar desórdenes y somos pasivos ante despachos que ofrecen evadir impuestos

Joan Subirats –  6 mayo 2012

Pareciera que estemos asistiendo a una especie de ensayo general. Suspensión de Schengen, 8.500 policías en la ciudad, helicópteros en permanente rastreo de sospechosos, centenares de policías disfrazados de antisistema y sensación de ciudad ocupada. Algún periódico publicaba fotos de fuerzas especiales de la policía apuntando con un rifle de mira telescópica a un taxista o a un motorista que circulaban sin ser conscientes de lo que estaba aconteciendo. Lo peor es que todo ha sido provocado por una lógica de represión preventiva que solo se explica por graves fallos de información y de falta de conocimiento de las dinámicas de acción colectiva y conectiva. Tras los episodios de violencia callejera del 29-M, que no cabe ni minimizarlos ni magnificarlos, el consejero Puig y el ministro Fernández Díaz se autoconvencieron de que la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona prevista para primeros de mayo, iba a provocar gravísimos incidentes de orden público. Y procedieron en consecuencia, costase lo que costase. Una profecía que requería autocumplimiento. El balance no puede ser más discreto con relación al despliegue realizado. ¿Más vale prevenir que curar? O, más bien, ¿es mejor asustar que consentir que la protesta aumente? ¿Se está tratando de disuadir el renacer del 15-M un año después? ¿Qué lógicas hay detrás de esa evidente sobreactuación de las fuerzas de orden público?

El conflicto no solo es inevitable en nuestras sociedades, sino que incluso resulta conveniente, sobre todo si uno imagina que las cosas no pueden seguir igual. Y frente a esa inevitable conflictividad solo cabe, simplificando, redistribución de costes y beneficios o represión a los que se creen perdedores. No parece que la capacidad redistributiva vaya a aumentar. Más bien va a disminuir y va a hacerse más y más selectiva, sobre todo si los que mandan no parecen poner el mismo esfuerzo en castigar a los defraudadores de impuestos que a los que queman contenedores, aunque ambas conductas sean igualmente delictivas y condenables. Es muy curioso que sepamos que el 64% de toda la masa monetaria que circula en España esté constituida por billetes de 500, siete veces más que en 2002 y el 30% del total del volumen de esos billetes en la zona euro, o que el fraude fiscal sea el doble en España que la media de la UE, y que a pesar de ello no tengamos policía fiscal con capacidad judicial, que no tengamos mecanismos de investigación sobre el fraude y que nos dediquemos a facilitar que los defraudadores vean perdonados sus delitos a precio de saldo. Pero, si unos estudiantes son detenidos parando el tráfico, son sospechosos de quemar un contenedor y suponemos que puedan participar un mes después en desórdenes provocados por la visita del Banco Central o por el derby Barça-Espanyol, una juez puede decidir encerrarlos preventivamente en la cárcel semanas y semanas. Detenemos a sospechosos de poder generar desórdenes y restamos pasivos ante despachos de alto copete que ofrecen productos diseñados aposta para evadir impuestos.

El comunicado conjunto de Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, emitido el 30 de abril, afirmaba que se estaba criminalizando la discrepancia, decían que la proliferación de manifestaciones defendiendo las políticas de bienestar no podían ser vistas como síntomas de anormalidad democrática, sino al contrario, como expresión de la capacidad directa de la población de manifestar sus voluntades, más allá de la democracia representativa que no puede constituir excusa para el silencio o la observación apática de la vida colectiva. Ese conjunto de profesionales de la justicia expresaban su preocupación por “la vorágine represiva en la que cada problema social se aborda con el anuncio de la introducción de nuevos delitos y de aumentos de las penas de prisión”. Constatan la contradicción de ser un país con bajas tasas delictivas pero tener cárceles sobresaturadas. Y concluyen con la preocupación por la conformación de un régimen autoritario y proclive al populismo punitivo. Alguien con sensatez debería evitar la peligrosa deriva que criminaliza y radicaliza. Todos saldríamos ganando.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.