Satrapías y corrupción

Francesc Valls   1 de Abril del 2012

El gobierno provincial fue utilizado en el franquismo a modo de satrapía dependiente del emperador. Si durante la dictadura se hacía más énfasis en la acepción despótica del término sátrapa, con la democracia se optó por poner el acento en otro significado del término: gobernante con astucia. Y astucia es lo que sobra en algunas de estas entidades provinciales.

Hay que aguzar el ingenio para justificar que se cobre más siendo presidente de Diputación que del Gobierno central. Eso sucedía en épocas de José Luis Rodríguez Zapatero con las máximas autoridades de una decena de corporaciones provinciales. No hay motivo para pensar que la proximidad de la Semana Santa haya reconvertido la política salarial en ayunos cuaresmales. Todo el mundo sabe que da más insomnio organizar servicios supramunicipales que el diferencial del bono alemán.

En la mente de todos resuena el nombre de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y conocida en el Partido Popular como “la mujer de los 13 sueldos”. Un cálculo somero y rápido realizado por este diario arrojaba la cifra anual (en 2010) de 158.000 euros. El que fue presidente de la Diputación de Barcelona, el socialista Celestino Corbacho, cobraba 144.200 euros brutos, más 1.800 en concepto de dietas por cada sesión plenaria del Ayuntamiento de L’Hospitalet a la que acudía.

Es que las Diputaciones son tan ecuménicas que no saben de colores políticos. Y además, tienen indudables facultades de taumaturgia: convierten a sus más feroces detractores en fervientes defensores una vez que logran el poder. Lo que cuando se está en la oposición es un vestigio del franquismo se convierte, una vez logrado el bastón de mando, en una herramienta imprescindible para ayudar a los pequeños municipios.

Un total de 20 denodados diputados provinciales barceloneses son cienmileuristas

 

Las Diputaciones Provinciales se han convertido en grandes oficinas de colocación de los partidos políticos, además de en apetecibles tartas con un saneado presupuesto. No se explicaría de otra forma esa especie de pacto de sangre que mantienen las formaciones políticas en los organismos provinciales. Es de sobras conocido el vía crucis por el que pasaron la mayoría de los partidos para destituir hace un par de semanas a Josep Maria Matas de su cargo de coordinador general de la Diputación de Barcelona: es decir, número dos de la entidad. Matas perdió el cargo el pasado 23 de febrero por haber facturado 900.000 euros a la Asociación Catalana de Municipios mientras era su secretario general. La fiscalía abrió investigación al respecto y también lo hizo sobre las llamadas mochilas o sobresueldos que se pagaban en la Diputación de Barcelona bajo el mandato de los socialistas Manuel Royes, José Montilla, Celestino Corbacho y Antoni Fogué. Esas mochilas consistían en una compensación económica de la que se beneficiaban ciertos trabajadores cuando perdían un puesto de confianza y volvían a su plaza de funcionario.

Y es que la Diputaciones son confortables refugios salariales. Un total de 20 denodados diputados provinciales barceloneses son cienmileuristas, gracias a que complementan sus ingresos salariales con dietas. En 2009, de cada 100 euros que ingresaba la Diputación de Barcelona, 37 se destinaban a pagar salarios. En 2011, un total de 2,53 millones sirvieron pagar a “personal eventual de confianza”, liberados de los partidos políticos.

¿Debe sorprender, pues, la complicidad, generosidad, camaradería y buen rollo que impera entre las distintas formaciones que comparten mesa en la Diputación de Barcelona? El pasado martes, todas las formaciones, excepto Iniciativa Verds, decidieron mantener el sueldo a Josep Maria Tous, el hombre ungido por CiU para relevar al destituido Matas en el cargo de coordinador general. Pues bien, ahí va la historia para los amantes del buenismo y de la reinserción social: Tous estaba ese mismo martes detenido y prestando declaración ante la juez por su presunta relación con la trama catalana del caso Campeón, una telaraña urdida para amañar concursos públicos y favorecer a determinadas empresas en la inspección técnica de vehículos (ITV).

No parece un buen principio estar detenido el día de tu toma de posesión. Menos aún si se trata de un cargo que ya lleva una víctima —Matas— y para una institución sobre la pesan demasiadas sospechas. ¿Hacen falta más argumentos para, en época de recortes, desmochar las Diputaciones? La austeridad y la responsabilidad lo están pidiendo a gritos.

En ese viaje a Ítaca al que Artur Mas ha invitado al pueblo de Cataluña, convendría empezar por aligerar y ventilar las bodegas. No sea que la pestilencia de las “pútridas aguas” a las que se refería Oriol Pujol en el congreso de CDC no provenga de España, sino que sea un viejo, conocido y familiar olor.