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Acuerdo UE- Turquía: “un día negro para la Humanidad”

El acuerdo ha sido calificado como “un día negro para la Humanidad” por Amnistia Internacional

europa

El acuerdo sobre refugiados entre la Unión Europea y Turquía,  alcanzado el 18 de marzo, ha sido calificado como “un día negro para la Humanidad” por Amnistia Internacional. Los peores presagios se han confirmado, a pesar de las advertencias de ONGs, organizaciones internacionales humanitarias como ACNUR y varios estados-miembros de que los acuerdos suponen una violación del derecho internacional de asilo y refugio. Unas horas después del acuerdo se difundía en Internet un video con las primeras actuaciones de la marina turca abordando las pateras de refugiados.

Desde el domingo 20 de marzo, “Todos los nuevos emigrantes irregulares provenientes de Turquía que lleguen a las islas griegas serán devueltos a Turquía”. Estas expulsiones, a pesar de afectar a todos los nuevos emigrantes, excluirán cualquier tipo de expulsión colectiva. Se registrará a los emigrantes irregulares y sus solicitudes de asilo individuales serán tramitadas por las autoridades griegas  de acuerdo con la directiva comunitaria de asilo, en cooperación con ACNUR. Quienes no soliciten o vean rechazada su petición, serán devueltos a Turquía. El propio comunicado, por si había alguna duda, califica el procedimiento de “medida extraordinaria y temporal para acabar con el sufrimiento humano y restablecer el orden público”.

Las contrapartidas para Turquía son finalmente las ya anunciadas: por cada sirio (no otras nacionalidades) devuelto, otro sirio refugiado en Turquía será acogido por la UE, con un máximo de 72.000 personas; la UE costeará los gastos de devolución de los refugiados y otorgará una ayuda total para su asentamiento en campos de 6.000 millones de euros a Turquía; se prevé la exención de visados para viajar a la UE de ciudadanos turcos el 30 de junio y se acelerarán las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE.

Una vez que se haya superado la situación extraordinaria de llegada de refugiados desde Turquía a la UE, la Comisión europea propondrá a los estado miembros un esquema de reparto voluntario de los refugiados.

Sobre la legalidad del acuerdo

La campaña de movilización en defensa de los derechos de los refugiados de los días previos al Consejo Europeo ha obligado a la Comisión ha tomar en cuenta, al menos formalmente, las objeciones relativas a las “expulsiones colectiva” y la necesidad de tratamiento individualizado de las solicitudes de asilo. Así lo recogía la declaración unánime de la Comisión Mixta UE del Congreso de los Diputados, a partir de la que Rajoy ratificó en nombre del Reino de España el acuerdo.

Sin embargo, el acuerdo pasa por alto otro elemento esencial del derecho internacional de asilo y refugio: la consideración de Turquía como un “país seguro” para los refugiados expulsados.

El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los emigrantes, François Crépeau, puntualizaba precisamente en su informe de 17 de abril de 2013 que el acuerdo de readmisión entre Grecia y Turquía de 2002 -que es la base del actual acuerdo entre la UE y Turquía-, estaba enfocado casi exclusivamente en la lucha contra el tráfico ilegal de emigrantes y no recogía garantías específicas sobre los derechos humanos, en especial el principio de “non-refoulement”. Turquía solo aplica las Convenciones de Ginebra de manera selectiva y no a todos los refugiados. A lo que hay que añadir tanto la situación específica de los refugiados en la frontera sirio-turca, especialmente de las minorías kurdas, yazidis y cristianas y la propia campaña militar del ejercito turco contra las organizaciones kurdas, tanto en el sudeste de Turquía como en el norte de Siria, que han sido ampliamente documentadas.

Sobre la aplicación del acuerdo

La legalidad del acuerdo UE-Turquía dependerá en buena medida de que su aplicación respete el derecho internacional. Así lo ha advertido ACNUR, señalando que las condiciones para que se apliquen esas garantías individuales no existen actualmente sobre el terreno, ni en Grecia ni en Turquía.

Tras felicitarse por el acuerdo alcanzado y la posición común europea, el viceministro del interior griego Yiannis Balafas, declaró a Mega TV que Grecia espera la llegada de 2.000 funcionarios de emigración y traductores europeos para colaborar con la aplicación del acuerdo: “Los emigrantes en Lesbos y otras islas del este del Egeo serán llevados por ferry a los puertos de Pireo y Kavala, asentados en refugios y registrados en el programa de revocación de la UE. Los que lleguen a las islas a partir del domingo (20 de marzo) serán filtrados, inscritos y devueltos a Turquía”.

Según la Comisión europea, la aplicación del acuerdo exigirá un despliegue de 4.000 funcionarios comunitarios, entre ellos 600 especialistas en el procedimiento de asilo y 400 interpretes; 30 jueces griegos y otros 30 comunitarios para los comités de recurso; 275 policías griegos, 50 expertos comunitarios y 1.500 policías para las operaciones de retorno a Turquía, así como unos 1.000 militares. Sin contar con barcos, autobuses y alojamiento para 20.000 personas (de los que solo existen 6.000).  El responsable de todo este despliegue comunitario será Maarten Verwey, Director General del Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión europea. La pregunta que queda en el aire, después del detallado plan de implementación de la UE: ¿quién garantizará la asesoría legal y la defensa jurídica de los refugiados ante los Comités de Recurso de la UE? ¿las ONGs y ACNUR?.

G. Buster Miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

fuente: Sin Permiso

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