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Sociedad fracasada, revuelta necesaria

Si no lo remediamos, nos espera un futuro sombrío que retrotraerá Europa al sórdido ambiente del capitalismo del siglo XIX. A consecuencia de la globalización de la economía y de la concentración del capital –ya en 2006 el volumen de negocios de 500 multinacionales representaba el 43 % del PIB mundial (1))–, el bienestar de la población europea, por relativo que fuere en algunos sectores, ya no es necesario para la buena marcha de las empresas  en un escenario mundial. No supimos anticiparlo, pero si la lucha popular no lo impide, nuestro horizonte laboral, para quien lo tenga, se parecerá al de China o al de las maquiladoras mexicanas. En aras de la competitividad, el ideal de la patronal, como ya se atreven a sugerirlo algunos de sus voceros, sería convertir a la mayoría los asalariados en autónomos sin derecho alguno. El darwinismo social pretende instaurar un nuevo feudalismo.

Gobiernos contra ciudadanía

Las últimas cumbres europeas  han consagrado una vez más el modelo neoliberal que, progresivamente implantado durante las tres últimas décadas obviando cualquier debate democrático, utiliza la crisis iniciada en 2008 para afianzar una tiranía oligárquica sin posibilidades de vuelta atrás. Si la reunión de diciembre contemplaba la pronta inclusión del obligado equilibrio presupuestario en la Constitución de los países de la Unión Europea, lo que se ratificó en febrero, el Consejo de enero certificó que el déficit máximo no podrá superar el 0,5 % del PIB a partir de 2020.

Los recortes sociales y la brutal caída de las rentas salariales en toda Europa se amparan en estos dos principios que, presentados como si fueran axiomas científicos, pretenden impedir cualquier cuestionamiento futuro de la dictadura de los mercados. Los gobernantes de la UE nos venden la necesidad de una acelerada y desastrosa “consolidación fiscal” (léase “empobrecimiento generalizado”),  con el burdo pretexto de que la financiación estatal depende del comportamiento de los inversores, cuando el sometimiento de las finanzas públicas a la inversión privada no es una verdad revelada, como simulan los nuevos déspotas ilustrados,  sino una decisión política, y por tanto reversible, que la élite dirigente recogió en el Tratado de Maastricht de1992.

Bien es verdad que la reforma constitucional española (art. 135), pactada por PP y PSOE en agosto pasado, no tendría por qué hipotecar el futuro pese a santificar el equilibrio presupuestario. En bastantes casos las Constituciones incorporan buenas intenciones cuyo cumplimiento deja mucho que desear. Baste recordar que la vigente Carta Magna española recoge el derecho al trabajo (art. 35) y a una vivienda digna (art. 47), sin que la permanente vulneración de tales derechos concite debates jurídicos o parlamentarios. A buen seguro, sin embargo, los Gobiernos europeos se escudarán en la constitucionalización de la “austeridad fiscal” para justificar el régimen de servidumbre al que se quiere someter a las clases medias y populares.

La propaganda oficial y mediática no deja de bombardear las conciencias con el mensaje de que los recortes son el camino de la salvación. En el último ajuste de Grecia, cuyo salvajismo constituye un crimen social sin atenuantes, la Comisión Europea ha tenido el cinismo de presentar, entre otras barbaridades, la reducción del salario mínimo en un 22 % (2) como una medida indispensable ¡para reducir el déficit público! ¿Hasta cuándo toleraremos tantas mentiras?

Mientras, el nuevo Gobierno español presentaba el tímido repunte de la Bolsa y la relativa estabilidad de la prima de riesgo como la prueba de que sus medidas inspiran confianza. Después de haber reconocido en diciembre pasado que se alcanzarán los 6 millones de parados a finales de año, Rajoy impone, con el argumento de que favorecerá la contratación, una reforma laboral que deja indefensos a los trabajadores, abre la vía a una rebaja generalizada de los sueldos (3) y acerca el contrato a tiempo parcial a los miniempleos de Alemania.

La canciller alemana justifica la bondad de los tijeretazos por los buenos datos macroeconómicos de su país, entre ellos el menor desempleo de toda la eurozona. Olvida precisar que el PIB germano también retrocedió en el último trimestre de 2011–y todas las previsiones auguran que lo seguirá haciendo en 2012–, como tampoco advierte que el 6 % de paro oficial (3 millones) se consigue escamoteando varios millones de parados reales y subempleados con sueldos miserables. Alemania, en efecto, no contabiliza los parados de larga duración, ni los que reciben formación, ni los mayores de 58 años que han perdido su trabajo, y pasa por alto los 5 millones de personas que trabajan en los miniempleos (de 250 a 400 € mensuales) y suelen recibir ayudas sociales, lo que no contempla la reforma laboral española. El contrato de los minijobs, tan alabado en España por la carcundia nacional, fue instaurado en 2003 por la coalición rojiverde encabezada por G. Schröder, en un claro ejemplo del progresismo social de la izquierda “presentable”.

Apuntes de la degradación ética

En ocasiones, el salvajismo del poder ni siquiera intenta guardar las formas y el expolio no tiene límites.  Unos cuantos ejemplos, simples pinceladas del horror cotidiano, bastan para ilustrarlo.

A las más de 350.000 viviendas embargadas en España desde 2007 se suman ahora los desahucios extrajudiciales, modalidad por la que las entidades financieras se adjudican viviendas por un euro simbólico (4). Estas mismas entidades financieras que jubilan a sus directivos con decenas de millones de euros engañaron, por un valor de 12.000 millones de euros, a más de 700.000 pequeños ahorradores, haciéndoles creer que las participaciones y acciones preferentes (5) eran una variante de depósito a plazo fijo. Convertida en un protectorado supervisado por un gauleiter económico, Grecia, el espejo de nuestro futuro, ha debido firmar un documento por el que el país se compromete a pagar la deuda antes que cualquier otra obligación, como son las pensiones, las cuales ya rebajadas en 2010, deben recortarse otro 20 %, al igual que el salario mínimo y los sueldos del sector privado. Según pregonan Merkel y Sarkozy, al igual que sus acólitos, son las duras medidas que a vida o muerte necesita el enfermo.

Sólo un par de apuntes, se podrían citar muchos más, sobre la degradación ética del modelo europeo. Patricia Flores, viceconsejera de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid se preguntaba textualmente (6)) si “tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema”. A principios de febrero, sin que sus promotores se sonrojaran, el Deutsche Bank creó un fondo (DB Life Kompass 3) que permite apostar por el fallecimiento de ancianos (7)). Money, money, money

Prácticamente desterrado en las últimas décadas, reaparece el fantasma del hambre y la malnutrición en varios países, incluida España, y se multiplican los suicidios. Según Eurostat, 85 millones de europeos vivían bajo el umbral de la pobreza en 2007, pero ya eran 115 a finales de 2009. Con el posterior empeoramiento de la crisis, parece inevitable que más de una cuarta parte de la población europea (23 % en 2010) caiga a lo largo del año en curso en esta situación, que afecta ya a 11,5 millones de españoles.

Tamaña barbarie, tanta desesperación impuesta, es la negación de cualquier civilización, por muy tecnológica que se precie. Con los conocimientos acumulados y la tecnología disponible, nuestras sociedades pueden garantizar una vida digna para todos, pero se decantan por la desigualdad extrema. Vivimos en una civilización condenada. Ante ese reto, el análisis y la denuncia ya no bastan. Si queremos enfrentarnos al desastre inminente, ha llegado el momento de actuar siguiendo una estrategia de transformación radical de un sistema que no admite parches.

Consecuencias de una sociedad en ruinas

Si descarta el suicidio, la primera necesidad de quien lo ha perdido todo es la supervivencia, a cualquier precio. En ausencia de una red comunitaria susceptible de paliar la miseria y ofrecer perspectivas de futuro a los desheredados, las bandas del crimen organizado suelen prosperar porque ofrecen, en un ambiente proclive a la corrupción, un refugio que la sociedad ya no proporciona. Lo vimos, después del hundimiento de la URSS, en Rusia  donde, en la segunda mitad de los años noventa, uno 8.000 grupos mafiosos  controlaban el 40 % de las empresas privadas y se habían infiltrado en el 60 % de las empresas estatales (8). Hoy en día se aprecia el mismo fenómeno en la mayoría de Centroamérica y en México, donde algunos observadores estiman que el 40 % del PIB % procede de los diversos carteles (9). Según estudiosos  de la delincuencia organizada tan prestigiosos como Roberto Saviano y Loretta Napoleoni (10), las bandas internacionales ya están instaladas en España, y todo hace temer que el avance de la ruina económica disparará su poder de captación. ¿Aceptaremos con indiferencia ese futuro?

Versión actualizada del fascismo del siglo pasado, el autoritarismo de derechas avanza en toda Europa. Con representación parlamentaria en la mayoría de países europeos y con un apoyo electoral en torno al 15-20 % (29 % en Suiza), la ultraderecha era la segunda fuerza política de Noruega hasta las pasadas elecciones, y la tercera en Holanda y Hungría. Mientras tolera una milicia uniformada (la Guardia Húngara), por ahora desarmada, el gobierno de Budapest ha impuesto en diciembre de 2011 una reforma constitucional que, entre otros aspectos, cuestiona la libertad de prensa, y no deja de ser preocupante que la Comisión Europea haya defendido la independencia del Banco Central  húngaro mucho más que la libertad de los medios de comunicación. Aunque estas formaciones parecen aceptar por ahora el marco democrático conquistado después de duras luchas, aparecen inquietantes signos de involución en la orientación de los partidos conservadores en el poder. En Cataluña, sin ir más lejos, Duran i Lleida, de CiU, aboga directamente por la restricción de los derechos de huelga y manifestación, al igual que la patronal, y el gobierno del PP se dispone a considerarlo. Pese a la gravedad de la propuesta, los medios de comunicación apenas se han inmutado. ¿Sabremos impedir ese atropello, que se cometerá en nombre del ”interés general”?

Históricamente, el poder establecido o  bloques de intereses privados han usado la guerra como forma de afianzarse y extenderse en épocas de crisis. Es la forma más burda de lograr la unión nacional contra un enemigo común y de reactivar la economía, al final de la contienda, gracias la reconstrucción de las zonas devastadas. Casi siempre el desenlace resulta nefasto para uno de los bandos dirigentes, cuando no de los dos, puesto que la correlación de fuerzas resultante no suele ajustarse a las expectativas de los responsables directos del conflicto: un nuevo bloque hegemónico sustituye al anterior, tanto en el terreno político como en el económico. Pero no importa, la experiencia se ha repetido una y otra vez, como si los machos alfa fueran incapaces de aprender de los errores. Los gastos militares mundiales, que habían bajado un 33 % entre 1988 y 1995, han vuelto a dispararse desde principios de siglo y asistimos de hecho a una nueva carrera armamentística. Cada vez redoblan más los tambores de guerra alrededor de Irán. Un conflicto en estas tierras encendería todo Oriente Medio y, por el complejo sistema de alianzas en la zona, podría desembocar en la tercera guerra mundial. Como medio de enfrentarse a la crisis de Occidente y acotar los vientos de protestas que recorren su población, ¿quién sabe si algún think tank no estará planteándose ya esta salida? Sería una locura, pero la mediocridad y la visión cortoplacista de los dirigentes actuales no permiten descartarlo. Debemos evitarlo.

Proliferación del crimen organizado, fascismo de nuevo cuño y guerra son consecuencias plausibles del progresivo desmoronamiento de nuestras sociedades. Pueden ser el resultado inevitable de un mundo desnortado, un mundo enfermo donde impera la voracidad de una casta empeñada en generar fortunas a partir de productos financieros que se reproducen entre sí como un cáncer terminal. En 1997, las transacciones financieras representaban 15 veces la producción mundial; en 2011, la especulación multiplicaba por 75 el valor de los bienes producidos (11). Una economía tan enloquecida y absurda no puede ser sostenible ni creíble, por mucho que sus máximos portavoces políticos luzcan bien vestidos y pronuncien discursos pausados, plagados de tecnicismos cuya interpretación varía con el tiempo. Levantar una economía al servicio de todos los seres humanos es una cuestión de supervivencia, pero construir la alternativa exige una estrategia gradual, trazada entre todos los que rechazan el actual modelo socioeconómico.

El precariado, agente del cambio

La sangría impuesta al pueblo griego, el más severo de todos los ajustes aplicado en Europa, ha sido de momento un experimento concluido con éxito, ya que huelgas y manifestaciones no han frenado la continua imposición de nuevos sacrificios. Sea griega o de cualquier otro país europeo, la élite se cree impune e inmune a la protesta de la calle, porque ésta por desgracia, aunque creciendo, sigue siendo minoritaria. A los recortes de 2012 sucederán los de 2013, y así sucesivamente hasta la ruina final: obsesionado con el equilibrio de las cuentas en época de recesión, empeñado en hundir los salarios y pagando por propia voluntad un interés usurero por la deuda al no ser dueño de la política monetaria, el Estado sólo puede ser cada vez más anoréxico hasta quedar circunscrito finalmente a la administración de Justicia y la supervisión de los cuerpos de seguridad, en parte privatizados.

Esta constatación no debería desanimarnos, sino incitarnos a desarrollar la estrategia que consolide las bases políticas y culturales de la nueva mayoría social emergente. Dicha clase, el precariado, está formada por los ciudadanos obligados, en cualquier campo de actividad, a alternar contratos temporales, sin garantías e infrapagados,  con trabajos esporádicos en la economía sumergida y períodos de desempleo, cada vez menos subsidiados.  El precariado se vertebrará, como lo hizo el proletariado, en torno a un proyecto de sociedad que, a la luz de las movilizaciones que se vayan produciendo, persiga la superación efectiva del modelo socioeconómico dominante. Dos factores avalan esta hipótesis.

En primer lugar, la carrera hacia el precipicio del actual capitalismo  financiero, incapaz de afrontar las consecuencias de la fractura social y de resolver las contradicciones medioambientales de su gestión. Si puede intentar encararse desde el ministerio del Interior la ruptura del contrato social estipulado después de 1945, ruptura que empieza a afectar a los hijos de la clase media alta y a gente hasta ahora acomodada, no ocurre lo mismo con la crisis ecológica. Insensibles a los gases lacrimógenos, el aumento de emisiones tóxicas, el pico de petróleo, la falta de agua o el agotamiento de recursos minerales y tierras de cultivo exigen respuestas más imaginativas.

En segundo lugar, crece el abanico de los que desconfían o critican el modelo vigente. Además de los que sufren las consecuencias del descalabro económico, los adversarios de un sistema enloquecido incluyen a cada vez más académicos, científicos y juristas. Aunque sus diagnósticos sean certeros y los trabajos disponibles aporten ya en bastantes casos propuestas viables, no forman todavía un bloque articulado que pueda competir de tú a tú con la ideología dominante. Pero tiempo al tiempo, la cultura hegemónica empieza a resquebrajarse. Aceleremos su metamorfosis.

Combinar la agitación social y política

El análisis de la situación no bastará para sacarnos del atolladero. Frente a un adversario tan poderoso,  ese 1 % que controla directamente el dinero y una propaganda omnipresente, e indirectamente las armas y las leyes, hemos de ser capaces de vertebrar la resistencia, en un frente común que conduzca a levantar una nueva civilización humanista abierta a todos, evitando un voluntarismo susceptible de degenerar en soluciones totalitarias.

A pesar de los recelos que puede provocar la propuesta, es necesaria una mayor coordinación de los grupos, sindicatos y asambleas que conforman en sentido amplio el 15-M, con un doble objetivo: 1) defender un programa de mínimos en el que se reconozca la mayoría de la población; 2) promover acciones masivas desde el nivel local al ámbito estatal, para exigir reivindicaciones tanto concretas como políticas. Los dos Encuentros Estatales ya celebrados (Marinaleda y Castellón) van en esta dirección, aunque sus conclusiones hayan tenido un eco limitado. Tal como lo demostró la CNT en su momento, dotarse de estructuras permanentes, sujetas a un estatuto consensuado, no es contradictorio con la democracia directa si sus miembros tienen mandatos limitados y revocables en cualquier momento.

Por el alto valor simbólico que le otorga una simpatía generalizada, el 15-M desborda ampliamente la militancia de los grupos y asambleas ya consolidados. Por ello, valdría la pena contemplar la posibilidad de alianzas programáticas puntuales con algunas oenegés afines (Ecologistas en Acción. Intermon-Oxfam, etc.) y con partidos parlamentarios situados a la izquierda del PSOE. La estrecha colaboración con las oenegés, muchos de cuyos miembros participan en el movimiento a título individual, permitiría cohesionar entre sí los elementos fragmentados del mundo naciente, difundiendo las demandas esenciales del altermundialismo (o como se le quiera llamar), en el respeto de la autonomía de cada cual y con el compromiso de no adjudicarse una representatividad que es de todos.

A pesar de su inercia burocrática y de su tendencia a fagocitar, desvirtuándolo, cuanto les rodea, los partidos siguen teniendo la llave de las propuestas legislativas, así como una influencia social más extendida de lo que sugiere la desafección hacia las siglas. La posibilidad de que algunas organizaciones políticas fueran la caja de resonancia de algunas de nuestras demandas (fiscalidad, políticas sociales…), mediante proposiciones de ley y debates parlamentarios, contribuiría a debilitar la hegemonía ideológica y cultural del sistema que nos aplasta cada vez con más fuerza. Algunos puristas se escandalizarán de tal acercamiento, como si fuera poco menos que una traición, pero conviene recordar que la utopía es una larga marcha hacia una dirección, y no el ideal surgido de un toque de varita mágica. Bueno sería reconocer las contradicciones personales que a todos nos entorpecen, aunque sólo sea admitiendo por ejemplo que, nos guste o no, el trabajo remunerado de cualquiera de nosotros contribuye, salvo contadas excepciones, a mantener el sistema que condenamos en nuestro tiempo libre.

Subordinar las finanzas a las necesidades de la economía productiva, sentar las bases de la democracia económica y, durante el proceso, garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la población son objetivos ineludibles. Alcanzarlos resulta imposible sin una sucesión de cambios políticos y legislativos, que nacerán de la conjunción de todas las formas de lucha y expresión.

Las recetas para controlar la especulación han caído en saco roto a pesar de haberse repetido hasta el cansancio: impuesto a todas las transacciones financieras ­–y no la pantomima aprobada en Francia–, prohibición de diversas operaciones bursátiles –venta a corto y transacciones de alta frecuencia (12)–, penalización de los titulares de cuentas en paraísos fiscales, creación de una banca pública.

Concepto ambiguo y controvertido, la democracia económica sólo puede ser en cualquier caso la antítesis de la obscena desigualdad pregonada por la casta oligárquica y su corte de palafreneros. Falta mucho todavía para llegar a un consenso teórico y social sobre las normas y procedimientos que conviertan la economía en un pilar esencial de la democracia, los balbuceos de la cual tienen ya 25 siglos de antigüedad. Las primeras medidas, sin embargo, ya se han formulado. Al aumento del ridículo salario mínimo español ha de sumarse la instauración de un salario máximo (13). En virtud de la transparencia, cualquier empresa u organismo tiene la obligación de dar a conocer sus cuentas y las retribuciones individualizadas de sus empleados y colaboradores. Debe plantearse ya una reforma fiscal en profundidad que, como mínimo, equipare los rendimientos salariales y las rentas de capital, recupere la progresividad existente en Occidente hace 40 años y establezca cuantiosas sanciones económicas a los defraudadores. Urge eliminar las exenciones a las grandes empresas, la mayoría de las cuales tributan la mitad o menos de lo que la ley marca como impuesto de sociedades.

Los avances tecnológicos y la racionalización del consumo reducen el trabajo necesario para satisfacer las necesidades de la humanidad. Para que todos puedan trabajar, lo que también es un deber, resulta indispensable reducir progresivamente la jornada laboral. Debería impulsarse, más allá de los expertos, por supuesto necesarios, un amplio debate nacional e internacional de carácter interdisciplinario sobre el futuro del trabajo y la distribución de la riqueza que genera.

El avance continuo de la miseria no es ninguna fatalidad. En espera de que pueda implantarse a medio plazo la renta básica, todos los parados deben percibir unos ingresos mínimos que, junto a la ayuda alimentaria gestionada por los municipios, les aseguren la subsistencia. Resulta inaceptable que habiendo tres millones de viviendas vacías en España (14) se ejecuten 300 desahucios diarios y unas 300.000 personas no tengan un techo decente. Promovida por Afectados por la Hipoteca y varias organizaciones, la iniciativa legislativa popular a favor de la dación en pago, la moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social está a punto de abrir el periodo recogida de las 500.000 firmas necesarias. Será el primer paso hacia la consecución de un derecho tan fundamental como la sanidad y la educación.

Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. Estas palabras pronunciadas por Salvador Allende en la fatídica mañana del 11 de setiembre de 1973 serán para siempre una llamarada de esperanza en tiempos aciagos. Al igual de lo que sucedió con el régimen de Pinochet, la revuelta popular también acabará derrotando la dictadura de los amos del mundo.

Jean-Pierre Palacio

Attac-Catalunya

 

(1)     http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/449.htm

(2)     Hasta entonces, el salario mínimo era de 750 € mensuales, un derroche inadmisible como se puede ver.

(3)     The Economist, 18 de febrero de 2012.

(4)     http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/3672141/01/12/La-ejecucion-notarial-de-la-hipoteca-facilita-el-desahucio-a-los-bancos.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/14/catalunya/1326568851_136234.html

(5)     http://www.expansion.com/blogs/roig/2012/01/13/guia-practica-que-hacer-con-las-acciones.html

(6)     Publico, del 3 de febrero de 2012.

(7)     http://www.abc.es/20120207/economia/abci-deutsche-bank-apuestas-ancianos-201202071307.html. La mayoría de los demás diarios también dieron la noticia.

(8)     http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/03/98/russian_mafia/70095.stm

(9)     http://www.voltairenet.org/Crimen-organizado-produce-40-del

(10)Roberto Saviano, Gomorra. Debate, 2007.

Loretta Napoleoni, Economía canalla. Paidos, 2008.

(11)    Serge Halimi Le Monde diplomatique, edición francesa, febrero 2012.

(12)   Las ventas a corto son operaciones especulativas que apuestan por el descenso de las cotizaciones de valores tomados en préstamo. Las transacciones de alta frecuencia son operaciones automáticas basadas en programas algorítmicos y realizadas en microsegundos. Contribuyen a la volatilidad de los mercados y son uno de los mayores obstáculos a la tasa Tobin. Ver al respecto, El País Negocios del 14 de diciembre de 2011.

(13)   Herejía para la derecha, el concepto de tope salarial ha sido  sin embargo aplicado por el Gobierno de Rajoy a los máximos ejecutivos de las empresas públicas y de los bancos con ayudas estatales.

(14)   http://www.20minutos.es/noticia/1328667/0/viviendas-vacias/en-espana/mas-tres-millones/

 

 

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