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Cómo atajar la subida de la luz

Es necesario blindar como bien público la energía eléctrica y eso supone sacar del ‘mercado’ algo que no puede estar al albur de dinámicas de lucro privado.

MALAGÓN

La ministra para la Transición Ecológica ha admitido que el recibo de la luz subirá un 25% este año. Lo atribuye a fenómenos incontrolables sobre los que no puede actuar. El incremento de precios del gas natural o los de la cotización de los derechos de CO2 son cosas del mercado y, ante ello, no quedan demasiadas opciones. Como diría Rato, “es el mercado, amigo”.

La primera de las alternativas, según Teresa Ribera, requiere pedir a las compañías eléctricas que muestren empatía social. Asómbrense, pero no se ha quedado ahí y ha dado un paso más para estimular a Iberdrola, Endesa o Naturgy amonestándolas con que “la empatía social cotiza en Bolsa” y harían bien en cambiar de opinión. De los creadores de “la vivienda es un bien de mercado” no podía esperarse más que dar un paso adicional pidiendo, eso sí, por favor, a las grandes empresas eléctricas que se porten bien y poner cara de enfado ante su falta de empatía social.

Pero rechaza intervenir en el mercado.

Por eso, solo le queda la segunda opción. Cuando se dan muestras de impotencia ante lo que está ocurriendo, no os extrañe que, en la siguiente comparecencia, Teresa Ribera y el PSOE planteen las rogativas como nuevo instrumento para protegernos de los nuevos incrementos de precios del mercado mayorista de la electricidad. No sería novedoso en la política reciente porque ya Fátima Báñez se encomendó a la Virgen del Rocío para salir de la crisis. Ya los romanos ofrecían vino a los dioses hermanos Robigus y Robiga, en la llamada Rogalia, antes de recoger la cosecha y esperaban con  ello buenos resultados. El cristianismo sustituyó las divinidades latinas asociadas a la fertilidad por vírgenes, santos y patronos para mejorar el rendimiento del campo.

Pero romanos y luego cristianos no solo hacían rogativas. También sembraban.

A nadie se le escapa que, sin actuar de manera enérgica, los precios de la electricidad seguirán estando en manos de unas poquitas empresas que manejan el mercado para obtener el máximo beneficio posible.

Descarten que no haya otra alternativa que pedir buen rollo a las empresas o hacer procesiones. Además de echarle la culpa a los mercados, siempre viene bien usar a Bruselas como excusa para no actuar. Decir que es imposible hacer cambios por la normativa europea es una tomadura de pelo. Hay margen de actuación, aunque eso no debe hacernos olvidar que esa legislación ha sacralizado el mercado y de esos polvos, estos lodos. Está mal y hay que cambiarla, pero en ningún caso puede un gobierno escudarse en ello para no gobernar. La parálisis que muestra Teresa Ribera, indicando que no puede hacer prácticamente nada, es abono ideal para que la gente corriente no participe en las cosas de la polis. ¿Para qué? Luego nos extrañará que, sobre todo los barrios de renta baja, no tengan como prioridad ir a votar cuando hay elecciones.

La actual normativa comunitaria, y en concreto la Directiva 944/2019, bastaría para intervenir con urgencia en el mercado eléctrico.  Su artículo 5 deja claro que la intervención pública es compatible con el mercado interior en una situación excepcional como la que existe. Si con lo que está ocurriendo en el mercado mayorista de la electricidad, la ministra Ribera no ve oportuno acogerse al mismo, ¿qué situación piensa que tendría que darse para que fuese de aplicación?

El sistema de fijación de precios marginalista actual nos lo trajo la liberalización del mercado eléctrico en 1997 e implica que, para cada hora, la central eléctrica más cara que sea necesaria para satisfacer la demanda fija el precio que reciben todas las demás. Perdón por la autocita, pero como decía recientemente en un artículo en el diario Público, consiste en un sistema similar al de un centro comercial al que entras a hacer la compra y cuando llegas a la caja, te cobran todos los artículos adquiridos al precio más elevado de lo que lleves en el carrito. Preguntaba entonces si alguien en su sano juicio pagaría una factura en la que hay pan, leche, garbanzos y una botella de whisky de importación, todo ello al precio de este último. Pues con la electricidad lo hacemos. Dado que este mismo sistema se utiliza en el resto de la UE, Teresa Ribera dice que no hay nada que hacer.

Pero no es cierto. Hasta que se reforme o se elimine a nivel europeo esa fijación de precios marginalista, lo que habrá que hacer, en vez de rogativas, es “sacar productos del carrito del supermercado que nos cobra todos los productos a precio de whisky”. No podemos presumir de ser muy listos porque lo hacen más países en la UE. De hecho, el porcentaje de la electricidad producida que se negocia en este mercado es superior en España y eso explica que tengamos precios superiores al resto. No hablamos de “comprar menos” sino de “comprar menos en ese supermercado que nos está timando”. Por eso es imprescindible reformar con urgencia, vía Real Decreto, el mercado eléctrico y establecer un precio fijo para la energía nuclear y uno máximo para la energía hidroeléctrica. Eso es compatible con la normativa comunitaria. Ya habríamos sacado una parte muy importante de lo que nos cobran a un precio superior al que sería justo.

No es nada especialmente complicado establecer un mecanismo equivalente al ARENH (Acceso Regulado a la Energía Nuclear Histórica), actualmente vigente en Francia, que establezca un precio fijo para la energía nuclear que sería adquirida de forma proporcional a la potencia nominal y que iría disminuyendo, de acuerdo con el calendario de cierre de las centrales. De esta forma se protege a los consumidores, dado que, en el caso de que los precios futuros del mercado sean altos, las comercializadoras solicitarán comprar energía nuclear al precio de referencia marcado y podrán mantener tarifas bajas para sus clientes. Pero si los precios de mercado son bajos, la adquirirán directamente en el mercado trasladando estos precios a los consumidores finales.

En cuanto a la energía hidroeléctrica la actuación requeriría establecer un precio máximo. A diferencia de la nuclear –que tiene poca oscilación a la hora de la capacidad de generación–, tiene mucha mayor capacidad de actuar o no dependiendo de las variaciones de demanda. Almacenar o desembalsar agua, siempre que ésta exista es una opción posible e incluso lo es bombear agua en períodos de poca demanda como son las noches para volver a hacerlas pasar por las turbinas en el futuro. Por eso aquí se fijaría un precio máximo que permitiría optimizar el agua disponible pero que limitase los beneficios caídos del cielo que permite la existencia del mercado marginalista.  Tampoco es algo complejo en cuanto a su articulación. Basta con aplicar un “corta y pega” de lo establecido en los artículos 18 y 23 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica. Actualmente el mecanismo de subastas vigente para las centrales eólicas y fotovoltaicas ya establece un precio diferente al del mercado marginalista que cada día nos pega un susto. Y es totalmente compatible con la legislación europea. 

Pero claro, la clave para que esta reforma del mercado sea útil para la gente y no para las élites es qué precio fijo se pone a la energía nuclear y qué precio máximo a la hidroeléctrica. No se le escapará a nadie que si dejamos que sea el oligopolio quien los determina, nos clavarán. Lo han hecho una y otra vez y no debemos permitir que vuelvan a hacerlo. Por eso, es indispensable realizar una auditoría de costes de generación y, mientras tanto, utilizar una actualización del informe de 2008 de la extinta Comisión Nacional de la Energía, que estimaba en 3 euros el MWh el de la generación hidroeléctrica. Sí, hablo de esa energía que ahora percibe más de 130 euros al aprovecharse del sistema existente…

Estas iniciativas, que podría implementarse de manera inmediata, solo serían  medidas paliativas, aunque no menores, porque podrían rebajar el recibo de la luz en unos 3.200 millones de euros anuales. Poca broma con eso.

Pero no es la solución.

Desarrollaremos en un futuro artículo la alternativa que va más allá del parche. Pero ya adelanto que, para cambiar las cosas de verdad, para ir en serio con los retos más importantes que tiene la humanidad, no vale ni el buen rollo con las empresas, ni las rogativas, ni siquiera las medidas paliativas para abaratar el recibo que solo supondrían un buen primer paso.

Hay que blindar como bien público la energía eléctrica y eso supone sacar del “mercado” algo que no puede estar al albur de dinámicas de lucro privado. Solo actuando en esta dirección podrán ser creíbles las políticas climáticas de los gobiernos que hablan de descarbonización mientras dedican ingentes recursos a rescatar al sector de combustibles fósiles o a desplegar el Tratado sobre la Carta de la Energía, que está en las antípodas de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo o la Ley española de Cambio Climático y Transición Energética.

Todo lo demás, son cuentos.

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Carlos Sánchez Mato es responsable de elaboración programática de Izquierda Unida. Profesor de Economía aplicada Universidad Complutense de Madrid
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