EL Plan de Choque Social exige al gobierno que derogue las reformas laborales del 2010 y del 2012.

El mayor ataque a la clase trabajadora y la mayoría social de nuestro país en la última década han sido las reformas laborales.

El mayor ataque a la clase trabajadora y la mayoría social de nuestro país en la última década han sido las reformas laborales, que con la excusa de la crisis, aprobaron en los  años 2010 el PSOE y en 2012 el PP. Ambos partidos recortaron derechos ante la grave crisis económica fruto de la especulación financiera y las políticas neo liberales de búsqueda de enriquecimiento rápido. PSOE y el PP se situaron a favor de los empresarios y de las grandes fortunas y legislaron en contra de las y los trabajadores, recortando derechos adquiridos -aunque insuficientes- durante años de lucha. Ambos cedieron a la presión de la patronal y la banca y desoyeron las necesidades de la clase trabajadora y de las clases populares. Los efectos de las reformas son el descuelgue de los convenios dejando a los trabajadores desprotegidos frente al empresario,  el abaratamiento del despido y la desprotección de los trabajadores frente al mismo, modificación del salario sin previos aviso, un poder excesivo a las mutuas y sobre todo un ataque al movimiento obrero sin parangón.

El acuerdo del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos contiene la propuesta de la derogación de la reforma laboral, si bien, desde ambos partidos se tienen versiones distintas a la hora de la explicación del acuerdo, todo ello antes ante los efectos de la pandemia del Covid-19 que está suponiendo una crisis de profundo calado. Desde el Plan de Choque Social levantamos la voz y exigimos que esta crisis no la paguen los mismos de siempre, en este sentido entendemos que se dirige el acuerdo del PSOE, UP y Bildu, sobre la derogación de forma integra de la Reforma Laboral en este caso la del PP de 2012.

El Plan de Choque Social considera que estos son momentos de realización de acciones valientes desde el gobierno en pro de la justicia social, en este sentido vemos muy favorable el acuerdo alcanzado entre las fuerzas PSOE, UP y Bildu. Consideramos que en este marco de crisis tras la pandemia las cosas no pueden seguir ni igual ni parecidas, tienen que haber cambios profundos en beneficio de la mayoría social trabajadora, por ello exigimos también la derogación de la reforma laboral del 2012 acorde a la nueva situación en la defensa de los intereses de las y los trabajadores.

En este sentido, reivindicamos recuperar la regulación laboral previa a 2010 que, supone, por sí mismo, una mejora sustantiva de las relaciones laborales en favor del trabajador y trabajadora, bien, directa, en el sentido de ampliar su protección o bien, indirecta , al mejorar la posición de los sindicatos en la negociación colectiva. Esta recuperación supondría básicamente mejorar las cuantías de las indemnizaciones por despido, restringir las causas de despido objetivo, reducir las modalidades y duración de los contratos precarios, limitar la facultad de la patronal para aplicar unilateralmente modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o la inaplicabilidad de los convenios y equilibrar las posiciones en la negociación colectiva.

Los cambios más lesivos de la reforma laboral del 2010 fueron los siguientes:

  • Descuelgue del Convenio del sector mediante acuerdo con el trabajador o trabajadora
  • Despido objetivo por causas económicas: perdidas actuales o futuras
  • Despido objetivo por causas médicas justificadas: rebaja del porcentaje de absentismo en el centro de trabajo, pasa del 5% al 2,5%
  • Aumento causas despido objetivo por razones organizativas
  • Causas despido en las administraciones públicas para corregir déficit o privatizar servicios
  • Entrada ETT en las administraciones públicas

Por otro lado, hay determinados aspectos de la reforma laboral de 2012 que, en nuestra opinión, constituyen verdaderas líneas rojas que no son admisibles:

  • Los preceptos que modifican la regulación de las ETTs
  • La supresión de la ultra-actividad de los convenios
  • Las condiciones de no aplicabilidad o la prevalencia de los convenios de empresa
  • la flexibilización de la modificación de las condiciones de trabajo y de los expedientes de regulación del empleo
  • La modalidad de contratación para «emprendedores»
  • La extensión del contrato de formación
  • Las modificaciones de las causas objetivas de despido
  • Las indemnizaciones por despido procedente o improcedente o el despido por absentismo

Por todo esto, al constituir las dos reformas laborales un paquete complementario de medidas contrarias a los derechos de las trabajadoras y trabajadores y de la negociación colectiva exigimos su inmediata derogación.

Plan de Choque Social

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