La base energética y material que sostiene nuestro modo de vida

España importa casi un 75 % del petróleo, gas o carbón que consume, lo que la hace muy vulnerable a los vaivenes geopolíticos.

Como seres vivos, dependemos del medio ambiente para obtener la materia y la energía que necesitamos. Su procesado constituye una suerte de metabolismo social dependiente, a su vez, de la reproducción de las condiciones materiales que lo posibilitan, y que, por eso mismo, lo limitan. No es posible tomar más recursos que los que los propios ecosistemas producen o aquellos que la corteza terrestre alberga.

En tiempos donde se concibe el desacoplamiento o la desmaterialización de las actividades económicas y el consumo como el gran objetivo a conseguir en el ámbito ambiental, es importante poner los pies en la tierra. En el primer informe ecosocial sobre la Calidad de Vida en España, desde el área Ecosocial de FUHEM se ha recopilado información relevante sobre los requerimientos de materia y energía que sostienen nuestro modo de vida actual.

En primer lugar, cabe subrayar el papel de los minerales energéticos, recursos de carácter no renovable que tienen una doble naturaleza, como materia extraída de la corteza terrestre y como vector energético. El modo de vida en España se alimenta directa e indirectamente de grandes cantidades de combustibles fósiles que, aunque en relativo descenso, suponen más de la mitad del consumo energético final y entre el 40-50 % de las importaciones de materiales.

En el análisis del uso de minerales energéticos para garantizar nuestro actual modo de vida se detectan dos grandes tendencias.

Por una parte, nuestro país tiene una clara falta de recursos propios y, por tanto, es fuertemente dependiente del exterior. Casi un 75 % de estos recursos proceden de fuera de nuestro territorio. Una demanda muy ligada a la coyuntura económica y, por tanto, una dependencia estructural de esta. Esto conlleva un enorme gasto destinado a la importación de minerales energéticos (petróleo, gas o carbón), con una gran vulnerabilidad a los vaivenes geopolíticos y a la variación de los precios. De hecho, este gasto se ha incrementado recientemente, entre otras cosas, debido a las últimas apuestas estratégicas que se han realizado al calor de las políticas de Estados Unidos y sus aliados de la UE con respecto a la guerra en Ucrania, desplazando parcialmente el gas que procedía de Argelia por gas licuado estadounidense, mucho más caro y costoso de inyectar al sistema productivo y, paradójicamente, con un aumento también del gas procedente de Rusia, del que antes de este giro había menor dependencia.

Por otra parte, debido a las consecuencias económicas de esa dependencia, así como a la necesidad de afrontar la crisis climática, se está impulsando una transición energética, que prevé el paso del actual consumo masivo de combustibles fósiles a una electrificación a partir de energías de origen renovable. Esta electrificación de la economía y los hogares a partir de las energías renovables se está topando con varias paradojas y problemas. Entre ellos, la cuestión de que la generación hidráulica, más consolidada históricamente en nuestro país, está sufriendo los vaivenes derivados de la mayor escasez absoluta de agua producida por el cambio climático (fenómenos de sequía meteorológica y mayor duración y cadencia de estos) y la endémica sobreexplotación del agua superficial y subterránea que sufrimos, con cerca de un 80% de usos consultivos en el sector agrario. Además, al promocionar un modelo renovable que sigue basado en una política de gestión de la oferta (no se cuestiona el nivel de consumo de energía sino sólo la naturaleza rica en emisiones de este), se está impulsando indirectamente el consumo de energías no renovables para su despliegue. Un despliegue de energías renovables que, debido a su canalización a través del mercado, sigue una lógica de generación de beneficios empresariales y no una tendencia de aprovechamiento de los recursos propios. Así, por ejemplo, está siendo realizado fundamentalmente a través de energía eólica en un país que posee 6 de las 10 regiones con mayor potencial solar de toda Europa, o está vaciando o no embalses según el criterio del mayor beneficio para la producción hidroeléctrica, y no de interés social.

En cuanto a las rocas y minerales no energéticos, nuestro sistema productivo, muy estacionalizado por la fuerte dependencia del turismo de sol y playa y su asociación con la construcción y las infraestructuras viene estando marcado por la extracción masiva de productos de cantera (arenas, gravas, etc.) y por la producción de cemento. El estallido de la burbuja inmobiliaria a partir de 2007-2008 y las dos grandes etapas de crisis sucesivas provocaron un desplome relativo de la demanda de este tipo de materiales que sólo se mantuvo en ciertos niveles debido al aire insuflado al sector por la construcción de infraestructuras públicas que tradicionalmente se viene impulsando cuando “el ladrillo” muestra signos de agotamiento o se desploma, como sucedió a partir de 2008.

Por otro lado, la minería metálica y la extracción de otros minerales no energéticos, que venía mostrando síntomas de desaparición desde hace tiempo, con cierre de minas y altos niveles de importación de estas sustancias o sus manufacturas, muestra signos del inicio de un nuevo un ciclo expansivo. El fenómeno de digitalización de la economía y la propia transición energética hacia electrificación de origen renovable han vuelto a poner sobre la mesa la narrativa extractivista en la política minera de nuestro país, que se manifiesta claramente en el debate que se está llevando a cabo alrededor de la propuesta para una nueva ley de minas. En primer lugar, este nuevo ciclo extractivista viene impulsado por el interés que ahora tienen grandes multinacionales mineras por la reapertura de viejas minas y la nueva perspectiva de beneficios con la cual trabajan, lo que ha llevado ya a la reactivación de muchas minas andaluzas, hasta hace poco abandonadas. Además, también está el impulso que la UE está dando a la exploración y extracción de ciertas sustancias estratégicas, tanto en el interior como fuera de sus fronteras (caso de la reciente reunión con los países de la CELAC), sobre todo, de la minería del litio, fundamental en las baterías para mayor duración y funcionamiento autónomo de tecnología electrificada, así como de las explotaciones de tierras raras, sustancias fundamentales para los procesos de transición energética y digitalización en diversos ámbitos, como puede ser el de la telefonía móvil.

Asimismo, este desarrollo de los nuevos extractivismos se está dando mayoritariamente en zonas de la denominada España vaciada, en el interior del país, lo cual está ya provocando fenómenos diversos de polarización social. Por un lado, polarización que se da entre aquellos que defienden los supuestos beneficios laborales y económicos que podría generar en zonas deprimidas y tradicionalmente abandonadas, aunque se critique su temporalidad y limitación, y aquellos otros que resaltan los potenciales impactos ambientales y en la salud que este tipo de explotaciones suelen tener. Pero polarización también en el territorio entre áreas consumidoras de esos recursos, que disfrutan los beneficios de este modelo, frente a las zonas de extracción de los mismos que, además de algunos beneficios, también soportan los perjuicios. 

Este nuevo extractivismo se plantea, además, sin una política marcada de altos niveles de reciclado de este tipo de materiales una vez ya extraídos y en circulación, por lo que seguimos lejos de cerrar los ciclos extractivos de aquellos recursos que pueden ser reciclados, alcanzando niveles de alrededor del 10%, lo que sugiere un amplio margen de mejora al respecto.

Se trata, por tanto, de un modo de vida cada vez más centrado en una economía de servicios pero que, lejos de la pretendida inmaterialidad o desacoplamiento de estas formas económicas, tiene una fuerte dependencia de recursos naturales, muchos de ellos procedentes de terceros países o de áreas periféricas dentro del territorio español.
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Pedro L. Lomas es doctor en Ecología, miembro del área Ecosocial de FUHEM y uno de los autores del Informe sobre Calidad de Vida en España.
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