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Septiembre ¿Qué pasará con las pensiones públicas?

Edmundo Fayanas Escuer
«El Tribunal de Cuentas en su reciente informe sobre las pensiones públicas nos dice que la Seguridad Social ha pagado gastos que no le corresponden y que deberían ser asumidos por el Estado. La Seguridad Social debe pagar aquellas pensiones que se derivan del pago de las cotizaciones».

Para tener una opinión es necesario estar bien informado y no como hasta ahora, donde todo lo que publica la prensa escrita siempre responde a economistas neoliberales defensores de lo privado. Voy a utilizar los datos aportados por el Tribunal de Cuentas y la Airef.

El Tribunal de Cuentas en su “Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018” dice lo siguiente: “La demora en la asunción por el Estado de la totalidad de sus compromisos ha causado un serio perjuicio al sistema de la Seguridad Social, puesto que ha tenido que soportar con cargo a sus recursos, fundamentalmente cotizaciones sociales, la parte del coste no asumido por el Estado, siendo esta una de las causas fundamentales de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afectan actualmente a la Seguridad Social”.

El Tribunal de Cuentas en su reciente informe sobre las pensiones públicas nos dice que la Seguridad Social ha pagado gastos que no le corresponden y que deberían ser asumidos por el Estado. La Seguridad Social debe pagar aquellas pensiones que se derivan del pago de las cotizaciones.

Sin embargo, ha asumido el pago de pensiones no contributivas que corresponden a compromisos sociales del Estado pero no de la Seguridad Social. El Tribunal de Cuentas calcula que entre los años 1989 y 2013, la factura que el Estado debe a la Seguridad Social es de 103.690 millones de euros. El Tribunal de Cuentas se olvida de los intereses que generarían este debito a la Seguridad Social.

Esta cantidad se obtiene de dos apartados, por un lado, el gasto sanitario, pues debemos saber, que en el período comprendido entre los años 1989 a 1998, la Seguridad Social aportó 31.828 millones de euros al gasto sanitario, que no le correspondía.

El segundo apartado que estudia el Tribunal de Cuentas son los complementos a las pensiones mínimas, que corresponden pagar al Estado y que han sido asumidas por la Seguridad Social, con un coste de unos 7.000 millones de euros anuales y en este apartado el Tribunal de Cuentas calcula el debito del Estado a la Seguridad Social de 70.000 millones de euros.

Entre los años 2013 y 2019 la Seguridad Social ha seguido asumiendo gastos que son del Estado, todavía no contabilizados por el Tribunal de Cuentas, así como otros que corresponden a políticas activas de empleo desarrolladas por el Estado a costa de los ingresos de la Seguridad Social.

El Estado ha dado en este tiempo la cantidad de 50.273 millones de euros en préstamos pero lo debería haber hecho en transferencias.

A partir del año 2013. Las fuentes de financiación de las prestaciones que atiende la Seguridad Social están separadas. Sin embargo, la situación no ha cambiado y la Seguridad sigue pagando gastos que son del Estado por una cantidad anual aproximada de 20.000 millones de euros anuales, es decir, en estos seis años se ha aumentado el débito en unos 120.000 millones a los ya anunciados por el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, en los años 2017, 2018 y 2019, el Estado ha aportado a la Seguridad Social préstamos de unos 12.000 millones de euros como consecuencia del agujero que se generan en sus cuentas. Es decir, que el agujero que debe el Estado a la seguridad Social en los últimos seis años sería de unos 88.000 millones. Si sumamos los dos periodos:

1989 – 2013 lo que debe el Estado sería de 53.417 millones de euros.
2013 – 2019 lo que debe el Estado sería de 88.000 millones de euros

En total, el débito del Estado a la Seguridad Social serían 141.417 millones de euros Esta cifra se debería ingresar en el Fondo de Reserva de las Pensiones.

Entre los gastos impropios que ha asumido la Seguridad Social han sido los complementos a pensiones mínimas no contributivas y la financiación del sistema sanitario. Además de esto, hay otros como son las cotizaciones que se dejan de ingresar por las medidas de estimulo del empleo durante la crisis del año 2011, tales como las tarifas planas para autónomos, los descuentos en las cuotas de nuevos contratados que suponen unos 4.000 millones de euros anuales, o las políticas de ayuda a la natalidad y las prestaciones de paternidad o maternidad que suponen otros 1.000 millones de euros anuales.

Todos los ministerios del Gobierno lo pagan los presupuestos del Estado, menos uno ¿A qué adivinan cual es? El de la Seguridad Social, que se paga con las contribuciones a la jubilación y supone unos 3.500 millones de euros anuales.

Los estudios presentados por la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Organismo exigido por la UE) nos dice que si quitáramos de las cuentas de la Seguridad Social los gastos impropios que se pagan, la Seguridad Social tendría superávit.

La propia AIREF plantea dejar de subvencionar los fondos de pensiones privados, por su falta de justicia y de viabilidad. Debemos saber, que suponen unos 1.800 millones de euros anuales y que vendría muy bien para disminuir nuestro déficit público.

Nada de esto lo oirán en boca de los economistas neoliberales que siempre demonizan el sistema público de pensiones y como alternativa nos presentan las llamadas cuentas nocionales o la privatización del sistema público de pensiones. Nunca les oirán hablar de la rentabilidad que su deseado fondo de pensiones privado, pues lleva años que dan resultados negativos, es decir se pierde dinero todos los años.

Escribí el dos de diciembre de 2019 un artículo en Nuevatribuna tituladoLas pensiones según Vox, en el cual se explica cual es el modelo neoliberal de pensiones, que no es otro que el modelo chileno, que ha llevado a la pobreza más absoluta a millones de jubilados chilenos y que sucedería lo mismo aquí en España.

Sería bueno que el Pacto de Toledo, en sus acuerdos de septiembre, cree “una comisión independiente de investigación sobre el Fondo de Reserva de las Pensiones”, donde se gastaron 68.000 millones de euros que había, más otros 14.000 obtenidos a través de intereses, estamos hablando de 82.000 millones que eran de los jubilados.

Estos fueron gastados de forma opaca y fue denunciada por toda la prensa internacional, mientras que la nacional callaba de forma vergonzosa. Esperemos que sea el propio Partido Popular tan interesado en crear comisiones de investigación proponga una que explique que pasó con esos 82.000 millones de las pensiones.

La Seguridad Social debe aumentar sus ingresos como por ejemplo destopando el límite actual de 2.682 euros mensuales, pues a partir de esa cifra, se gane 5.000, 10.000 euros mensuales se pagan solamente por esos 2.682 ¿Dónde está la progresividad fiscal? Esa sola medida aportaría anualmente unos 8.000 millones de euros.

El mantenimiento adquisitivo de las pensiones con el IPC es básico y que la deuda que el estado tiene con la Seguridad Social pase a formar parte de la Reserva del Fondo de Pensiones, pero con un control total de él y no depender del partido de turno.

Hoy más que nunca, no permitamos que nos den un nuevo hachazo a las jubilaciones, sino que esta nueva reforma consolide para siempre el sistema público de pensiones para nosotros, nuestros hijos y nietos. Si luchamos unidos y en la calle lo conseguiremos.

Edmundo Fayanas Escuer

 

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